Este año se han convocado oposiciones para docentes en la escuela pública de Cataluña, al igual que en las otras comunidades autónomas. En este momento hay, pues, miles de opositores preparando las oposiciones en España y su principal problema resultar ser uno insólito: comprender qué Ley de Educación nacional nos rige.

LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE y LOMCE. Siete leyes orgánicas de Educación hasta ahora. No es suficiente, por lo visto, y se ha elaborado una nueva, que se denominará LOMLOE, será aprobada próximamente y constituirá la octava Ley de Educación de la democracia.

Los sufridos opositores deben comprender, pues, que estamos a punto de aprobar la LOMLOE, que sustituirá a la LOMCE, pero no solamente a la LOMCE porque la LOMCE estaba recurrida y varios artículos troncales fueron anulados por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, por lo que se refiere a los artículos anulados, regía la anterior ley, la LOE. Con la previsible aprobación de la LOMLOE, las dos leyes anteriores quedarán derogadas y probablemente en los exámenes de oposiciones de junio, los candidatos y candidatas ya se referirán a esta nueva ley, o al menos así lo harán aquellos que hayan podido aclararse dentro de esta maraña legal.

¿Para qué necesita un país 8 leyes orgánicas de Educación durante el corto periodo de 40 años?

La comunidad educativa, es decir, el alumnado, el profesorado y las familias, obviamente, no necesitan este exceso legislativo que obliga a la educación a cambios constantes, con muchos de ellos realizados precipitadamente y con escasa reflexión, lo cual conduce a veces a agravar los problemas ya existentes. Además, provoca la sensación de que todo es transitorio y que el marco legal general puede cambiar en cualquier momento. No hay sensación de permanencia, el sistema es siempre relativo, mensajes ambos que no casan muy bien con la educación, la cual requiere estabilidad y confianza, además de, por supuesto, capacidad de apertura a lo nuevo.  

A quien sí le interesa cambiar la ley cada vez que empieza una nueva legislatura es a los partidos políticos. La educación es un mascarón de proa en el programa tanto del PSOE como del PP. Es un trofeo. Unos logran tirar adelante la, por ejemplo, LOMCE. La aprobó el PP en la primera legislatura de Rajoy, obra del polémico ministro Wert. Otros, los socialistas, elaboraron y aprobaron la LOE durante la presidencia de Zapatero. En cada caso de lo que se trataba era de mostrar a los convencidos de cada sector que su partido plasmaba legalmente aquello de lo que ellos hacían bandera.

Unos quieren cuidar a la escuela concertada, promover la excelencia y religión. Otros no quieren religión, quieren limitar los fondos de la escuela concertada y se centran en los estudiantes más desfavorecidos. Cada partido ve su posición irreconciliable con la del otro u otros (PSOE y Podemos van juntos en este tema y la LOMLOE, aunque elaborada por el PSOE después de la moción de censura, se presenta como obra del Gobierno de coalición).

En realidad, en aquellos puntos donde hay desacuerdo entre el PSOE y el PP, esta diferencia de opiniones no es insuperable. El promover la excelencia y potenciar a los buenos alumnos no es incompatible con medidas para favorecer a los alumnos provenientes de entornos precarios. Lo que se necesita es voluntad de estudiar los temas sin óptica partidista, intentando mantener la educación a salvo de la ideologización y la propaganda.

Y esto es lo que no hay. Lo que tenemos es precisamente lo contrario: a los partidos les gusta hacer bandera de la educación, aprobar leyes de forma atolondrada para mostrar a los suyos que han ganado a la oposición y que las escuelas serán como ellos quieren y no como quiere el adversario. Algunos debates son incluso ficticios. La religión, por ejemplo. No hay ni habrá religión obligatoria en las escuelas públicas. A estas alturas el tema debería estar zanjado. Pero no, porque da réditos. Unos quieren hacer ver que algo de religión introduce su ley; otros se vanaglorian de que ellos y su ley son el freno a la introducción de enseñanza religiosa en las escuelas.

También podemos observar otras líneas de continuidad en las sucesivas leyes, detrás de esta fachada de enarbolar unos constantemente la bandera de la educación progresista y laica y los otros, la educación conservadora y cristiana. Por ejemplo, cada nueva ley de educación ha ido consolidando más la autonomía pedagógica y organizativa de los centros educativos.

Aunque esta autonomía conduce a buenos resultados en algunos aspectos, otros han evolucionado de manera no tan favorable para el profesorado. Actualmente, y las sucesivas leyes han ido perfilando el nuevo modelo, las direcciones de los centros escolares se han hecho más profesionales, cobran un plus considerable y son escogidas por los inspectores y no por los propios profesores del centro. Cada nueva ley ha facilitado más la consolidación de este modelo de gestión de centros públicos, que es más bien un modelo copiado del sector privado.

Otra cuestión en la que, en realidad, no hay diferencias entre los dos partidos es en la cuestión de las lenguas. Ambos partidos, sea con la LOGSE sea con la LOCE y ahora con la LOMLOE evitan la inclusión de medidas para revertir la exclusión del español como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña y otras comunidades bilingües.

Ambos partidos, cuando hacen cada uno su ley de educación, esquivan también la amplia jurisprudencia existente respecto al lugar del español en la educación de las comunidades bilingües. En pocas palabras, la jurisprudencia declara que el catalán, el euskera y el gallego deben ser el centro de gravedad de los sistemas educativos de sus respectivas comunidades, pero no deben ser la totalidad. Corresponde a las autoridades autonómicas fijar la proporción en la que el español debe ser usado como lengua vehicular pero estas autoridades autonómicas, a su vez, ignoran estas disposiciones de las sentencias. El resultado de todo ello es que, sea con Méndez de Vigo como ministro, sea con Celaá como ministra, la única manera en la que se aborda desde el Estado la espinosa cuestión de las lenguas en la educación es mirando hacia otro lado y dejando su gestión y su relato exclusivamente en manos de los gobiernos autonómicos.

Desde luego, estas posiciones que observamos no son nuevas en España, donde la educación ha estado tradicionalmente dirigida por políticos y ha servido más a los intereses partidistas que a los intereses de los alumnos. Es el alumnado quien debería estar en el centro del sistema educativo, con leyes que no ambicionen ser de derechas ni de izquierdas, sino que estén inspiradas en principios educativos, pedagógicos y éticos universales, adaptados al contexto histórico del momento. Desafortunadamente, no es esto lo que sucede, sino más bien que los alumnos y alumnas se encuentran constante e invariablemente en una situación de fuego cruzado.