Investidura, hipotéticas terceras elecciones, independentismo... Realmente, la ciudadanía tiene asuntos sobre los que debatir y preocuparse. Existen, sin embargo, otros temas de igual o más relevancia que pasan casi desapercibidos para los ojos de muchos de nosotros. Y no hablamos de cuestiones extrañas e insólitas, no, nos referimos a temas como la educación superior universitaria.

Pronto comenzará un nuevo curso universitario y conviene no olvidarnos de aquellos miles de estudiantes que hacen esfuerzos sobrenaturales para poder costear sus estudios. En Cataluña, la educación superior universitaria se caracteriza por ser una de las más caras de toda España.

El pasado mes de julio, el gobierno de la Generalitat hacía gala, mediante una nota de prensa, del mantenimiento de la congelación de las tasas universitarias por cuatro años consecutivos. El titular afirmaba: "El Gobierno congela los precios públicos universitarios por cuarto curso consecutivo con el objetivo de facilitar el acceso a los estudios". En el cuerpo de la nota se presentaba cuál es el precio actual a pagar por crédito según el coeficiente de los estudios y el sistema de tarificación social por el que se rige dicho pago. Sin embargo, nada se comentaba acerca de la abusiva subida de precios que hubo hace cuatro años. De hecho, no debería extrañarnos que los precios sigan congelados, pues desde el 2006 hasta ahora han aumentado un 102,99%, pasando el crédito de 9,69 euros a 19,67 euros, en el grado de experimentalidad mínima, y de 14,08 euros a 28,58 euros en el grado de experimentalidad máxima.

En CCAA como Cataluña o Madrid, la descentralización de competencias en materia de educación superior universitaria no ha traído consigo una mejora de la eficiencia en cuanto a la prestación de este servicio o en relación a su acceso

En otras CCAA como Andalucía, también se han congelado los precios públicos universitarios, teniendo que pagar el estudiante, en este caso, 12,62 euros por crédito en cualquiera de los grados de experimentalidad. La diferencia respecto a Cataluña es bastante notoria.

Asimismo, a ello cabe añadir que, según el 'National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2015/16', en España, el 72% de los estudiantes paga tasas universitarias y tan sólo el 28% tiene acceso a becas, frente a otros países como Austria, Suecia o Dinamarca, donde ningún estudiante paga tasas. El propio Estado sufraga los costes de su educación y, además, en el caso de los dos últimos, el 71% y el 88% de los estudiantes, respectivamente, reciben becas de manutención y alojamiento.

En CCAA como Cataluña o Madrid, la descentralización de competencias en materia de educación superior universitaria no ha traído consigo una mejora de la eficiencia en cuanto a la prestación de este servicio o en relación a su acceso. Todo lo contrario. Se ha instaurado la desigualdad y una serie de barreras económicas que impiden el acceso universal, además de una discriminación de los estudiantes, pues sólo aquellos de rentas más altas podrán gozar de más educación. Igualmente, conviene mencionar otros factores también generadores de discriminación, como pueden ser los requisitos adicionales que las universidades exigen a los estudiantes para la obtención de los títulos, como por ejemplo, un determinado nivel de inglés, cuyo precio no costea la administración pública.

De este modo, entretanto el gobierno nacional y el autonómico respiren alejados de la realidad que les envuelve y prefieran centrar su atención en cuestiones como el independentismo o la no investidura, los jóvenes siguen desatendidos, siendo uno de los colectivos más vulnerables y que más está sufriendo las consecuencias de la situación de ninguneo actual. No conviene, pues, alejarse de la realidad.