Desde el 1-O de 2017, los Mossos d’Esquadra no levantan cabeza y sus conflictos están todos los días en los medios de comunicación cuando el ruido ambiente es lo peor que le puede pasar a un cuerpo policial. Nada menos que seis destituciones del jefe de los Mossos se han producido en cinco años, lo que evidencia una inestabilidad manifiesta y una falta de conjunción y de confianza entre los mandos políticos y los policiales.

La última destitución es la del comisario Josep Maria Estela, nombrado hace tan solo 10 meses en lugar del mayor Josep Lluís Trapero, relevado por segunda vez, la primera por la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras los hechos de octubre de 2017 y la segunda por decisión del conseller Joan Ignasi Elena, al frente de Interior por primera vez en manos de ERC.

En unas escuetas explicaciones en espera de su próxima comparecencia en el Parlament, Elena ha negado que el cese de Estela se deba a que se hayan producido injerencias políticas, como denuncian los sindicatos y la oposición política, que ya habló de purga cuando fue relevado Trapero.

Esta negativa del conseller, sin embargo, costará que sea creíble porque no solo son los sindicatos y la oposición quienes denuncian las injerencias políticas. Lo hacen también el propio Estela y el exconseller Miquel Sàmper (Junts), antecesor de Elena en Interior. Sàmper ha declarado que hubo “presiones del hasta ahora número dos, Eduard Sallent, al intendente Toni Rodríguez para obstruir indagaciones policiales” que afectaban a cargos políticos.

Todas las acusaciones de injerencias políticas se dirigen hacia Sallent, elevado ahora a número uno de los Mossos, del que se asegura que pidió acceder a casos confidenciales cuando se investigaba a Laura Borràs por el asunto de los contratos troceados por el que está procesada, y al exconseller de Interior Miquel Buch, a quien la fiscalía le pide seis años de prisión y 27 de inhabilitación por malversación al haber dedicado agentes a la escolta de Carles Puigdemont en Bélgica. Las investigaciones corrían a cargo del intendente Toni Rodríguez, destituido por Elena nada más llegar a la Conselleria y enviado a la comisaría de Rubí. El caso está ahora en los tribunales.

Interior niega todas las acusaciones y asegura que la destitución de Estela se debe a que se oponía a la feminización del cuerpo. Otra explicación difícil de creer si se considera que la discrepancia al final se limitaba a una persona porque el conseller quería nombrar a cuatro mujeres de seis nuevos comisarios mientras que Estela proponía tres mujeres y tres hombres para no cortar el paso a intendentes masculinos que merecían ascender y consideraba además que una de las mujeres candidatas no estaba capacitada.

Toda esta pugna constante entre los mandos políticos y los operativos de los Mossos remite en el fondo a la cuestión clave de la independencia de la policía, de lo que tenemos pésimos ejemplos en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy con la creación de la llamada “policía patriótica” que se dedicaba a tapar los escándalos del PP y a investigar a los adversarios políticos, entre ellos a Podemos y a los independentistas catalanes.

Los mandos políticos de Interior tienen desde luego competencias para dirigir la política de seguridad, pero no pueden, sin afectar a la independencia policial, inmiscuirse en las investigaciones de los profesionales de la policía y menos cuando están bajo tutela judicial, que es de lo que la línea encarnada por Trapero y después por Estela les acusa. En la otra orilla, las miradas apuntan a Sallent, a quien se le reprocha complacencia con los mandos políticos. Estela, Sallent y la intendente Rosa Bosch integraban la dirección coral o colegiada que Interior montó para sustituir a Trapero y que ahora ha saltado por los aires tras meses de desavenencias entre los dos primeros.

El president Pere Aragonès ha ratificado su confianza en Elena ante las peticiones de cese por parte de la oposición, pero la crisis de dirección en los Mossos se ha convertido en el primer gran problema del Gobierno en minoría de ERC. Pese a ello, la profesionalidad y eficacia del cuerpo sigue siendo valorada de forma muy alta en las encuestas porque la inestabilidad en la cúpula parece que no se traslada, afortunadamente, a la base.