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Últimamente asisto perpleja a las actuaciones judiciales que se producen a lo largo y ancho del territorio español, con alabables excepciones, para no frustrar de por vida la pasión por el derecho que tengo como exservidora de la administración de justicia y abogada ejerciente en la actualidad.

Crecí creyendo en la división de poderes --que me queda claro que es una reminiscencia del pasado-- y en la imparcialidad y objetividad de los que imparten justicia. Pero esto está también pasando a mejor vida, si no fuera por algunos héroes que se agarran con fuerza a la creencia romántica del sentido de justicia en el que fuimos adoctrinados.

Para pasar a los casos concretos, ya no sólo como profesional sino como ciudadana de a pie, veo cada día en peligroso crecimiento el populismo, ya no sólo de los políticos, sino también de los jueces. Ésos que están obligados a ser jurídicamente técnicos, socialmente imparciales, políticamente neutros y económicamente suficientes, tal como previene nuestra Carta Magna. Pues nada más lejos de ello, dado que nos encontramos diariamente con jueces que admiten escritos anónimos carentes de sustento indiciario alguno como notitia criminis para iniciar una investigación, eso sí, eligiendo incluso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (pese a no ser judicial) que más convenga porque no se fíe de otros con competencia. Que cuando no les interesa una declaración testifical, ordenan que se investigue la credibilidad de la misma (eso que debería hacer un tribunal cuando llegara, en su caso, a juicio oral). Que convierten las causas en asuntos claramente prospectivos y babilónicos, cual Robin Hood, predominando en cada una de las resoluciones que se dictan la propia manera de pensar del juez y la obsesión por erradicar lo que ellos consideran injusticias contra toda la ciudadanía, olvidando, desde luego, aquellos principios constitucionales fundamentales como la presunción de inocencia.

Veo cada día en peligroso crecimiento el populismo, ya no sólo de los políticos, sino también de los jueces

Unida a esta nueva corriente, las hipótesis delictivas carentes de sustento fáctico se han puesto de moda como incitador de instrucciones carentes de imparcialidad, consecuencia de las cuales se inician investigaciones relacionadas con personajes relevantes de este país, pese a que se trate de hechos prescritos. No importa que sea más que evidente que investigar hechos de los años 90 llevará a su archivo si con ello conseguimos un titular en un medio de comunicación o una instrucción mediatizada, que eleve al instructor a los rankings de personalidades famosas del país; del mismo modo que tampoco importa que dichas hipótesis delictivas sean reveladoras de investigaciones claramente demostrativas de una inquisitio generalis sobre la persona del investigado, vedado constitucionalmente y difícilmente compatibles con los límites y fines del Estado de derecho, como recoge el auto del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid en una de sus, en este caso sí, imparciales resoluciones que aportan un hilo de esperanza a los que todavía creemos en la administración de justicia.

Espero y deseo que el mal hacer de los cada vez más jueces y magistrados que han optado por el populismo de una sonada instrucción mal hecha y/o por aparcar la objetividad e imparcialidad con que deben emitir sus fallos, se vea eclipsada por el buen hacer de los muchísimos jueces y magistrados que --lejos de populismos y de pretensiones vanidosas-- actúan fieles a los principios que deben regir en la administración de justicia en todo momento y de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente: sois mis héroes...

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María Jesús Hernández Elvira

Nacida en 1970, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, Máster Triple en Derecho Público Internacional y Máster en Derecho Procesal. Cursó oposiciones a la carrera judicial y desde 1999 hasta 2013 ejerció como jueza en Canarias, dictando más de 5.000 sentencias. Desde 2013 hasta 2015 trabajó en bufetes de abogados españoles de primer orden, como Ontier España (Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza) y Rousaud Costas Duran (RCD) como responsable del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance, hasta que decidió crear CHR Legal junto con Josep Maria Cusí y Juan Roda, siendo la socia directora del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance.

Autora de varios artículos para revistas especializadas y con experiencia en la enseñanza, impartió clases de Derecho Civil II en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Lanzarote, fue profesora en ICADE y ponente habitual en el Colegio de Economistas de Cataluña. Ha colaborado en la publicación Memento Concursal Francis Lefebvre 2015.