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Muere BPA para matar el soberanismo catalán

12 min

Matar el proceso independentista catalán, en pleno auge, era la finalidad. Y Pujol, la familia Pujol, uno de los vehículos para conseguirlo. Pujol tendría que ser el apellido de la operación que sirvió para hundir Banca Privada de Andorra (BPA). Si la operación Cataluña era la campaña madre para aniquilar al soberanismo catalán, el hecho de que el banco andorrano tuviera de cliente, apenas desde el 2010, a varios integrantes de la familia del expresidente de la Generalitat fue el principio del fin. ¿Quién nos tenía que decir que unos clientes que en global representaban el 0,04% del total de los depósitos que BPA gestionaba en el tramo final de lo que ha sido su vida mercantil acabarían siendo el motivo, la excusa, para cargarse todo un banco y malograr, quizás de manera definitiva también, una plaza financiera como la andorrana?

¿Por qué hay alguien que aún hoy todavía dude que el denominado caso BPA fue el resultado de una maniobra orquestada? ¿De una conspiración en toda regla? Han pasado muchos meses --tantos como 19-- desde el inicio de la intervención del banco y aún quedan muchos cabos sueltos. Lejos de resolverse aquella situación, las consecuencias de los trapicheos tejidos contra el independentismo catalán que cogieron Banca Privada de Andorra como chivo expiatorio todavía tienen que derivar, desgraciadamente, en muchos capítulos. Demasiados. Repercusiones judiciales para aquellos a quienes la justicia acusa de todo y más; investigaciones abiertas para aclarar amenazas, extorsiones y muchas más cosas; y decenas y decenas de clientes, especialmente catalanes y españoles, trabados en un mar de dudas y sin poder acceder a su dinero por la mala gestión --o quizás algo más-- de la administración andorrana. Unos clientes que se verán abocados o bien a perder su capital o bien a tenerse que delatar ante las autoridades fiscales de sus jurisdicciones de origen.

¿Por qué hay alguien que aún hoy todavía dude que el denominado caso BPA fue el resultado de una maniobra orquestada? ¿De una conspiración en toda regla?

A pesar de que ahora parece ya muy claro cuáles fueron el origen y el motivo del asesinato de BPA, las autoridades andorranas se han encargado de hacer un juicio antes de que los tribunales del país de los Pirineos se manifiesten (a pesar de la celeridad con la cual, esta vez sí, actúan). Cualquiera que tenga dos dedos de frente puede entender que sentenciando antes de tiempo lo que se pretende, como mínimo, es influenciar el poder judicial. Condicionarlo. Aunque se diga que la separación de poderes existe.

Ante todo ello, pues, parece necesario recapitular. En el inicio aparente de toda esta historia nos encontramos con una nota de las autoridades americanas --del FinCEN en concreto-- que acusan BPA y a algunos de sus directivos de ser una máquina de lavar dinero. Primera cosa que tendría que quedar muy clara: los casos a los que se refiere el departamento dependiente del Tesoro americano ya los había comunicado la propia entidad bancaria al Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), el equivalente al Banco de España, incluso antes de que el regulador invitara todo el sector financiero del Principado a hacerlo mediante un comunicado técnico. Es a raíz de la comunicación de la entidad cuando el regulador hace un requerimiento similar a toda la banca andorrana.

El ministro de Finanzas, Jordi Cinca, se ha encargado en muchas ocasiones de explicar como le ha parecido esta situación. Pero más allá de esto, no acabo de entender por qué si BPA informa el regulador andorrano de los casos --durante dos años no nos dicen nada y no se hace ninguna actuación sobre BPA--, tienen que acabar siendo las autoridades de fuera las que ponen el grito al cielo. ¿No sabemos bastante en Andorra qué es correcto y qué no lo es? ¿No somos soberanos y de fuera nos tienen que venir a decir qué corresponde hacer? ¿Existió alguien de dentro del país que nos ha querido lanzar a las garras del león? ¿O BPA ha sido moneda de cambio para tapar algún problema mayor?

También tendría que saber todo el mundo, dentro y fuera de Andorra, que las acusaciones hechas por las autoridades americanas en relación con las comisiones que presuntamente habrían cobrado directivos de BPA por el lavado de dinero son humo. Todavía las están buscando y a buen seguro que nunca las encontrarán porque, que yo sepa, no han existido. De hecho, soy uno de los señalados y todavía a estas alturas quiero saber cuánto habría cobrado. Ni un duro, menos aún un euro, se lo aseguro.

