Más palabras que hechos en cien días

José Antonio Sorolla
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El calendario ha querido que coincidan los 100 primeros días del Govern de Pere Aragonès y el inicio del curso político. Un doble motivo para hacer balance y para valorar con qué perspectivas se afronta la reanudación de la actividad política después de un mes de agosto en el que, por primera vez en muchos años, no ha habido prácticamente ruido mediático sobre el procés, más allá de las reclamaciones de la ANC, que, cada vez más alejada de la realidad, pide la aplicación inmediata de la independencia, como si eso dependiera de la agitación de una varita mágica.

De los 100 primeros días del Govern encabezado por Esquerra Republicana hay que destacar, sobre todo, un cambio en las formas si comparamos este inicio con el mandato de Quim Torra. En el partido republicano destacan que se ha recuperado la seriedad, que la Generalitat ya no es menospreciada desde la propia institución como un “ente autonómico” y que ahora no existen ya dos gobiernos, como en la etapa de Torra, sino uno solo. Esto puede ser cierto, pero las discrepancias de fondo entre Junts per Catalunya y ERC siguen muy vivas, como destaca la oposición y se puede observar un día sí y otro también a propósito de la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Otro déficit en el que coinciden todos los sectores es la falta de impulso legislativo, con la presentación de un solo proyecto de ley en estos 100 días. Además, el inicio de la legislatura se caracteriza más por las palabras, por las buenas intenciones, que por los hechos. En el discurso de investidura, Aragonès prometió un plan de choque social con una dotación de 700 millones de euros para los primeros 100 días, destinado a las familias más vulnerables y a reducir las listas de espera de la dependencia. Pues bien, cuando se cumple la fecha en que todos los gobiernos se someten a un primer examen tras tomar posesión, de ese plan solo se conoce el nombre.

Las entidades sociales son más críticas con el Govern que las patronales. Las primeras destacan la inacción mientras que las segundas ven signos positivos en la recuperación del diálogo con el Gobierno central, en el acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat, en las ayudas a la industria, en el diálogo social y en las ayudas directas a empresas por el covid-19, aunque rechazan la intención de pactar los presupuestos de 2022 con la CUP.

Precisamente la aprobación de los presupuestos antes de fin de año es uno de los retos del curso que se abre ahora, después de que el Govern renunciara a presentar unas cuentas para el 2021, una medida muy criticada por la oposición. El conseller de Economía, Jaume Giró, tiene asumido, pese a sus antecedentes, el pacto que ERC suscribió con el partido antisistema y que incluye la aprobación de los presupuestos, con más dinero para sanidad, educación y vivienda, pero no deja de ser sorprendente que el primer socio para sacar adelante las cuentas de la Generalitat sea la CUP.

Aunque Salvador Illa se ha ofrecido para negociar sobre los presupuestos catalanes --y de paso sobre los del Estado--, Aragonès y ERC siguen empeñados en rechazar cualquier acuerdo con el PSC, lo que no deja de ser contradictorio cuando va a iniciarse a mediados de mes la negociación política en la mesa de diálogo con el Gobierno de Sánchez. ERC ha defendido, al menos hasta ahora, que hay que separar ambas negociaciones ---la de la mesa y la presupuestaria--, pero el boicot al PSC en Cataluña no tiene ningún sentido.

La mesa de diálogo es una de las citas más destacadas de la rentrée política. El Gobierno de Sánchez  va a reiterar su negativa a negociar sobre la autodeterminación y la amnistía, principales reivindicaciones de los independentistas. El martes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, salió al paso de la nueva idea expresada por Aragonès en TV3 de que Cataluña pueda celebrar un referéndum y convertirse en Estado independiente antes del año 2030. Plantear esto no es el camino para encauzar la mesa de diálogo, vino a decir la ministra de Política Territorial.

En realidad, ERC es el único partido independentista que apuesta por la mesa de diálogo. Ni la CUP ni Junts per Catalunya confían en que sirva para algo y el partido de Carles Puigdemont se encarga, a través de sus portavoces, de recordarlo cada día. Elsa Artadi, por ejemplo, ha llegado a dudar de si habrá más de una reunión o si todo se encallará en la primera cita, como ya ocurrió tras la única sesión celebrada en febrero del 2020, aunque en este caso la suspensión de otros encuentros fue debida en gran parte a la pandemia y a la celebración de las elecciones en Cataluña. Junts ni siquiera acepta esperar dos años, hasta 2023, para ver los resultados y anuncia que hará una evaluación “continua”. No será difícil acertar el diagnóstico del partido que comparte el Govern con los republicanos.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.