Los chanchullos de CiU, por fin en el banquillo

Gonzalo Baratech
7 min

El nuevo año llega trufado de una serie de escándalos que tienen de figura estelar a la extinta Convergència i Unió y a varios de sus jerarcas supremos. Se trata de viejos episodios que durante largo tiempo estuvieron empantanados en los inextricables vericuetos de la justicia y experimentaron dilaciones innumerables. Ahora, por fin, llegan a la hora de la verdad, es decir, a la vista oral.

La primera que pasará por el trance, este mismo mes de enero, es Unió Democràtica de Catalunya, el minúsculo socio de la coalición, liderado en su día por el incombustible Josep Antoni Duran Lleida. Según la fiscalía, las actuaciones ordinarias de este partido se financiaron en buena parte mediante el saqueo de las arcas de una fundación benéfica de su propia órbita, titulada Catalunya i Territori. A los máximos responsables de dicha entidad se les achacan diversos delitos, entre ellos la venta al partido de varios locales a precios ventajosos, claramente inferiores a los del mercado.

El mes siguiente, febrero, le toca el turno a Artur Mas. Este ciudadano ha batido, sin proponérselo, un triple récord. Me refiero a la ruina sucesiva de su carrera política, de su propio partido y del erario de la Generalitat. Todo a la vez y casi de un plumazo. Él mismo se ufanó en cierta ocasión de su “astucia” política. A la luz de los resultados, más bien semeja un cenizo de tomo y lomo.

El caballero no desplegó en vano sus ciclópeos esfuerzos y sus desvelos infinitos. A título de premio por ellos, tiene asegurado un sueldazo vitalicio, más un despacho de lujo con secretarias, más escoltas, coche oficial y otros chollos. Por supuesto, todo ello a costa del dinero de los contribuyentes. Sus predecesores Montilla y Maragall disfrutan de idénticas prebendas. Ya se sabe: duelos con pan siempre resultan más llevaderos.

Artur Mas ha batido, sin proponérselo, un triple récord: la ruina sucesiva de su carrera política, de su propio partido y del erario de la Generalitat. Todo a la vez y casi de un plumazo

El señor Mas habrá de sentar sus posaderas en el banquillo el próximo 6 de febrero. Se le acusa de perpetrar la consulta irregular del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal Constitucional le advirtió por activa y por pasiva de la ilegalidad del pseudo-referéndum. Tanto él como sus adláteres se pasaron las admoniciones olímpicamente por el arco de triunfo.

El ministerio público pide para el ex presidente 10 años de inhabilitación. Algo más benigno se muestra con las también imputadas Joana Ortega, ex vicepresidenta, e Irene Rigau, ex consejera de Educación. Les solicita 9 años. Justifica la diferencia entre las penas, en que Mas incurrió en prevaricación administrativa, mientras que Ortega y Rigau fueron simples cooperadoras para la comisión de los delitos.

Por un entuerto de orden parecido, está encartada la presidenta del parlamento autonómico Carme Forcadell. Aunque todavía no se ha fijado la fecha del juicio, se prevé que arranque en los meses venideros.

Así, pues, los cuatro principales prebostes del desafío separatista habrán de explicarse ante los jueces durante el año que ahora comienza. A ellos acaba de unirse el inefable Francesc Homs por los mismos motivos. Si recae condena, la grey de los independentistas tendrá oportunidad de elevar de golpe cinco mártires a los altares nacionales.

Otros tres asuntos de cierto calibre se ventilarán en breve, aparte de los que acabo de transcribir. En marzo aguarda el juicio del caso Palau. Siete años van transcurridos desde que se descubrió el espectacular expolio de la institución musical. Convergència se sirvió de ella presuntamente para trasegar casi 7 millones de euros de comisiones cobradas de la madrileña Ferrovial, a cambio de contratas.

Como dijo el jurista Serrano Súñer, hoy de moda, no hay mal que cien años dure, ni deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla

La ciudad de la justicia en Hospitalet de Llobregat y la línea 9 del metro son dos de los trabajos que según los fiscales se adjudicaron a Ferrovial, previo pago de las mordidas pertinentes.

En mayo se juzgarán los cambalaches de siete capitostes de Adigsa, gestora de las viviendas sociales de la Generalitat, tras casi una década de instrucción. Esta entidad solía confiar las obras a empresas “amigas”, sin concurso y previa percepción de una suculenta coima.

Por último, a la vuelta del verano se verá el embrollo de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), estrechamente ligada a CiU. Se atribuye a sus altos cargos Josep Maria Matas, ex secretario general, y Xavier Solà, ex jefe de los servicios jurídicos, la sustracción de los fondos del organismo.

Entre ambos se embolsaron un millón de euros mediante el pedestre procedimiento de emitir facturas falsas. La fiscalía les pide cinco años y medio a la sombra.

En resumen, siete vetustos embolados enfilan la recta final. La justicia es lenta, pero inexorable. Como dijo el jurista Serrano Súñer, hoy de moda, no hay mal que cien años dure, ni deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Un par de milenios antes ya lo había proclamado Horacio: “la justicia, aunque anda coja, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”.

Artículos anteriores
¿Quién es... Gonzalo Baratech?
Gonzalo Baratech

Baratech forma parte de una estirpe periodística catalana de larga tradición. Licenciado en Administración de Empresas por la European University y máster en Social Media Branding & Digital Strategy por La Salle-Universidad Ramón Llull, es coautor del libro Mas-Colell, el ‘minessoto’ que fracasó en política, de reciente publicación. Ha colaborado en Economía Digital y con anterioridad en La Vanguardia Digital y el diario Avui.

¿Quiere hacer un comentario?
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información