El próximo 23 de octubre está convocada una manifestación que no puede, ni debe, dejar a nadie indiferente. No es una kermés típica de las que organiza la señora Paluzie, ni una desfilada conmemorativa del Primero de Mayo. Sindicatos de policías, y entidades ciudadanas de todo tipo, piensan salir a la calle para exigir que el Govern de la Generalitat y los ayuntamientos respalden, como procede, a sus fuerzas de seguridad. La marcha también pretende que se adopten las medidas oportunas, judiciales y de orden público, para que gamberros, alborotadores y delincuentes paguen por sus fechorías. Nuestras policías son, a día de hoy, unos cuerpos de seguridad al servicio de la ley y la democracia. A muchos ciudadanos nos cuesta comprender las prevenciones mentales de algunos gobernantes respecto al rol de las fuerzas de seguridad en Cataluña y España. Más de un conseller, alcalde o alcaldesa recelan incomprensiblemente de sus fuerzas del orden. Dudan de ellas como si éstas fueran la reencarnación light de las de la época de la dictadura franquista. Yerran. No deja de ser paradójico que los que hoy apuestan por laminar las posibilidades operativas, y de autodefensa de la policía, sean precisamente los que poseen ancestros policiales menos edificantes.

Los que aún hoy homenajean a Miquel Badia --jefe superior de la Comisaria General de Orden Público de la Generalitat (1934)--  olvidan que su antepasado político se dedicó a la represión y persecución sistemática de sindicalistas y disidentes. Los herederos políticos de los hermanos Badia son los mismos que, desde el Govern de Cataluña, ceden ante la CUP cuando esta exige sumergir a los mossos en la indefensión jurídica. Sí, amigos, algunos de estos radicales anticapitalistas (sic) pretenden liquidar el material disuasorio que usan las policías democráticas de media Europa. Digámoslo claro: algunos de los ilustres adictos a las tesis happy flowers también cuentan, entre sus antepasados ideológicos, con personajes siniestros. Pienso, por ejemplo, en Lavrenti Beria, jefe del servicio secreto soviético y de la NKVD. Todos esos que niegan el pan y la sal a los cuerpos de seguridad, aceptando laminar su capacidad de autodefensa, son unos pusilánimes. La aparente bonhomía del conseller Elena no resuelve problemas, los enquista. Con  gobernantes así no vamos a ninguna parte. Los que proponen eliminar la BRIMO no saben lo que hacen. Tampoco los que, desde un pedestal institucional, inducen a la desobediencia o bendicen la okupación. ¿Recuerdan a Quim Torra? Y la esfera municipal tampoco anda falta de despropósitos. Ada Colau se equivocó disolviendo la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana y ahora Barcelona paga las consecuencias de las noches de botellón y fuego. No puede ni debe tolerarse que un grupo de mozalbetes ponga en fuga a pedradas a una policía local; no puede, ni debe tolerarse, que los vehículos de los Mossos d’Esquadra sean pateados, humillados o pintarrajeados cada vez que acuden a un servicio. Urge recuperar el principio de autoridad y el respeto debido a los servidores públicos. La policía no es el enemigo del ciudadano sino todo lo contrario, es la garantía de su seguridad. Que los partidos del Govern votaran en el Parlament contra una resolución que defendía el refuerzo de los Mossos d’Esquadra es un sin sentido difícil de explicar. Si el conseller Joan Ignasi Elena cree que con cuatro uniformes nuevos, unos cuantos aspirantes a entrar en el cuerpo de los Mossos o un tuit cariñoso todo está solucionado, se equivoca. Significa que no ha entendido nada. Por ello, y mil cosas más, un servidor de ustedes acudirá pacíficamente, como no puede ser de otra manera, a la manifestación del 23-O.