El juicio por el caso Palau es el juicio a una forma de hacer política. Jordi Pujol acuñó este genuino sistema de relaciones entre el poder ejecutivo --que él lideraba-- y las élites sociales y económicas --que él sometía--: subordinación del poder económico ante un generoso poder político.

Su núcleo de confianza, fieles veneradores y estómagos agradecidos, lo desarrollaron con el amparo de ese magma de correligionarios que coparon todos los huecos sensibles de la economía, las finanzas y el urbanismo durante sus casi 30 años de caudillaje. 

Con ese estado de las cosas, se debe entender que el Palau no era más que una sucursal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el ínclito Millet era la ventanilla necesaria para que el tejemaneje fluyera con el sigilo y la eficacia necesaria.

El expolio del Palau de la Música es, por encima de otras consideraciones, un insultante caso de presunta financiación irregular, desaforada y nada disimulada de CDC

Es verdad que, para algunos, el caso Palau supone un ejemplo casi novelesco del grado de perversión, putrefacción y sinvergonzonería de dos tipos, Fèlix Millet y Jordi Montull, que robaron a manos llenas con el descaro de quienes se sienten amparados por su pedigrí social y político, un estatus que, sin embargo, no les impidió cometer actos propios de ladronzuelos y caraduras de baja alcurnia.

Pero el caso Palau es mucho más que la historia de dos makinavajas adosados a un cohibas y amparados por la capa protectora del pujolismo.

El expolio del Palau de la Música es, por encima de otras consideraciones, un insultante caso de presunta financiación irregular, desaforada y nada disimulada de CDC. Grandes constructoras pasaban por la taquilla del Palau y recibían el premio en forma de tajada urbanística en alguna de las grandes infraestructuras públicas en construcción: “Yo te invito a comer aquí, pero la cuenta la pagas tú allí". Eso fue el pujolismo.

Según el fiscal, Convergència es responsable civil subsidiaria a título lucrativo por las mordidas que empresas como Ferrovial pagaron en ventanilla. Más de seis millones de euros en sobrecitos, según ha acreditado Anticorrupción. El juez lleva a juicio a CDC pero antes le ha embargado 15 sedes para hacer frente a su eventual responsabilidad civil.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled solicita más de siete años de cárcel para el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

A tenor de lo visto y leído, lo del Palau es, supuestamente, una pieza fundamental de un engranaje criminal destinado a financiar al partido y a los del partido.

El juicio, que se celebrará en la sección décima de la Audiencia de Barcelona, va a sonrojar a más de un convergente a pesar de los cortafuegos que desplegó la cocina de CDC desde el mismo momento en que los Mossos irrumpieron en el Palau en julio de 2009.

El 'caso del 3%' tiene con una nuez en la garganta a muchos de los del núcleo duro de Pujol y de aquellos otros correligionarios que reconocen que la capa protectora del caudillo ya no desprende calor ni confort

Este es una tema casi cerrado. Pero no olvidemos que existe otro recién abierto que parece prolongar en el tiempo y el espacio esa forma perversa y descarada de entender las relaciones entre el poder político y los referentes sociales y económicos. Se trata del caso del 3% que se investiga en un humilde juzgado de El Vendrell y que tiene con una nuez en la garganta a muchos de los del núcleo duro de Pujol y de aquellos otros correligionarios que reconocen que la capa protectora del caudillo ya no desprende calor ni confort.

Miedo político al miedo penal. En el llamado caso del 3% (o Catdem), CDC no ha sabido diseñar los cortafuegos precisos (ni a tiempo) porque el puñetazo les ha llegado por detrás, por donde menos se esperaban, y les pilló con el paso cambiado, sin plan b. El juez es un joven desconocido, los fiscales trabajan en Madrid y la Guardia Civil pertenece a la comandancia de Tarragona. Esa ventaja es con la que juega Anticorrupción, que hurga en los recovecos de una pieza secreta administrando el miedo de aquellos que se saben culpables. El miedo induce al error y a la cobardía. Y ahí está el fiscal con la caña.

El caso Palau es un mal trago. El caso 3% puede ser una pesadilla. Y Daniel Osàcar está imputado en ambos.