La fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación a raíz de una querella interpuesta por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución (ACC). En ella se denuncia a la alcaldesa Ada Colau, a los exregidores Gala Pin y Gerardo Pisarello, más la pareja de este último, Vanesa Valiño, adscrita a la concejalía de Vivienda del consistorio.

Se les acusa de una ristra de supuestos delitos que van desde el tráfico de influencias a la prevaricación y la malversación de caudales públicos, pasando por el fraude en la contratación mediante el reparto arbitrario y discrecional de subvenciones.

Según datos del propio municipio, Ada Colau obsequió en el último cuatrienio con ayudas “gratis total” a multitud de entidades de su complacencia, por importe de más de 300 millones. Como es obvio, extrajo este dineral, hasta el último céntimo, de las tasas, contribuciones y otras gabelas que sufragan los habitantes de la urbe.

Los destinatarios de esa riada de bicocas componen una extensa colección de cooperativas, agrupaciones, empresas y covachuelas de todo pelaje.

ACC centra su denuncia en cuatro tinglados sobre los que año tras año se vuelcan caudales provenientes de las arcas de la capital catalana. Se trata de Observatori de Drets Humans-Desc, Enginyers Sense Fronteres, Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Alianza contra la Pobreza Energética.

Casualidades de la vida, resulta que en el primero de ellos trabajaron todos y cada uno de los cuatro querellados. En el segundo anduvo Eloi Badia, actualmente concejal de Emergencia Climática. El famoso Juan Palomo era un aprendiz al lado de semejantes espabilados y su magnánima benefactora.

Tras conocerse las pesquisas de la fiscalía, Colau ha recurrido a la sobada treta de echarle la culpa al maestro armero. En esta ocasión, el maestro armero es Xavier Trias, quien ocupó la alcaldía en el periodo 2011-2015.

Según Ada, es Trias el primero que otorgó auxilios financieros a Desc. Y en eso tiene toda la razón del mundo. Porque, en efecto, así fue. En aquella época, la lideresa antisistema ejercía la curiosa actividad de agitadora callejera. Tenía por costumbre disfrazarse de superheroína y acudir a algunos actos del ayuntamiento, para reventarlos mediante estruendosas escandaleras.

Algún alma piadosa sugirió entonces a Trias que engrasara con generosidad a Desc, pues así tal vez cesarían las protestas iracundas de Colau. Así lo hizo Trias y se obró el milagro. La interfecta dejó de perpetrar sus espectáculos, no sin embolsarse el sueldo que el Observatori Desc le venía abonando por sus desvelos en favor de los derechos humanos universales.

La querella del grupo de abogados se refiere a lo ocurrido los últimos años con el cuarteto de andamiajes transcrito. Pues bien, resulta que percibieron recursos oficiales por valor de 3,4 millones, de los cuales fueron a parar a la caja de Desc 1,2 millones.

Las cuentas de este chiringuito, publicadas por Crónica Global, son todo un poema. Para empezar, su opacidad apesta a distancia. Pese a los requerimientos informativos de este medio, sólo hemos podido acceder a las de 2017. Las de 2018, 2019 y 2020 no están disponibles, según los empleados de Desc, por “un problema técnico”.

Juzgue el lector a la vista de los números. En 2016, Desc facturó en total 255.000 euros. De ellos, 244.000 corresponden a la sopa boba llovida de la plaza de Sant Jaume y de otros centros administrativos. O sea que el 95% de sus entradas son genuina mamandurria. Pero lo más enternecedor es observar el paradero de tales fondos. Desc se fundió 153.000 en la paga de los propios directivos y empleados, 45.000 en contratar “servicios profesionales independientes” externos y otros 10.800 por el alquiler del local que ocupa.

Un año después, la cosa no varía mucho. Sus ventas se cifraron en 350.000 euros, de los cuales 326.000 provienen del momio de diversos organismos, incluido el propio ayuntamiento. En este caso, 171.000 los acaparó la nómina de la plantilla. En suma, Desc constituye algo bastante parecido a una merienda de subsaharianos, con cargo al erario.

No hay que ser un lince para concluir que semejante entramado no subsistiría sin las gangas procedentes del infierno fiscal en que Barcelona se ha convertido.

Ya se verá en qué queda la querella presentada por los juristas del Principado. Pero clama al cielo que la corporación local dilapide cada año cerca de 80 millones en mordidas a unos entes que, sin esos chollos, estarían condenados al cierre inmediato. Y mucho menos es aceptable que los receptores de la pasta sean los mismos antros donde antaño se ganaron la vida los políticos que ahora los favorecen con total desfachatez.

La mujer del César no sólo ha de ser honrada, también ha de parecerlo, decían los romanos. En el caso de la edil ultraizquierdista de la Ciudad Condal, su cabeza huele a chamusquina, pues las apariencias destilan un penetrante tufillo de corrupción.