En el contexto de la campaña de desprestigio internacional de la democracia española que emprendió tras su fuga Puigdemont y su círculo (la boutade del “Govern en el exilio” no aguantaba el más compasivo examen de racionalidad) y del inicio oficioso de la campaña electoral para las autonómicas catalanas, hay que situar la indecorosa instrumentalización que el presidente del Parlament viene haciendo en las últimas horas de las prerrogativas y dignidades inherentes a su cargo como primera autoridad de Cataluña, al estar vacante, precisamente por su culpa, el cargo de president de la Generalitat.

Cuesta creer que en los escasos dos meses que quedan para la automática disolución del Parlament, su presidente cumplirá con la única obligación legal que le compete, que es la de proponer al pleno un candidato con probabilidades de presidir la Generalitat y que no esté afecto a causas de inhabilidad actuales o potenciales. En el separatismo se ha dado ya el pistoletazo de salida a la campaña, de ahí que se recuperen a sabiendas candidaturas legalmente inviables, como la de Puigdemont, preso en Alemania por tiempo indefinido que puede superar incluso el plazo para la disolución automática del Parlament, o la del igualmente preso Jordi Sànchez, quien parece que anunció la renuncia al escaño sin hacerla nunca efectiva, olvidando que su procesamiento por rebelión le inhabilita --como a los otros doce incriminados-- tan pronto sea firme el auto del 23 de marzo.

Tenemos por delante por tanto varias semanas de utilización en fraude de ley de la posición del presidente de la cámara, desde la que se harán una tras otra declaraciones partidarias y de menosprecio de la justicia, de la democracia española y de las posiciones constitucionalistas, todo ello disfrazado de declaraciones “institucionales”, lo que servirá de coartada a los medios públicos catalanes para sortear cualquier atisbo de neutralidad que le pudiera quedar para hacer de nuevo de altavoz del separatismo. Otro tanto cabe esperar del uso aberrante y partidista de los espacios y entornos institucionales, sea el propio Parlament o la propia mesa de portavoces dominada por el separatismo.

¿Tiene sentido que el Estado permanezca inerme dando durante meses generosas cuotas de poder institucional a quien lo instrumentaliza persistiendo en el perjuicio del interés general?

A la situación anterior se suma la continua labor de agitación en la calle de los partidos separatistas, que, coordinados con las organizaciones seudociviles que sostienen y esos matones autodenominados "Comités de Defensa de la República", mantendrán el ambiente intimidatorio en las calles con continuas algaradas y disturbios ante la liviana contención de unos Mossos que cada día se muestran más incapaces de garantizar los derechos y libertades de los catalanes no separatistas.

Siendo ese el escenario, no cabe olvidar que el artículo 155 está en vigor mientras no tome posesión un Govern legítimo, y que nada impide al Senado modificar su alcance y contenido y hasta volver a disolver el Parlament sin tener necesariamente que convocar elecciones como hizo Rajoy. Mejor tarde que nunca, y lo que no se hizo en octubre con ese 155 puramente nominal quizá haya que hacerlo ahora ante un agravamiento de la situación. Y si el PSOE no quiere, que lo diga públicamente, en el bien entendido de que su voto no es ni siquiera necesario para la mayoría absoluta requerida en el Senado para dar el alcance necesario y para el que está pensado el 155. ¿O es que alguien cree honestamente que con el paisaje descrito la autonomía que quebró sus obligaciones en perjuicio del interés general las está cumpliendo actualmente? ¿Tiene sentido que el Estado permanezca inerme dando durante meses generosas cuotas de poder institucional a quien lo instrumentaliza persistiendo en el perjuicio del interés general?