El Cercle d'Economia ha publicado una nota de opinión con propuestas para mejorar el autogobierno de Cataluña que no ha dejado a nadie indiferente. El documento ha coincidido con la filtración de un comentario de Manuel Valls en una cena con empresarios en el que retrae a la burguesía catalana no haber hecho nada para reconducir el proceso independentista. La polémica esta servida.

De entrada hay que valorar positivamente cualquier reflexión que trate de recobrar la convivencia en Cataluña. El problema es que el Cercle equipara las culpas. Al Gobierno le acusa de no hacer política y judicializar el conflicto. A los secesionistas de saltarse las leyes, incluidas las elaboradas por el propio Parlament. No hace falta tener demasiada cultura democrática para entender que no comulgar con unas determinadas políticas, emanadas de gobiernos votados democráticamente, no faculta para intentar vías de hecho. Y no sólo eso, el texto sólo se preocupa de tratar de contentar a los secesionistas, a pesar de reconocer que existe un conflicto interno en Cataluña.

El documento parte de una premisa falsa. La tesis de que la conversión al independentismo del denominado nacionalismo moderado nace de la sentencia sobre el Estatut. Falacia que no tiene en cuenta ni los hechos anteriores, como el famoso Programa 2000, ni posteriores, como el acuerdo entre CiU y PP para investir a Mas. La conversión precipitada del nacionalismo convergente en independentismo, siempre latente, se debe al miedo a perder el poder por causa de la crisis económica y los recortes.

Subyace en el documento nostalgia por el pujolismo, por el oasis, y se pretende volver a él... No va a ser posible. En Cataluña se han producido cambios fundamentales, reflejados todavía incipientemente en las últimas elecciones. El primero, que el nacionalismo se ha quitado la careta antes de tiempo y ha fracasado en su intento de golpe. Ya nadie puede ignorar cuáles son sus intenciones. Por tanto, cualquier negociación ha de partir de la base de hacerlo con desleales que, en cuando tengan ocasión, volverán a las andadas, como Puigdemont o Torra se encargan de recordarnos cada día. El segundo, que los catalanes no secesionistas han despertado y no están dispuestos a aceptar silenciosamente volver a ser víctimas propiciatorias, moneda de cambio para el acuerdo entre las élites centrales y las periféricas.

El independentismo es perfectamente legítimo en nuestro ordenamiento jurídico. Pero siempre que respete el Estado de derecho, la Constitución y las leyes. Los independentistas no es sólo que se hayan saltado las leyes con su intento de golpe. Es que no respetan las reglas más elementales de la democracia en su gobierno ordinario, incumpliendo sentencias, adoctrinando en la escuela y los medios públicos, sin la más mínima neutralidad institucional en ninguna de las administraciones que controlan. Todos los gobiernos, por ejemplo, controlan los medios de comunicación públicos. La diferencia es que en Cataluña no sólo se controlan los programas políticos sino que toda la programación esta contaminada al estilo de los regímenes totalitarios.

Se pretende conseguir una mayoría social a base de  presión, acoso e intimidación para favorecer el desistimiento de los disidentes o su emigración. Y, mientras avanzan en sus pretensiones hegemónicas gracias al poder que les da el gobierno autonómico, tratan de aprovechar los momentos que creen más propicios para imponer la independencia por la vía de hecho. Han fracasado pero ¿hay que darles los instrumentos para que la próxima vez triunfen?

Los autores del documento deberían saber que las reivindicaciones transversales de los no independentistas --neutralidad institucional, castellano también como lengua vehicular, no adoctrinamiento escolar-- no se pueden orillar, como lo hace el Cercle al referirse al blindaje de lengua y enseñanza, confiando en que "no habrá lesión de derechos individuales, porque en un sistema político con un elevado pluralismo como el catalán este riesgo no ha de producirse".

No es que haya riesgos de futuro, es que llevamos muchos años de continua discriminación y adoctrinamiento. No se cumplen las sentencias. Se acosa al disidente. Se trata el castellano como lengua extranjera y se penaliza a quienes lo tienen como lengua materna. Se tergiversa burdamente la historia. Por ejemplo ya empezamos a oír que la guerra civil española fue, como la versión nacionalista de la de 1714, una guerra de España contra Cataluña. En cuanto no queden supervivientes de la contienda, la versión secesionista de la guerra civil española, en la que muchos catalanes, bastantes familiares de los ahora secesionistas, estuvieron del lado de Franco, será la que recogerán los libros de texto de las escuelas catalanas.

En definitiva, el documento del Cercle, del que soy socio pero no conocía hasta su publicación, aboga por una solución muy querida por las élites catalanas y madrileñas. Cuasi independencia de facto con abandono a su suerte de los catalanes no nacionalistas, a cambio de estabilidad y negocios en común. Aznar y Pujol ya pactaron con esta filosofía en el pasado. Deseemos que el nuevo presidente del Gobierno español no repita en el error.

Tomen nota para su próxima homilía. Los catalanes calificados de colonos por los supremacistas, los descendientes de colonos, los catalanes con ocho apellidos catalanes que creen en la libertad individual y la igualdad, que no comulgan con un nacionalismo que fomenta el odio y la división, han roto su pasividad y su silencio y reclaman ser reconocidos, respetados y tenidos en cuenta al diseñar el futuro de Cataluña.