Y todo esto lo explico porque todavía ahora quieren justificar una intervención a cualquier precio por unas prácticas que no corresponden a blanqueo. Uno de estos casos son las operaciones de compensación hechas por toda la banca andorrana. Una operativa clásica en un --no olvidemos-- paraíso fiscal hasta hace cuatro días. Hay sentencias anteriores de la propia justicia andorrana donde se analiza la operativa y nunca hasta ahora se consideraron punibles. Siempre se archivaron los casos. Hasta ahora, que resulta que las hace BPA y es lo peor que se puede haber hecho: 25 procesamientos de 25 exdirectivos y gestores sirven para hacer más grande la problemática del banco intervenido.

¿El supuesto Estado de derecho andorrano es real? ¿La presunción de inocencia existe, se respeta?

En Barcelona, pregunten a algunos clientes de Fibanc qué les pasó cuando decidieron trasladar su dinero del refugio pirenaico a través de la gestora andorrana Valora. Les explicarán que ellos nunca se desplazaron al país de los Pirineos. Depositaban su dinero en una cuenta determinada de la entidad catalana con vínculos italianos y, de repente, aquellos ahorros figuraban en cuentas andorranas. No de BPA. ¿No eran aquello compensaciones? Lo eran. Pero aquí, en este caso, no pasa nada y el banco implicado en el Principado sigue operando impunemente.

Así, las autoridades andorranas van predicando por allí donde pasan que hay 11 casos de blanqueo. La gente tendría que saber que estos casos, todos, salen de las propias actas del comité de prevención de blanqueo de BPA. Es decir, no han descubierto nada nuevo porque estos documentos habían sido repasados de arriba a abajo. Las actas del comité han sido leídas y revisadas año tras año por los propios auditores externos de la entidad. Y el resultado siempre fue el mismo: consideraron que la operativa expuesta no presentaba riesgo de blanqueo. De no suponer un riesgo a convertirse en el mal de todos los males. Aquí tenemos un hecho más que nos explica la pelota que fabrican nuestras autoridades para hacerla cada vez mayor. Y, así, justificarse ante la opinión pública.

Llegados a este punto me pregunto: ¿El supuesto Estado de derecho andorrano es real? ¿La presunción de inocencia existe, se respeta? Lo digo porque desde hace meses, nuestras autoridades se preocupan de explicar a diestro y siniestro cómo llegaban a ser de malos unos cuantos integrantes de BPA pero sin fundamentar y argumentar los motivos. Y lo dicen tanto públicamente como en reuniones de un carácter más privado como puede ser una reunión de ex-alumnos de una reconocida escuela de negocios de Barcelona.

En mi opinión, lo que se está haciendo es el que en argot jurídico se llama calumniar, difamar. O, como mínimo, lo que se pretende es ocultar la verdad de todo. La conspiración ideada en Madrid para combatir en Barcelona encontró colaboración en Andorra la Vella y mintiendo en Washington acabó cayendo como una centella destructora en Escaldas-Engordany, donde tenía su sede central BPA. Ah, y no nos olvidemos del señor que está encerrado en la prisión desde el primer día. Encarcelado de forma preventiva y pendiente de juicio cuando los clientes de BPA que han hecho las supuestas prácticas de blanqueo están todos en su casa con la familia. ¿No les parece un poco extraño? ¿O quizás mientras tengan a Joan Pau Miquel cerrado ya se justifican las actuaciones de nuestros gobernantes?

Todo el mundo debería saber a estas alturas que lo que hubo entre las autoridades andorranas y españolas es una maniobra para tumbar el proceso independentista catalán y las autoridades americanas se utilizaron como instrumento, facilitándoles información sesgada desde Andorra a través de España para hundir a la familia Pujol, al independentismo catalán y a toda la familia BPA. Mataron Banca Privada de Andorra (BPA) para matar el proceso soberanista. Y ahora se intenta montar un castillo de cartas para justificar toda la actuación realizada desde la intervención del banco. Esto es lo que hubo y aún existe. No hay que darle más vueltas por mucho que las autoridades andorranas se empecinen en hacernos pasar a unos cuántos por delincuentes. Nuestro único mal se apellida Pujol. BPA tenía de clienta la familia. Sí. ¿Y qué?

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¿Quién es... Santi De Rosselló?
Santi de Rossello / CG

Ex director general adjunto de BPA.