El inevitable ferragosto y los execrables episodios yihadistas de Barcelona tienen sus ventajas, si se puede calificar así al hecho de que el personal pasa de todo y la canalla está más preocupada en tertulianear sobre si los militares deben salir a las calles o permanecer en los cuarteles, que de tomar nota sobre la evolución de la deuda pública. Una deuda que, al término del segundo trimestre, ha aumentado en 21.800 millones de euros, alcanzando un nuevo record histórico, situándose en 1.138.899 millones de euros, un 100,03% del PIB. Tocamos a 23.500 euros por barba... perdón, por cabeza.

Hace diez años, al comienzo de la crisis, la deuda pública española ascendía a 384.000 millones de euros, un 35,5% del PIB. Desde entonces hasta ahora ha subido a razón de 80.000 millones de euros por año. Un dinero.

De continuar así las cosas, la deuda pública rompería la senda bajista de 2015 y 2016, en cuyos años los pasivos se situaron por debajo del 100% del PIB, algo que el Gobierno se empeña en desmentir al confiar que la proporción se situará, al finalizar el año, por debajo de esa cota del 100%, basando su estimación en el importante crecimiento del PIB que reduce el tamaño de la deuda en proporción a la economía.

Impecable technicality que no impide que permanezca el hecho de que en 2016 la deuda pública aumentará en 32.438 millones y que en 2017 el ritmo de engorde no se reduzca en absoluto.

De continuar así las cosas, la deuda pública rompería la senda bajista de 2015 y 2016, en cuyos años los pasivos se situaron por debajo del 100% del PIB

No pasa nada. Que no cunda el pánico. Siempre hay respuesta para todo y un roto para un descosido y, en esta ocasión y aunque el actual nivel de endeudamiento deja a la economía española muy expuesta a cualquier vaivén de los mercados y a las futuras decisiones del BCE, el ministro De Guindos tiene claro qué hay que hacer: conseguir que la economía española se financie en las mejores condiciones posibles y por ello la deuda a medio y largo plazo supera los 876.000 millones de euros a unos tipos de interés, histórica y excepcionalmente, muy bajos.

¿Quiere esto decir que nadie debe preocuparse por los máximos históricos alcanzados por la deuda pública española y que los sacrificios de los españoles como consecuencia de las políticas de austeridad implantadas por el Gobierno no han servido para regenerar las cuentas públicas?

Como nos recuerda el pensamiento atribuido a todo aquel que ha sacado la cabeza en los últimos dos mil años, que señala que quien ignora la historia está condenado a repetirla, bueno es recuperar ésta. Así, cabe traer a colación el hecho de que hace cinco años España se encontraba al borde de la bancarrota, con una desconfianza manifiesta en su viabilidad por parte de los mercados, que hacia insostenible la financiación de la deuda y que obligó a ofrecer hasta un 7,38% anual para que alguien se quedara con ella. Fue un año más de los que los españoles vivimos peligrosamente y cuando la prima de riesgo llegó a alcanzar los 649 puntos básicos. Hoy, la prima está por debajo de 100 y el bono español a diez años se sitúa en el 1,48%, cinco veces menos que en 2012.

La crisis nos ha demostrado que la deuda pública puede crecer a un ritmo vertiginoso y para ello se aprobó la Ley de Estabilidad, que recoge que en 2020 las administraciones tienen que recortar su pasivo al 60% del PIB, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que España no alcanzará este nivel hasta dentro de veinte años. Un incumplimiento tan clamoroso como sonrojante.

Hoy, lo legislado, una vez más, se ha convertido en papel mojado. Y de hecho, como sostiene la Autoridad Fiscal, la deuda pública en circulación continuará creciendo.

El hecho de que en el horizonte emerge una subida de tipos por parte del BCE para finales de 2018 puede complicar algo la vida al Tesoro español

Sean cuales sean las previsiones del Gobierno y el papel que desempeñe la Comisión Europea, las estimaciones de la Airef, organismo tan independiente como riguroso, son un preaviso cargado de racionalidad y que obliga a tomar en consideración aspectos importantes relacionados con la política monetaria del BCE, la financiación de la deuda y el hecho de que en el horizonte emerge una subida de tipos por parte de dicha entidad para finales de 2018, lo que puede complicar algo la vida al Tesoro español.

España se ha beneficiado del hecho de que el BCE haya comprado miles de millones de euros en deuda pública española y el Tesoro español ha sabido aprovechar essas compras para emitir deuda a largo plazo y financiarse más barato durante mucho más tiempo. Pese a ello, el futuro no es un camino de rosas y las presiones inflacionistas, la subida de tipos en EEUU, la previsible reducción de los estímulos monetarios por parte del BCE y la siempre presente incertidumbre política, exigen al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, no caer en la laxitud.

La pregunta a estas alturas resulta inevitable: ¿a partir de qué nivel la deuda pública es un problema no sólo para el sector financiero, sino para toda la economía?

La respuesta puede ser tan simple como cambiante, aunque son muchos los que se apuntan a las tesis de Rogoff y Reinhart, quienes en 2010 concluían que a partir del momento en el que la deuda pública no supere el 90% del PIB, el crecimiento no se ve afectado por la deuda. A partir de entonces, el PIB se expande un 1% menos de lo que lo haría si la deuda estuviera por debajo del 90% del PIB. Con las intervenciones de los bancos centrales y las consabidas muletas, hoy, hay quien se atreve a discutir esa teoría.

En todo caso, el fuerte endeudamiento que ha ido asumiendo España, posiblemente por obligaciones estructurales, ha sido demasiadas veces aceptado como algo inevitable, aunque parece haber llegado el momento de buscar alternativas distintas a las que nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo el señor Draghi y Cia.