Al presentar el proyecto de ley por el que el Govern pretende implantar el voto electrónico para los residentes en el extranjero en las elecciones al Parlament, el conseller Maragall dijo confiar en obtener la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la ley. Al margen de que imagino que la oposición exigirá que este tema sea tratado en el marco de la ley electoral catalana, todavía pendiente desde 1980, en la que se dé igual valor al voto de todos los catalanes, sorprende que Maragall en este caso respete el Estatuto de Autonomía cuando se ha hecho una DUI con poco más de la mayoría absoluta, despreciando el Estatuto, la Constitución y las más elementales reglas de un Estado de Derecho.

En las mismas declaraciones, y en otras análogas, la última de David Bonvehí, se ha emprendido un giro argumental por parte de los que, ahora, se apuntan a la "moderación" en el sentido que es necesario ampliar la base del independentismo hasta alcanzar como mínimo el 50% de los votos en unas elecciones autonómicas. Se trata de que seguir pedaleando para no caerse de la bicicleta con un argumento tan inconsistente como el que pretendía legitimar la DUI con la mayoría absoluta del Parlament o en base al 1-O.

La celebración de un referéndum de independencia legal exige la previa reforma de la Constitución lo que implica, entre otras cosas, mayorías reforzadas en el Parlament y las Cortes. No caben atajos. Y el 50% de los votos en unas elecciones autonómicas legitiman para gobernar, pero nada más. Conviene recordarlo ante el silencio flemático de los políticos no independentistas. Todo lo demás son vías de hecho que llevan a la confrontación.

El discurso secesionista ha cuajado en parte de los catalanes, entre otras razones, porque nadie ha respondido, con los mismos medios propagandísticos, a las mentiras y medias verdades que se han ido repitiendo desde 1980. El Gobierno de España, y los partidos que se declaran contrarios a la secesión deberían haber aprendido la lección y no permitir que se monté otro relato ficticio basado en que con el 50% de los votos, esta vez sí, habría legitimidad democrática para exigir un referéndum sin necesidad de modificar la Constitución y, en caso contrario, la declaración unilateral de independencia estaría plenamente justificada.

No está mal que, después del intento de golpe de estado de septiembre y octubre de 2017, los independentistas, al menos algunos, recuerden que hay leyes catalanas, el Estatuto, que hay que cumplir. Pero que sea de verdad y siempre. No sólo cuando les convenga. Ahora buscan embaucar a algún partido no secesionista para aprobar el voto electrónico que creen les dará más opciones de llegar al 50% de los votos para volver a las andadas o, al menos, para hacérselo creer a sus bases.

Los planes independentistas de superar el 50% se basan también en voto joven derivado del adoctrinamiento escolar, y ya hemos visto en Quebec y en el Reino Unido que los jóvenes no quieren fronteras que limiten sus posibilidades.

En todo caso es conveniente insistir en que el 50% de voto en unas autonómicas no legitima en sí mismo para nada más que para gobernar, si los partidos que los han obtenido se ponen de acuerdo para ello. A ver si los políticos no independentistas lo dicen públicamente ya que, de momento, el silencio es atronador.