Esta semana la Mesa del Parlament ha llegado a una solución mágica para seguir adelante con el proceso independentista tras muchas negociaciones y luchas de egos: más de lo mismo. No hay forma de que una parte de los políticos catalanes acepten el sistema legal español y dicho colectivo prefiere seguir burlándose de la inteligencia de la otra parte de catalanes que no piensan como ellos.

En el texto que ha presentado la fuerza independentista, en referencia al 1-O --recordemos: referéndum ilegalmente convocado, constituido y celebrado-- "se exige que cesen las injerencias del Estado con las que se pretende impedir la materialización de la voluntad democrática... legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación de Cataluña".

¡Tantas horas de declaraciones y arrepentimiento llevadas al traste! ¿Es que piensan que esa frase no lleva implícita el claro reconocimiento a la legitimidad de aquel referéndum ilegal y que, unos más que otros, habían negado ante el luez Llarena? Entre estos se encuentra el mismo Jordi Sànchez que admitió el pasado 11 de enero que el referéndum del 1-O fue ilegal. ¿Es que piensan que no sabemos leer ni interpretar el sentido de lo que se dice? Es más, ¿es que creen que el instructor no va a leerlo?

Por lo demás, el texto acordado por las fuerzas independentistas denuncia "la destitución ilegal e ilegítima del presidente de la Generalitat y su gobierno mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución". Destitución "ilegal" e "ilegítima" que está prevista en la Constitución española. Pero es que con esta declaración institucional se le colma de razón al juez Llarena, quien en un auto fundamentó la procedencia de la prisión provisional bajo el riesgo de reiteración delictiva so pretexto de "la incerteza que existe de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal para lograr la aspiración de la independencia que aún hoy comparte el investigado".

Los miembros de la Mesa que han votado la declaración independentista no solo se exponen a un nuevo delito de desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional sino también a otro de prevaricación

No solo se exponen a un nuevo delito de desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional los que han votado a favor de tal declaración, sino que es posible que alguien se plantee que quizás lo que pueden cometer estas autoridades es un delito de prevaricación. Y ello porque, pese a las advertencias de los letrados del Parlament y las quejas de los otros grupos parlamentarios, dictan una propuesta de resolución que sigue siendo arbitraria, ilegal e ilegítima, y lo hacen a sabiendas de ello.

Defienden los independentistas, en la citada resolución expuesta en el Parlament el jueves, que el Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó fue escogido por la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña el 10 de enero de 2016, fue avalado a raíz del resultado de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y sigue contando con la mayoría parlamentaria suficiente para poderle ratificar la confianza como presidente. Y la verdad es que, visto así --obviando las consultas ilegales y presuntamente constitutivas de delitos-- tienen razón. Lo que sucede es que omiten que el problema es que el señor Puigdemont no tiene lo que hay que tener para volver a su amada Cataluña y coger las riendas de esta "tierra oprimida" por el Estado español. El señor Puigdemont dejó en la estacada a sus compañeros de partido, varios de los cuales han ingresado en prisión preventiva, por la presunta comisión de delitos. No por pensar como piensan, sino por cometer delitos, eso sí, no los delitos de corrupción, que son los únicos que los independentistas recogen en sus estatutos como invalidantes de la condición de militante.

Sea como fuere, la verdad es que más parece que asistimos al nacimiento de un líder de una secta, entendida como aquella que gira en torno a las enseñanzas de una persona --que dice ser un "elegido" para una importante misión en la tierra-- que a un debate coherente y discrepante, como debe ser, para conseguir formar gobierno en Cataluña y comenzar a hacer eso que hace ya muchos, muchos meses que no hacen y es gobernar para todos los catalanes y catalanas, así como para los que no siéndolo vivimos y votamos en esta maravillosa tierra.