Los apaños perpetrados por las empresas para obtener lucros abusivos están a la orden del día. Son multitud los altos directivos que maquinan de continuo a fin de burlar las leyes defensoras de la libertad de mercado y esquilmar a la inmensa grey del pueblo llano.

Tales gatuperios destilan con harta frecuencia un penetrante tufillo siciliano. Consisten en que varias compañías se conchaban entre sí, bajo cuerda, mediante la creación de cárteles, es decir, unos montajes ilícitos a cuya sombra intercambian información comercial sensible, se distribuyen a placer la clientela por zonas territoriales y desarrollan otros hábitos inconfesables.

El objetivo último de tamaño andamiaje no es otro que propulsar los precios de venta de sus mercancías hasta cotas desmesuradas y, así, conseguir vertiginosos incrementos de sus beneficios.

Por fortuna, los poderes públicos no bajan la guardia en su lucha sin cuartel contra semejantes fechorías. Resulta muy ilustrativa, a este respecto, la labor de destape que cada dos por tres efectúa el organismo encargado en España de detectar los desafueros, a saber, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta semana, sin ir más lejos, reveló que ha propinado una sanción de casi 6 millones de euros a dos industrias farmacéuticas, filiales respectivas de la suiza Novartis y la luxemburguesa Glo Holdco. Una y otra delinquieron al fundar un cártel para repartirse la venta de aparatos médicos de detección del cáncer. Los pactos perduraron, al menos, desde 2014 hasta 2018. Gracias a ellos, ambos consorcios cobraron tarifas exorbitantes a una pléyade de hospitales públicos y privados de nuestro país.

La propia CNMC ha condenado en los últimos meses otros varios contubernios de parecido estilo. Así, en enero desmanteló una trama de seis fabricantes de carbón industrial. Para ocultar sus pasteleos, el sexteto había urdido tres cárteles distintos y paralelos. Algunos de ellos estuvieron en vigor durante 20 años.

Los pillados con las manos en la masa de este episodio son Candel, Capex, Félix de Inchaurraga, GM Energía, Grafitos Barco y Toro. En conjunto, se les “recetaron” multas por valor de 3,5 millones.

El año pasado, el ente regulador desenmascaró otras muchas componendas secretas. Es de citar una alianza de tres sociedades para acaparar los contratos de suministro de dispositivos destinados a la Agencia Estatal de Meteorología. Las interfectas son Adasa Sistemas, Schneider Electric España y DTN Services & Systems Spain. Les ha caído un correctivo de 610.000 euros.

También son dignos de nota otros casos de colusión concernientes a la eléctrica Enel y su filial Endesa, a la aseguradora DKV y a los laboratorios Leadiant Biosciences e Isdin.

Por último, un escándalo mayúsculo, ante el cual palidecen los guarismos transcritos hasta ahora. Resulta que el órgano supervisor descargó un varapalo de 47 millones sobre una veintena de entidades, por irregularidades cometidas en sus servicios de consultoría a diferentes administraciones. Las partidas de más bulto corresponden a tres miembros de la flor y nata de la auditoría mundial, a saber, Deloitte, con 17,2 millones, Pricewaterhouse Coopers con 10,4 millones y KPMG con 10,2 millones.

La CNMC dispone, desde 2008, de una palanca formidable para sacar a la luz los cambalaches empresariales. Se trata de la figura de los delatores. Gracias a éstos, la pista sobre las conspiraciones en marcha se la proporciona repetidas veces alguno de sus mismísimos protagonistas. Cuando les sobrecoge el temor a ser pillados, acuden a la CNMC para confesar sus chanchullos y autoinculparse. A cambio, reciben un trato de favor en forma de una drástica rebaja de los escarmientos.

Como vamos viendo, por nuestras latitudes quien no corre, vuela, a la hora de pactar con sus rivales la fijación de precios y la asignación de cupos comerciales monopolísticos. Todo sea a mayor honra y gloria del insano objetivo de estrujar los bolsillos de los ciudadanos corrientes.

Por desgracia, el ansia irresistible de amasar ganancias rápidas ha cobrado fuerte arraigo y las castas infractoras se mueven a placer, amparadas por una impunidad exasperante.

En el fondo, ello no debería sorprendernos demasiado. Ocurre que las hechuras morales del país se hallan en proceso acelerado de descomposición. Y que la corrupción anida en los ámbitos más encumbrados del Gobierno y de las autonomías.

Si las élites dirigentes nadan en un lodazal de podredumbre, se comprende que el virus de los trapicheos ilegales se haya propagado irreprimiblemente, como el siniestro Covid, por toda la espina dorsal de la sociedad.