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Necesitamos reducir la morosidad empresarial

Antonio Gallego
29.10.2019
4 min

Toda empresa, por pequeña que sea, tiene la obligación de controlar cómo vende y cómo compra. Eso implica que, entre otras cuestiones, debe vigilar el plazo medio de pago y el plazo medio de cobro. Es obvio que siempre será financieramente mejor cobrar pronto y poder pagar con mayor comodidad de tiempo (si los costes son razonables). Cuando se da el escenario opuesto, aquel por el cual las empresas necesitan muchos meses para cobrar, éstas pueden colapsar su tesorería e incurrir en costes financieros y de oportunidad que les hagan perder competitividad, amenazando en algunas ocasiones su propia supervivencia. En el caso de pequeñas empresas o autónomos, este fondo de maniobra negativo es mucho más habitual y dramático de lo que pudiera parecer.

El Gobierno de Mariano Rajoy --que con su plan de pago a proveedores abordó esta situación con convicción-- levantó el pie sobre el cuello de muchas pequeñas empresas que veían como las administraciones públicas se demoraban in eternum en su plazo de pago. Aquel fondo extraordinario salvó de la quiebra a muchas pymes y ayudó por tanto al mantenimiento de actividad económica y empleo. De hecho, los plazos medios de pago de las administraciones públicas bajaron espectacularmente. También se modificó en aquellos años la Ley de Morosidad, estableciendo como periodo máximo legal de pago a proveedores un máximo de 60 días, limitación que no ha servido para resolver el problema en el sector privado.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que lidera con tesón y brillantez Antoni Cañete, no deja de recordarnos --con razón-- que hay mucho a corregir en este campo. La situación de los proveedores está empeorando y tienden a reproducirse escenarios conocidos en 2007, cuyo resultado fue el cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo. En España, hoy el plazo medio de pago es de 81 días, y concretamente, las grandes empresas del IBEX pagan de media a 169 días, triplicando el límite que marca la ley antes citada. Se saltan la Ley de Morosidad porque no existe un régimen sancionador que penalice esta práctica tan nociva para las pequeñas empresas del país.

Debe ser una prioridad de política económica nacional abordar esta situación. Las grandes compañías no pueden financiarse a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos, aprovechando su posición de dominio en las relaciones comerciales. Sugiero que adecúen sus periodos de pago a la ley de morosidad y que esta medida también forme parte de sus memorias de Responsabilidad Social Corporativa.

Para acabar, no me parece mala idea la creación de un Observatorio Nacional de la Morosidad que ayudara a objetivar cifras, objetivos y medidas entre los diferentes perfiles y sectores industriales de nuestra economía. Con los nubarrones que empezamos a ver de nuevo en el mundo económico, hay que ser especialmente sensible con nuestras pequeñas empresas, creadoras de dos de cada tres empleos en España. Otro día hablaremos sobre los elevados costes que soportan las pymes en materia fiscal, laboral, energético y burocrático.

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¿Quién es... Antonio Gallego?
Antonio Gallego

Economista y consultor de empresas. Después de algunos años dedicados al servicio público en el Congreso de los Diputados, Parlament de Catalunya, Diputación de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat y Ayuntamiento del Prat, ya estoy de vuelta en el sector privado. La ya clásica frase "es la economía, estúpido" sigue siendo plenamente vigente. Por ello, en esta humilde tribuna hablaremos de "las cosas del comer". Espero que no se les indigeste mi visión de la economía.