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Naciones y autonomías

Manuel Peña Díaz

por Manuel Peña

19.02.2016
4 min

El debate que se abrió hace una década con los nuevos estatutos ha quedado más que obsoleto. Se puede decir que los estatutos nacieron muertos en tanto que continuaron las exigencias dinerarias y nacional-territoriales de las elites políticas (y sus cómplices) en algunas Comunidades Autónomas.

Causa cierta sorpresa que partidos de izquierda o progresistas hagan suyas exigencias propias del tiempo de las monarquías absolutas

Ahora, una vieja reivindicación emerge de nuevo y pone en cuestión todos los estatutos. Es el discurso de la plurinacionalidad, o vuelta a empezar, la distinción entre naciones de primera y autonomías de segunda. Dicho así, la quiebra total del modelo de organización territorial español actual parece inminente.

Uno de los argumentos en los que se sustenta este aparentemente nuevo planteamiento es el hecho diferencial de los derechos históricos, aquellos que en la Constitución de 1978 hacían referencia a unos determinados derechos 'heredados' en los territorios forales vasco-navarros. La laxa y maleable interpretación llevó a que fueran incluidos en los estatutos de Aragón, Valencia, Andalucía, Cataluña, etc. Se trata de unos seudoderechos preconstitucionales que prevalecen --llegado el caso-- sobre los de los ciudadanos. Un lastre propio del Antiguo Régimen, cuando los españoles eran súbditos del rey.

Causa cierta sorpresa que partidos de izquierda o progresistas hagan suyas exigencias propias del tiempo de las monarquías absolutas. Y entren, sin complejo alguno, en el debate bizantino sobre la legitimidad histórica de las Constitucions o de las Corts catalanes anteriores a 1714. Reivindicar esas leyes clasistas y feudales como signo de identidad de la Cataluña actual es un disparate de tal calibre que convierte a los insignes historiadores que dirigen el procés en unos peligrosos indocumentados, rayanos en la delincuencia, al menos intelectual.

Si alguna entidad fue sacrificada en la Transición en aras de un entendimiento, fueron esos 'derechos históricos' de los castellanos, sus Cortes y sus Constituciones anteriores a 1521

Veamos. La España Una es una obra conjunta, con especial protagonismo de las elites vasconavarras en el siglo XVIII, de la burguesía catalana y de todas ellas --castellanas, andaluzas y demás-- en los siglos XIX y XX. Estas últimas asumieron la españolidad como signo de identidad y abandonaron cualquier reivindicación de 'derechos históricos' castellanos. Así sucedió en las Cortes de la II República y volvió a ocurrir con los padres no catalanes de la Constitución de 1978.

Luego, si en una inminente negociación sobre el modelo de Estado se ponen otra vez sobre la mesa --en verdad nunca se han quitado-- los sospechosos por antidemocráticos 'derechos históricos', sería honesto plantear también los 'derechos históricos' de Castilla (y de León). Porque, si alguna entidad fue sacrificada en la Transición en aras de un entendimiento, fueron esos 'derechos' de los castellanos, sus Cortes y sus Constituciones anteriores a 1521. Si un territorio ha sido cuarteado en no sé cuantas Comunidades Autónomas --desde el Cantábrico hasta el mar de Alborán-- esa ha sido Castilla. El 'café para todos' ha hecho de la pobre Castilla la celestina de turno con la que todos y todas han pasado alguna noche quijotesca o quevediana, para después olvidarla en pro de la España vasco-catalana, esa de no sé cuantas Comunidades Autónomas que, por si fuera poco, ¡son también 'naciones'! Más madera.

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