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Limitar el precio del alquiler: un colosal error

Antonio Gallego
21.11.2019
6 min

En los ocho años en los que fui diputado en el Congreso tejí una amigable relación personal con Alfonso Guerra. Él presidía la Comisión de Presupuestos en la que yo era el portavoz del partido en el Gobierno. En una de nuestras periódicas conversaciones, en las que uno siempre aprendía algo, me dijo una gran verdad con ese gracejo andaluz que le caracteriza: “hay dos tipos de políticos, los que dibujan con pincel y los que simplemente tiran de brochazos”.

Las medidas que defienden en materia de vivienda los miembros de Podemos, ahora a las puertas del Gobierno de España, son una auténtica bomba que puede hacer estallar el importantísimo sector inmobiliario español. Su propuesta de limitación de los precios del alquiler es un colosal error que, de aprobarse, podría tener un impacto descomunal sobre nuestra economía.

Para los jóvenes, principales demandantes de vivienda, hoy es una Odisea ahorrar el 20% del valor de compra que le exigen como norma habitual los bancos. Los que logran reunir ese importante capital inicial y se animan a comprar, además observan que no existen suficientes viviendas de protección oficial a precio razonable, que tienen que hacer frente a una “mordida” fiscal y administrativa que ronda el 12% del precio del inmueble deseado, que tampoco encuentran ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas y que ya se acabaron las deducciones por compra de vivienda habitual en IRPF.

Con este panorama, a nadie le debe de extrañar que muchos jóvenes se inclinen por el alquiler. Esa realidad empuja a los arrendatarios a elevar los precios, más aún cuando se sienten desprotegidos ante una Ley de Arrendamientos Urbanos que limita su capacidad de maniobra y ante un sistema judicial colapsado que tarda años en resolver situaciones de impagos u okupaciones ilegales e inmorales. Esta desprotección legal, como en cualquier otro sector de la economía, se traduce en la exigencia de mayores rentabilidades presentes para cubrir un mayor riesgo potencial futuro. El resultado de lo antes mencionado es que arrendatarios y arrendadores operan en un sistema injusto que necesita ser ordenado.  

¿La solución es limitar el importe del alquiler que propone Iglesias, flamante vicepresidente in pectore? Soy de los que piensa que esa propuesta facilona precisamente agravará, y mucho, el problema. Limitar los precios, en estas circunstancias, es estrangular la oferta. Habrá un mayor exceso de demanda en el mercado de alquiler, ya que: muchos propietarios tendrán más incentivos para vender que para alquilar, muchos jóvenes descartarán la compra ante precios más atractivos de alquiler, reduces los incentivos de pequeños inversores a comprar alguna de las 3.4 millones viviendas que aún están vacías en España, reduces el interés de las promotoras a construir vivienda nueva para ser alquilada, y reduces las ganas de rehabilitar viviendas que podrían ser alquiladas con posterioridad.

Además, en situaciones de exceso de demanda sobre un bien de primera necesidad, a nadie le debe de extrañar que los pocos propietarios que se animen a alquilar acaben discriminando por razones económicas a los potenciales inquilinos de sus fincas. Éstos siempre acabarán seleccionando a inquilinos con mayor solvencia económica, de tal manera que la pretendida redistribución de la riqueza que se pretendía con la iniciativa genera el efecto contrario. Tampoco hay que descartar que algunos propietarios acaben decidiendo quién ocupará su vivienda tras solicitar un, digámoslo así, “aliciente” en B.

Me parece bien que los poderes públicos se animen a resolver este problema que afecta a tantas familias, pero creo que es razonable que lo hagan utilizando las neuronas. Jorobando a los propietarios de viviendas sólo consigues jorobar a los que pretendías ayudar. Limitar el precio de alquiler agigantará las listas de espera por encontrar piso. Sólo bajará el precio de los alquileres si hay más pisos en oferta, y para eso hay que acompañar a los propietarios. Una LAU más flexible, incentivos fiscales para ambas partes, leyes antiokupas, juzgados específicos exprés para abordar injusticias por las dos partes de la transacción, desarrollo de más suelo para viviendas en régimen de alquiler, no criminalizar a los fondos de inversión para que no huyan despavoridos de nuestro país, mejores comunicaciones entre municipios, transporte público, reducción de peajes para reducir la densidad de población en las grandes urbes, ayudas a la rehabilitación, tomarse en serio acciones contra la España despoblada, son algunas orientaciones que podrían ayudar.

En este tema y en tantos otros, animo a los señores de Podemos, ahora que pisarán moqueta monclovita, que tiren más de pincel y menos de brochazo, como me recordaba mi amigo Alfonso Guerra.

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¿Quién es... Antonio Gallego?
Antonio Gallego

Economista y consultor de empresas. Después de algunos años dedicados al servicio público en el Congreso de los Diputados, Parlament de Catalunya, Diputación de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat y Ayuntamiento del Prat, ya estoy de vuelta en el sector privado. La ya clásica frase "es la economía, estúpido" sigue siendo plenamente vigente. Por ello, en esta humilde tribuna hablaremos de "las cosas del comer". Espero que no se les indigeste mi visión de la economía.