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La Nueva Frontera de Sánchez, a lo Kennedy

Josep Maria Cortés
9 min

El nuevo Gobierno no es una marca, sino un aluvión. Sánchez pretende coordinar a sus 22 ministros a través de un comité de vicepresidentes, que los ate en corto a todos con el mando a distancia de la atrabiliaria Dolores (Lola) Delgado, la nueva Fiscal General, que hará las veces de Robert (Bob) Kennedy durante la presidencia de su hermano, el llorado John Fitzgerald. Sánchez marca músculo; no se esconde, al contrario, impone su voluntad especialmente dentro de su partido, el PSOE, donde las críticas a Delgado han sido moneda corriente estos últimos días. El pasado lunes, en Ferraz, entre los cuadros socialistas corrían las opiniones críticas con la gestión de Delgado, pero cinco minutos después de conocer su nombramiento, los semblantes se transfiguraron; la ley de la política permite seguir sonriendo a los hipócritas. Precedida de la polémica, arranca así una Nueva Frontera, similar al movimiento auspiciado en los años sesentas desde Washington por los Kennedy, que significó un avance en materia de derechos civiles.

En una de sus biografías autorizadas, el ex presidente Kennedy confesó que lo primero que hizo, al sentarse en el Despacho Oval, fue llamar a John K. Galbraith para proponerle que fuese su consejero económico. Galbraith había conocido en Inglaterra a Keynes, ya emérito, y a la plétora de sabios de la London Economic, como Joseph Schumpeter, Piero Sraffa, Michal Kalecki o Joan Robinson. En poco tiempo, la economía norteamericana se puso a tono y los avances en derechos alcanzaron la plenitud con Bob, el Fiscal Jefe de los EEUU, impulsor del derecho de voto de la población afroamericana y defensor de la libertad del líder negro, Martin Luther King, que cumplía una condena a trabajos forzados, en Georgia.

En el caso de Sánchez, la doble vía pasará por un consejo de ministros de carácter económico y una Fiscalía que, además de sensibilizar al mundo de la justicia del avance en aspectos como la identidad de género o muerte digna, debe resolver el dilema de un Estado enmarañado en asuntos judiciales; un poder intrigante, repartido por los tribunales y las salas en función de la ideología de las cúpulas de la magistratura y de sus asociaciones. Es evidente que España es un Estado de Derecho, pero la opinión es libre y a menudo decanta decisiones de carácter profesional; no hay duda de que los representantes del derecho esbozan marcos mentales prefigurados por grupos de interés (lobbys), si bien es cierto que esta contaminación no llega afortunadamente a las sentencias, forzosamente ajustadas a derecho.

Delgado entra con el pie cambiado. Durante su año y medio como ministra de Justicia no ha conseguido apaciguar ninguno de los frentes abiertos; más bien al contrario. Hasta el punto de que el Consejo General de la Abogacía la ha descrito como “una de las peores ministras” de Justicia por su actuación en el Turno de Oficio. Las togas vierten sobre ella la acusación de no haber defendido al instructor Pablo Llarena en los momentos en que las euro órdenes contra Puigdemont se estrellaban en tribunales europeos. Siendo ellos letrados no captan que otros, en el territorio de la soberanía compartida, quieran afirmar su relativa independencia frente a la adulación de unos y la corrupción de otros.

La mujer que se sienta desde ayer en la cúpula del ministerio público es consciente de que no podrá contar con la opinión favorable del Consejo General del Poder Judicial, un organismo que no se podrá renovar por falta de mayoría cualificada en las cámaras legislativas; tampoco podrá renovarse el Tribunal Constitucional. La autoridad moral del primero y el poder consultivo del segundo no llegarán a consumarse mientras se mantenga la actual aritmética parlamentaria. Pese a la batalla judicial que desvela las conspiraciones  en la joven democracia española, Sánchez no será directamente acosado; ha creado un Gobierno que excluye la Pinza, es decir el ataque por ambos flancos, izquierda y derecha, ya que a la primera la tiene en casa.

Desde el juicio del procés, la oposición le ha puesto la proa a la Abogacía del Estado; pero ahora sube el listón de su disparo. Considera que fue la ex ministra Delgado la responsable del cese del abogado Jefe de lo Penal, Edmundo Bal, --hoy diputado de Ciudadanos-- por facilitar ante el Supremo un escrito de acusación, contra Junqueras y el resto de juzgados, en el que no figura la palabra violencia. Se la hostigó por su relación con el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo. Las cloacas del Estado rozaron su trabajo en la fiscalía de la Audiencia Nacional cuando se hicieron públicas grabaciones que daban a entender un trato franco con el polémico ex policía e incluían una referencia ofensiva hacia su colega Grande Marlaska, que no se ofendió para nada.

Ambos, Delgado y Marlaska, defensores de la razón de estado, son sometidos al juicio de contrincantes,que tratan de sacar una ventaja concordante con su provecho. El ministro y la Fiscal General son el emblema de una tenaz libertad de culto frente a las iglesias pacatas de los conservadores. Expresan el germen de un futuro posible, capaz de avanzar en la Europa desgarrada hoy por los populismos nacionalistas.  Sus contrincantes no saben que el reto político de la privacidad como virtud es un signo de correspondencia entre las artes y las leyes; es un lugar de la invención. Pablo Casado, paréntesis pagano, falso adulador del centro y su socio, Santiago Abascal, grecorromano, defensor de la monarquía como institución troyana, tratan de edificar la nueva curia. Quieren mantener en vilo el viejo bipartidismo, después de haber acabado el uno con el otro o viceversa. Buscan una España irreal que no le deba nada a nadie; será que poseen acaso los misterios de la ciencia y la elocuencia.

Antes de mostrar su disparidad de fondo, sus contrarios persiguen sobre todo el empeño mantenido por Delgado a favor de la Memoria histórica y el hecho de que ella reconociera que su presencia en la exhumación de Franco había sido el momento culminante de su papel como ministra. Para Bob Kennedy, asesinado como su hermano el presidente, la política era un bálsamo para el pacto en el espacio público; más allá de su pragmatismo quiso rehabilitar la causa de la población negra y para hacerlo, desanduvo hacia la injusticia del pasado. Recordar no nos devolverá las pérdidas; no sirve de mucho. La Memoria Histórica se convierte a veces en el ornato de la diplomacia; por su parte, la memoria a secas es el arreo de la verdad.

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¿Quién es... Josep Maria Cortés?
Josep Maria Cortés

Periodista de economía, realizó una parte importante de su carrera en El País y en los últimos años ha colaborado con La Vanguardia, Catalunya Ràdio y ED. Antes, desempeñó el cargo de director en Barcelona de la consultora multinacional de la comunicación Porter Novelli. Fue durante cinco años analista semanal en el programa Bon dia, Catalunya de TV3. Inició su carrera profesional en El Noticiero Universal y en El Correo Catalán, perteneció a la plantilla fundacional de TV3 y fue el primer corresponsal en Barcelona del diario financiero Expansión. Ha publicado, como autor y coautor, varios libros de investigación periodística, entre ellos, Memoria de Catalunya, del regreso de Tarradellas al pacto Pujol-Aznar (Taurus) o Los yuppies de Pujol llegan a la cima (ED).