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En 1936, Josep era vigilante nocturno en una fábrica de Girona, ciudad en la que vivía con su mujer y sus tres hijos. Una noche descubrió a unos ladrones y los denunció, siendo éstos juzgados y condenados por robo. Estalló la guerra y Josep, católico y republicano, tuvo que ir al frente. Formaba parte de una brigada encargada de volar puentes. Vio y sufrió mucho, pero no disparó un solo tiro. Cuando volvió a casa, supo que su hija pequeña había muerto de meningitis, la ciudad se moría de hambre y casi no había trabajo. Una noche, hombres armados vinieron a buscarle para matarlo. La dueña de la panadería que le conocía fue a avisarle y le ofreció refugio. Revolvieron todo, jurando vengarse de aquél rojo miserable que en su día les denunció por robar en la fábrica. Ahora ellos eran los vencedores y se lo iban a hacer pagar. En la oscuridad del sótano donde se hallaba, Josep tuvo miedo por su mujer y sus hijos, pero gracias a la ayuda de vecinos consiguieron escapar e iniciar una nueva vida, primero en Vidreres, un pequeño pueblo a veinticuatro kilómetros, y más tarde en Barcelona.

La Ley de Memoria Histórica se publicó para reconocer a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco, y uno de los aspectos que regula es la supresión de símbolos franquistas. La ley, en su artículo quince, apartado primero, insta a las administraciones públicas a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos de exaltación de la represión franquista. Consecuencia de ello, existen casos como el de la localidad extremeña de Villafranco del Guadiana. Un abogado ha denunciado a los regidores de esta localidad y a los de la vecina Guadiana del Caudillo por incumplimiento del indicado artículo debido a que los topónimos hacen referencia al dictador. Hay opiniones para todos los gustos. El propio alcalde de Villafranco afirma que la Ley de Memoria Histórica no debería de cumplirse en ningún lugar porque lo que está haciendo es crear enfrentamientos entre vecinos. La regidora socialista cree que debe aceptarse el cambio para cerrar heridas. Los vecinos están divididos.

Han pasado setenta y siete años desde el fin del conflicto y España sigue siendo el segundo país del mundo con más fosas comunes, solo superado por Camboya. En 2014 la ONU elaboró 42 recomendaciones, entre ellas, la más urgente, la recuperación de los cuerpos para que sus familias puedan despedirse, ya que considera que en España "desde el retorno a la democracia, se han dado pasos importantes aunque tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura". Las heridas seguirán abiertas mientras no exista la sensibilidad suficiente para cerrarlas por quien debe hacerlo y causarán enfrentamientos entre vecinos como los que tienen lugar por la retirada de símbolos y denominaciones de otra época.

La historia de Josep y su familia es real, como las de cientos de miles de personas que sufrieron un conflicto absurdo, recuerdos terribles que han marcado generaciones. La memoria debería ser eso, recordar lo que no puede volver a pasar.

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Graziella Moreno

Licenciada en Derecho por la UB con un postgrado en Derecho Civil Catalán. Funcionaria de la Administración de Justicia, primero como agente judicial (1991-1993) y después como oficial (1993-2002). Ingresó en la carrera judicial en 2002, ocupando plaza en los juzgados de Gavà, Amposta y Martorell y, desde 2010, en el Juzgado de lo Penal número 6 de Barcelona. Es formadora de la academia de oposiciones Eureka y del Centre d'Estudis Jurídics. Es autora del dossier 'El Codi Penal, part general' y de dos novelas: 'Juegos de maldad' (2015) y 'El bosque de los inocentes' (2016), ambas editadas por Grijalbo.