Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
6 min

Una vez más el presidente la Generalitat de Cataluña antepone sus ideas políticas al cumplimiento de la legalidad que nos otorga seguridad jurídica, cumplimiento cuya omisión para el resto de los mortales tiene sus consecuencias jurídicas.

Este martes, en rueda de prensa, el presidente Torra recalcó que el decreto-ley que ha aprobado la Generalitat es consecuencia de la no aceptación por parte del Gobierno autonómico de las decisiones judiciales, considerando que las resoluciones judiciales son ”medidas de presión” a las que no va a sucumbir.

Ha llegado a hacer alusión --una vez más-- a que todos están contra Cataluña. De hecho, no entiende el presidente que en Galicia no haya pasado nada, pese a --según él-- la privación del derecho al voto, y sin embargo en Cataluña los jueces traten de imponerles lo que deben hacer, olvidando Torra que en Galicia los únicos que no podían ir a votar eran los que estaban contagiados por la Covid.

Lo cierto es que no creo que la Juez que ha dictado la resolución en Lleida esté en contra del presidente, ni tampoco el fiscal jefe, que ha mostrado su desacuerdo con la medida de confinamiento general adoptada en Lleida. Juez y fiscal jefe simplemente se han limitado a aplicar y opinar conforme a la Ley, y deberíamos --a la vista de los tiempos que corren-- agradecerles que sigan haciendo su trabajo de dicho modo, estemos o no de acuerdo con ellos, y no se dejen “llevar” por las corrientes políticas que corren desde todos los frentes.

El presidente Torra, en su deriva soberanista --dicho sea con el debido respeto-- trata ahora, por medio de la figura del decreto-ley, imponer un arresto domiciliario en toda regla, y ello pese a que él sabe los requisitos que debe cumplir el decreto-ley, que son, tanto la “urgente y extraordinaria necesidad”, como el que no queden afectados derechos fundamentales. Pero la “salud” bien vale que determinadas comarcas o comunidades sean abocadas al cierre y a la ruina, sobre todo si alguien que no sean ellos mismos tratan de cumplir con sus funciones. Porque parece que es más fácil aislar a la población que invertir lo que corresponde en test y en profesionales sanitarios que puedan dar asistencia a la población. Salud que recordemos fue negada por el mismo presidente a los mayores de cierta edad en beneficio de la raza joven y fuerte, pese a que esos que dejábamos atrás fueran nuestros padres o abuelos que habían cotizado más años a una Seguridad Social que, por mediación y negligencia política, les ha dado la espalda.

Si hacemos memoria de lo que ha ido pasando desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, vemos que lo que antes nos vendían como ineficaz, como por ejemplo el uso de mascarillas, ahora, tres meses después, es primordial en toda la población. Anteriormente la Generalitat criticaba la decisión del Gobierno de España de tenernos confinados en el marco del citado y previamente aprobado estado de alarma, y ahora es vital para la Generalitat un confinamiento contrario a una resolución judicial y jactarse de ir contra la justicia.

Lamentablemente observamos --y cada vez más-- cómo un grupo no excesivamente nutrido de valerosos jueces y fiscales se enfrentan al establishment político y tratan de simple y llanamente defender las prerrogativas de la división de poderes que proclamaba Montesquieu. Jueces y fiscales que en Cataluña tienen un doble trabajo con la clase de políticos que aquí tenemos, porque todo lo que no sea hacer lo que “ellos” digan es estar en contra del “pueblo” y a favor del Estado opresor.

El lenguaje utilizado por el populismo es siempre el mismo, y lamentablemente da muchos réditos entre la población irracional. Por tanto, según el presidente, lo que hay que hacer una vez más es ¡desobedecer! al Estado opresor, entendiendo por éste todos aquellos que discrepen de él, aunque a aquellos obren de acuerdo con y en observancia de la Ley. En una Cataluña anárquica y autosuficiente, la Ley no sólo se omite, sino que hay que hacer bandera de ello. Suerte que las autonómicas catalanas están a la vuelta de la esquina y el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, pues lejos de una victoria como la de Feijóo en Galicia, a Torra y su entorno es de prever que les espere una aplastante retirada de confianza y ello, muy a su pesar, en ejercicio de un derecho legal como es el sufragio universal.

Artículos anteriores
María Jesús Hernández Elvira

Nacida en 1970, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, Máster Triple en Derecho Público Internacional y Máster en Derecho Procesal. Cursó oposiciones a la carrera judicial y desde 1999 hasta 2013 ejerció como jueza en Canarias, dictando más de 5.000 sentencias. Desde 2013 hasta 2015 trabajó en bufetes de abogados españoles de primer orden, como Ontier España (Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza) y Rousaud Costas Duran (RCD) como responsable del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance, hasta que decidió crear CHR Legal junto con Josep Maria Cusí y Juan Roda, siendo la socia directora del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance.

Autora de varios artículos para revistas especializadas y con experiencia en la enseñanza, impartió clases de Derecho Civil II en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Lanzarote, fue profesora en ICADE y ponente habitual en el Colegio de Economistas de Cataluña. Ha colaborado en la publicación Memento Concursal Francis Lefebvre 2015.