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La política de la bronca permanente

José Antonio Sorolla
6 min

Desde la aparición del coronavirus en España, la derecha política y mediática puso el foco en la manifestación feminista del 8 de marzo impulsada por un Gobierno que la oposición derechista ha considerado “ilegítimo” desde el primer momento. La campaña fue intensa, y ni siquiera les frenó que, al contrario que otros años, dirigentes del PP sí que habían participado en la manifestación, un dato que por sí solo restaba credibilidad a sus acusaciones. Si estaba tan claro que la marcha del 8-M fue decisiva para expandir el virus, ¿por qué acudieron dirigentes del PP y no denunciaron con su ausencia el peligro de contagio? Mientras tanto, otros acontecimientos masivos, como los partidos de fútbol o el mitin de Vox en Vistalegre, eran minimizados o simplemente olvidados.

Ahora, dos meses y medio después, la juez Carmen Rodríguez-Medel convierte aquellas acusaciones ventajistas hechas a posteriori en una causa penal por la denuncia de un particular --en estos casos siempre hay sospechosos particulares-- nada menos que por homicidio por imprudencia. La juez ha descartado este delito, pero ha imputado por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no impedir la manifestación, apoyándose en un informe de la Guardia Civil plagado de especulaciones, medias verdades, datos sesgados y  suposiciones sin respaldo acreditado, en el que se sostiene que antes de la marcha ya se conocía el peligro de contagio y debía haber sido impedida .

La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos --el coordinador del desgraciado operativo policial contra el 1-O-- al frente de la Comandancia Madrid ha desatado una crisis entre el Ministerio del Interior y la cúpula de la Guardia Civil y una bronca política, un nuevo episodio de la crispación que se ha convertido ya en permanente desde que tomó posesión el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La cuestión primordial es saber si el ministro Fernando Grande-Marlaska interfirió en la actuación de la Guardia Civil como policía judicial, algo que no puede hacer y él lo sabe perfectamente porque ha sido durante 30 años juez, parte de ellos en la Audiencia Nacional, y se ha encargado de casos conflictivos como el caso Faisán del supuesto chivatazo a ETA.

Como siempre ocurre, una parte del espectro político lo duda, pero la otra lo tiene clarísimo. Al mismo tiempo, ya han hecho acto de presencia los expertos habituales, en este caso jurídicos, pero que responden también a intencionalidades políticas. Unos consideran, como parece evidente, que el ministro tiene perfecto derecho a destituir a un cargo de confianza, pero los otros llegan a aventurar que, con el cese, Marlaska ha podido cometer hasta un delito. Las opiniones opuestas de los expertos se corresponden, claro, con las posiciones de los partidos del Gobierno y de la oposición, respectivamente. Cualquier día aparecerán, si no lo han hecho ya, varias encuestas, unas dando la razón a Marlaska y otras a Pérez de los Cobos.

Es la técnica habitual de todos estos escándalos que suben como la espuma igual que se esfuman cuando surge el siguiente. No hay que ser ni jurista para saber que es muy difícil, si no imposible, establecer una relación de causa-efecto y delimitar responsabilidades penales entre la celebración de una manifestación y la expansión del virus. Lo afirman meridianamente el informe forense y la Abogacía del Estado, que considera que en aquellos momentos, el 8-M, no había suficiente información como para suspender derechos fundamentales, esos mismos derechos que se suspendieron con el estado de alarma y que el PP, cuando sí que había motivo para la suspensión, no ha dejado de reclamar que se restablezcan. La hipocresía y el ventajismo político no tienen límites.

Quiere decirse con todo esto que lo de menos son las responsabilidades en que alguien pueda haber incurrido. Lo importante es la bronca perpetua, que esta semana alcanzó niveles desconocidos con las alusiones de Cayetana Álvarez de Toledo al padre de Pablo Iglesias o con las acusaciones provocadoras del vicepresidente del Gobierno a Vox. Mientras tanto, el coronavirus sigue sin estar del todo controlado; Nissan anuncia el cierre de sus fábricas en Cataluña, con una posible pérdida de 25.000 empleos, y el Congreso apenas debate el acuerdo de la UE para aprobar el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros (más de medio millón por primera vez a fondo perdido), ya que la comisión sobre la reconstrucción económica se ha convertido en un nuevo terreno para el pim, pam, pum.

Dentro de poco, el revuelo organizado por las posibles responsabilidades al autorizar el 8-M quedará en nada y, si la juez se empeña en seguir adelante con las imputaciones, el caso será archivado seguramente por un tribunal superior. Al tiempo. Pero la bronca ya habrá conseguido sus objetivos.  

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.