Sin duda habrá un antes y un después de esta maldita primavera de 2020 en la que nos ha robado el mes de abril (mezclar Yuri con Sabina solo puede deberse a estar encerrado tanto tiempo). Aunque queremos cambiar el mundo desde los balcones es más que probable que algunas cosas se revisen, pero muchas otras seguirán igual y nos olvidaremos de las carencias que ahora denunciamos. Entre lo que deberíamos revisar a fondo es el modelo de estado federal acomplejado en el que vivimos que tiene lo peor de ambos mundos: hipertrofia administrativa e ineficiencia.

No hay que ser un genio en derecho administrativo y ciencia política para ver que tenemos demasiadas capas administrativas entre los ayuntamientos y el gobierno de la nación y algunas han fallado estrepitosamente en esta crisis, al menos en su coordinación. Es muy probable que quien mejor lo esté haciendo sea, en general, los ayuntamientos porque sienten las necesidades de sus ciudadanos y ahora éstos les permiten tonterías las justas. Y eso aplica para poblaciones pequeñas, pero también para grandes ciudades, véase si no el liderazgo bien entendido que está asumiendo el alcalde de Madrid, alguien de quien es difícil encontrar una crítica aún en los medios menos afines.  Pero el papel, por no decir papelón, de muchas comunidades autónomas es impresentable.

Si el Gobierno de la nación no hubiese querido tener un excesivo protagonismo desde el primer día nos hubiésemos dado cuenta que la tragedia de las residencias de mayores, los recortes en la sanidad y la falta de medios y previsión tienen no uno sino 17 responsables, las comunidades autónomas pues hace años que tienen competencias transferidas plenas sobre estos asuntos. Pero no es que las Comunidades Autónomas sean los primeros responsables de la situación de partida es que la gestión de la crisis también está siendo, en bastantes casos, lamentable.

El estado de alarma deja clarísimo que se centralizan las competencias de las comunidades autónomas en los ministerios de Sanidad, Transporte, Interior y Defensa, aplicándose también lo previsto en la ley de seguridad nacional. Pues algunos no saben o no quieren saber leer y siguen en su mundo de matrix jugando a ser importantes. Pueden opinar, faltaría más, pero carecen de poder legal para dictar normas relativas al confinamiento o al desconfinamiento, sean para adultos, para menores, para perros o para colibríes, si es que queda alguno en España. Si tanto nos duelen las dietas de Diputados y Senadores no sé por qué no hay una iniciativa de change.org pidiendo el cese de pago de cualquier retribución a todos los miembros y miembras de los parlamentos autonómicos y, por supuesto, a sus cohortes de asesores y asesoras.

Si en lo normativo está claro y solo la claca mediática subvencionada hace como si lo que dicen los prebostes autonómicos tuviese alguna validez, en el conteo de casos y defunciones llegamos al paroxismo de la estupidez. Unas comunidades autónomas se creen más listas que otras e interpretan las normas para “mejorarlas”, otras lo hacen simplemente por fastidiar al oponente político y otras emponzoñados por una profunda deslealtad que les hace priorizar la guerra sucia en un momento tan crítico como el actual. Pero sea por el motivo que sea, a pesar de los esfuerzos de buscar coherencia en un mar de datos inconexos, la imagen que da España en el exterior es patética, y no olvidemos que parte de nuestra solución vendrá por el exterior porque nos conviene abrir fronteras más pronto que tarde si es que no queremos que el primer pagador de nóminas del país sea el Estado. Además, si no tenemos datos mínimamente fiables es imposible tomar decisiones sensatas y solo nos quedará la receta de la edad media, ante la duda, en casa.

Esta pandemia es mundial y necesitamos tener escala para hacernos oír. Es ridículo que una autonomía que no llega al medio millón de habitantes compre material sanitario en China. Es absurdo que tengamos 17 aplicaciones para desconfinarnos. Pensemos a nivel nacional o incluso europeo, dejemos de ser catetos.

Cuando llegue la normalidad, que llegará, habrá que pagar todo este desaguisado y, además, reforzar nuestro sistema nacional de salud que tendrá que desdoblarse para poder seguir atendiendo todas las patologías que se atendían hasta el 14 de marzo y, además, los casos que siga habiendo de Covid-19 pues al menos hasta que haya vacuna no nos libraremos de esta pesadilla.

Los hospitales de campaña que se han desplegado seguirán siendo necesarios, tal vez se replieguen a los hoteles medicalizados, pero tendrán que permanecer abiertos puede que dos años. Y harán falta más sanitarios. Y más material de protección. Y más test. Y, sobre todo, el incremento de subsidios, ayudas y rentas básicas unido a los menores ingresos machacarán las cuentas públicas, lo que obligará a introducir recortes por todos lados.

Habrá que buscar fuentes de eficiencia, y una de esas fuentes estructurales debería ser, sin duda, aligerar las capas de la administración. Aunque se podría fusionar algún ayuntamiento el ahorro real está en todas las capas intermedias. Consejos comarcales, mancomunidades, diputaciones, cabildos, entes públicos, parlamentos, gobiernos, asesores y demás vicarías que pueblan nuestro ineficiente estado pseudofederal. Hay que meter el serrucho más que la tijera y plantearnos qué pintan tantos defensores del pueblo, televisiones autonómicas, delegaciones comerciales cuando no embajadas, subvenciones a entidades de todo tipo y condición por no hablar de los encargos de estudios de dudosa necesidad. No será hora de las florituras sino de ser muy práctico y eficiente, buscando economías de escala y eficiencias. Y si algo ha demostrado nuestro actual modelo de estado es que es todo menos eficiente que por saber no sabe ni contar bien nuestros muertos.