El trampantojo lingüístico

Carlos Mármol
9 min

Uno de los debates que mejor definen el deterioro de la democracia en España, cuya misión debería ser diluir los dogmas naturales como patrones únicos de conducta social, es si tiene más valor jurídico una ley sancionada o los acuerdos políticos coyunturales adoptados por una mayoría representativa. La cuestión tiene algo de metafísica y, al mismo tiempo, recuerda al viejo acertijo del huevo o la gallina. ¿Qué vale más? ¿Una coyunda o lo que dicta la ley? Se trata de una discusión recurrente. Entre otras cosas porque quienes legislan --meros empleados de los distintos partidos políticos-- acostumbran a tener una visión sagrada de su función que les hace considerar, en un alarde de vanidad, que gozan de inviolabilidad e infalibilidad. Dos atributos divinos.

La patología es general. No está circunscrita a un territorio concreto. Es indiscutible que el nudo del procés la formuló al oponer la legislación constitucional al pacto independentista. La diatriba vuelve a repetirse ahora a cuenta del uso de las lenguas en Cataluña. Y también fue una de las falacias a las que se agarró el PSOE en Andalucía para desacreditar la investigación judicial por el escándalo de los ERE, alegando que “un Parlamento [los presupuestos que fueron saqueados por los dirigentes socialistas, con la excusa del paternalismo laboral, se aprobaban todos los años en la Cámara autonómica] no puede delinquir”. Argumento singular: aquellos que aprueban las leyes de todos se abstienen de cumplirlas. Ya saben: "Marchemos todos, y yo el primero", dijo Fernando VII.

La realidad, con independencia de la manipulación política, ese arte que consiste en retorcer los hechos para que no parezcan lo que son, es tan dura como el acero: los instigadores del procés fueron condenados por el Tribunal Supremo --e indultados caprichosamente por el Gobierno de Sánchez-- y todos los enjuiciados por los ERE, salvo dos, condenados en firme por los jueces. Un acuerdo entre partidos políticos no es --ni puede ser nunca-- de rango superior a la Constitución, que no nace únicamente de un pacto, sino que está sancionada por los ciudadanos. Básicamente hay tres motivos esenciales. Primero: en una democracia nadie, ni siquiera los legisladores, está al margen de la ley. La legislación es la democracia misma. Dos: ninguna mayoría puede anular los derechos de la minoría. Y tres: los acuerdos, sobre todo de ámbito autonómico, no pueden ejercer soberanía. En España, dado el presente marco legal, ninguna autonomía tiene este privilegio, por mucho que unos hablen de nacionalidades y otros defiendan un modelo federal que carece de sustento jurídico cierto.

De ahí que el acuerdo entre ERC, Junts, los comunes y el PSC, esa eterna brújula sin Norte, para (in)cumplir el fallo judicial del TSJC que en su día estableció un porcentaje obligatorio del 25% del castellano como lengua docente en Cataluña, vuelva a incurrir en una suerte de estafa: intentar hacernos creer una cosa y su contraria. Por un lado, los independentistas, que consideran una afrenta que muchos catalanes deseen que sus hijos sean educados en español, alegan que dicho acuerdo blinda la supremacía del catalán como lengua vehicular al calificar al castellano como “curricular” y no recoger el porcentaje establecidoo por la Justicia, trasladando su aplicación al criterio de los centros docentes cuya dirección controlan mediante las competencias en Educación. Por otro, los optimistas, que creen que, al margen de la cuestión nominativa, este acuerdo cumple la sentencia y consigue por primera vez que los nacionalistas acepten al español como lengua de enseñanza. ¿El fin de la inmersión? No lo parece.

Ninguna de ambas posiciones son realistas. Porque si bien es cierto que cada parte puede interpretar el acuerdo a su capricho, la evidencia es que, al no contemplar el porcentaje del 25% en castellano, lo que se sustancia mediante este pacto a cuatro bandas es una burla (concertada) de una resolución judicial que dará lugar a la prolongación ad infinitum de un procés lingüístico. Con los mismos fantasmas de siempre: los independentistas gritando No pasarán y los optimistas creyéndose victoriosos porque ven como un logro descomunal la leve distinción nominativa sobre la función de cada lengua.

Lo anómalo, en realidad, es la propia discusión. Con una sentencia judicial firme, los partidos políticos, salvo que deseen incurrir en insumisión para hacerse los mártires con vistas a sus respectivas tropas, no deberían hacer otra cosa más que cumplirla. El acuerdo, que cada parte vende como un logro, es un trampantojo. El nombre de la cosa es la cosa misma. Lo que sí es una novedad (siempre relativa) es que el PSC participe en el escabeche de intentar hacer pasar por natural lo que es un puro tinte. Nada, bien es cierto, que no sea coherente con su dedicado cultivo del arte de la hipocresía y el adolescente enaltecimiento del diálogo --en catalán, por supuesto-- en contra de los derechos de familias catalanas que han litigado con sus recursos frente a una administración fanática donde ayudar a la gente importa menos que fer país.

Si algún alma cándida creía que los acuerdos con los nacionalistas que sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa eran fruto del mero posibilismo, en vez de responder a una convicción íntima (y en el fondo nihilista), puede perder la esperanza o, directamente, levantarse de la siesta. Lo que han hecho los socialistas catalanes es colaborar como secundarios en un entremés que simula que su concierto (interesado) está al margen de la ley y que basta con cambiarle el nombre a algo para que deje de existir como por encanto.

No es que los socialistas catalanes sean ambiguos. Es que son relativistas profesionales. El pacto a cuatro obligará a impugnar la futura normativa y los reglamentos que la desarrollarán a capricho del Govern, prolongando así la batalla judicial y despreciando el deseo de muchos ciudadanos a educar a sus hijos en español. En Cataluña existirán en junio tres leyes sobre las lenguas oficiales que establecerán cosas diferentes. Un sindiós.

Siendo grave, no es lo peor. Lo inaudito es que haya quien diga --y quien crea-- que un acuerdo de parte puede obviar una ley general. Lo que decida un claustro nunca puede prevalecer sobre la sentencia de un tribunal. Ningún acuerdo político tiene la potestad de anular la legislación estatal. El TSJC fue expreso: debe impartirse un 25% de las clases en castellano en todos los centros docentes. Si es blanco y en botella, es leche. Todo lo que no sea hacer esto es prevaricar y reincidir en la equidistancia. Y ambas cosas son malas.

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¿Quién es... Carlos Mármol?
Carlos Mármol

Estudió Poética, pero desde hace tres décadas se dedica a esa literatura prosaica que es el periodismo. Comenzó su carrera profesional en El Correo de Andalucía (1990-1999). Más tarde formó parte del equipo directivo que fundó Diario de Sevilla (1999-2012), donde ha ejercido como subdirector, articulista y editorialista. Desde 2013 es columnista en los diarios La Vanguardia y El Mundo, además de coordinador editorial de Letra Global, el spin-off cultural de Crónica Global. Doctor en Teoría de la Literatura, máster en Literatura General & Comparada y licenciado en Filología Hispánica. Lee, escribe y viaja. No siempre por este orden.