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La mirada vasca del 'procés'

Josu de Miguel Bárcena
6 min

El juicio en el Tribunal Supremo (TS) de los dirigentes independentistas hace ya tiempo que ha girado hacia las cuestiones sustantivas: testimonios y pruebas de cargo que van más allá de la performance de las primeras semanas, en las que los políticos encausados trataron de seguir su particular show mediático destinado a su propio público. Entre los primeros testigos destacó Iñigo Urkullu, lehendakari del gobierno vasco que con su habitual seriedad y rigor señaló que intentó “intermediar” --quédense con la palabra-- entre el Estado y la Generalitat, con el objeto de evitar tanto la DUI como la aplicación del tan temido artículo 155 de la Constitución. Puigdemont desmintió a Urkullu rápidamente, sugiriendo que el rechazo a su propuesta no tuvo que ver con la presión sufrida desde sus propias filas, tal y como había sugerido el líder del PNV durante su declaración.   

La relación entre el nacionalismo vasco y catalán dista de ser idílica, como a veces se sobreentiende. Efectivamente, ambos tienen en común un enfrentamiento con el Estado al que aparentemente no quieren pertenecer. Recordemos, en tal sentido, que en septiembre de 1998 se firmó la importante Declaración de Barcelona, en la que junto al nacionalismo gallego se apostó por la transformación del Estado en una confederación que reconociera el derecho de autodeterminación de los pueblos de España. La Declaración, que fue el preámbulo de los sucesivos “planes” de Ibarretxe y de la reforma estatutaria comenzada en Cataluña en 2004, impugnaba de forma explícita la pieza jurídica clave de lo que había sido el desarrollo del Estado autonómico hasta el momento: la igualdad de la posición constitucional de las nacionalidades y regiones reconocidas en el art. 2 CE.

Pero las coincidencias políticas de fondo no han evitado choques y disonancias de cierta entidad: recordemos que la Asamblea de Parlamentarios Vascos contrató un aerotaxi nada más aprobarse la Constitución, con el objetivo de adelantarse a los catalanes y negociar directamente con Suárez el contenido del Estatuto en paralelo a la comisión constitucional del Congreso. Más recientemente, el PNV acordó con el Gobierno del PP unos Presupuestos muy ventajosos para el País Vasco, en plena aplicación del artículo 155 en Cataluña. De poco servía, para aquilatar la indignación entre los independentistas, el lazo amarillo que Joseba Egibar solía portar en su solapa allí donde fuera. La jugada maestra de la moción de censura de Sánchez, en la que ERC y PDeCAT apoyaron al candidato socialista por sorpresa, sirvió para poner a los jeltzales ante el dilema de mantener el pacto --y la famosa palabra de vasco-- con el PP o desdecirse y derribar el Gobierno de Rajoy. Como se ve, donde las dan las toman.

La vida de los vascos en Cataluña no escapa a estas contradicciones. En los casi nueve años que transito por esta tierra, no son pocas las veces que se me pide, como ciudadano y jurista, mi opinión sobre el procés. Dado mi escepticismo, cuando no abierta crítica, la posible hermandad étnica producto de la opresión española, desaparece rápidamente. Entonces emergen las palabras mágicas en boca de no pocos catalanes: “ya, pero vosotros tenéis el concierto”. Sobre el concierto económico, su historia, su naturaleza jurídica y otras cuestiones, hablaremos en próximas entregas. No obstante, su reconocimiento --y por extensión el del convenio navarro-- resulta difícil de justificar en el contexto del constitucionalismo democrático. Además, su operatividad federal es compleja por la emulación institucional que puede detectarse en el proceso autonómico desde sus inicios.

La declaración de Urkullu ante el TS hizo hincapié en la palabra “intermediación”, lo hemos dicho al principio. Con ello quería separar el papel que el PNV ha querido jugar con la designación de Innerarity para mediar entre España y Cataluña, de las funciones más o menos neutrales que deben caracterizar a un presidente de una Comunidad Autónoma. Esta matización no resuelve el problema de fondo: la existencia de un privilegio económico constitucionalizado que supone un agravio para no pocos catalanes y españoles. Así las cosas, creo que la mejor aportación que pueden realizar los vascos, sobre todo aquellos que se consideran legítimamente nacionalistas, para tratar de dar solución al procés y rebajar las tensiones territoriales en España, es revisar el cálculo del cupo y acomodar el concierto al principio de solidaridad previsto en los artículos 2 y 138 de la Constitución. La justicia fiscal siempre ayuda a pacificar los sistemas políticos.    

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¿Quién es... Josu de Miguel Bárcena?
Josu de Miguel Bárcena

Josu de Miguel Bárcena es profesor de Derecho Constitucional en la UAB, coautor de 'Kelsen versus Schmitt, Política y Derecho en la crisis del constitucionalismo'