La debilidad del independentismo no reside en la desmovilización, sino en la división. Un año después de los sucesos de octubre de 2017 --violación de la Constitución y el Estatut, clima insurreccional, referéndum sin garantías y proclamación fallida, es decir, fracasada, de la independencia--, la movilización de las bases independentistas continúa prácticamente intacta.

Podrá discutirse si en la Diada de este año hubo más o menos gente que en las anteriores, pero la manifestación fue tan impresionante como las de años atrás. Pero tan cierto como esto es que las mayorías no se expresan en la calle, sino en las urnas, y en ellas el independentismo sigue teniendo desde hace años en torno al 47% de los votos, sin alcanzar nunca la mayoría social.

Esta situación de bloqueo y el fracaso de la vía unilateral han propiciado en los últimos meses una acentuación de las divisiones entre los principales partidos independentistas, que no acaban de fijar una orientación estratégica conjunta ni una hoja de ruta practicable.

Aunque la estomagante y absurda guerra de los másteres ha hecho que pasara algo desapercibida, al día siguiente de la Diada se produjo una muestra de esta división independentista, en este caso en sentido diverso al que era habitual en los últimos tiempos, Esta vez, la moderada ERC fue la encargada de abortar el éxito de una resolución pactada entre el PDeCAT y el PSOE que reclamaba en el Congreso de los Diputados la apertura de un diálogo "en el que todos puedan defender sus ideas, aspiraciones y proyectos libremente, sin imposiciones ni impedimentos" siempre en el "marco del ordenamiento jurídico vigente".

Esta referencia a la legalidad, introducida por el PSOE, fue rechazada por ERC, que reclamó un diálogo "sin cortapisas ni límites, desde cero", en palabras del portavoz republicano, Joan Tardà, transmutado de nuevo en radical por vaya usted a saber qué filigranas tácticas. De todas formas, en la retirada de la moción, que había redactado el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, influyó también de manera decisiva el oráculo de Bruselas. Carles Puigdemont y su vicario Quim Torra querían, al parecer, que la referencia a la ley fuese a la "legalidad internacional". Así, un texto que por la mañana estaba avalado por el PDeCAT (incluida la facción puigdemontista), ERC y el propio Govern (Elsa Artadi) acabó por la tarde en agua de borrajas.

Más allá de la cuestión concreta, que no deja de inscribirse en el típico bizantinismo parlamentario, el episodio expresa la división independentista y la confusión en los objetivos. Cuando ERC lleva meses optando por la cara moderada --Oriol Junqueras, Tardà y hasta el inefable Gabriel Rufián, que ha instado a pinchar la burbuja del independentismo imaginario--, esta vez se coloca al otro lado. Hay que recordar en este sentido las dificultades que Junqueras encuentra en el partido para abandonar la vía unilateral con objeto de ampliar las bases soberanistas.

Mientras tanto, el PDeCAT es una olla de grillos en el que está por resolver la crisis desatada por Puigdemont hace dos meses con la defenestración de Marta Pascal --una de sus fieles, Maria Senserrich, acaba de anunciar su retirada de la política-- y cuyo portavoz en Madrid, Carles Campuzano, ha estado a punto de dimitir por el fracaso de la citada resolución.

A todo ello se suma que la división entre Junts per Catalunya y ERC en el Parlament, que tiene paralizada la Cámara por el desacuerdo en la manera de sustituir a los diputados suspendidos por la justicia, alcanza ya a las comisiones parlamentarias, en riesgo de bloqueo cuando hay que aplicar el voto ponderado porque nadie sabe con certeza de cuántos diputados efectivos disponen los independentistas.

En este ambiente se preparan las celebraciones de octubre, con una ERC titubeante, un PDeCAT en manos de las decisiones radicales de Puigdemont, una CUP que abomina de cualquier "pacto con el Estado" y con cada vez más voces del propio universo indepe llamando a "pinchar el globo". La petición de liberación de los políticos presos y la oposición a las decisiones de la justicia es ya casi el único pegamento que une a los independentistas.