La ley del catalán, enmendada por decreto

José Antonio Sorolla
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Decíamos ayer... que la ley del catalán acordada por ERC, Junts per Catalunya, el PSC y los comunes era muy ambigua y que solo su aplicación podía aclarar esa ambigüedad y confirmar o no si cumplía con las exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de que los colegios impartan un 25% de las materias en castellano. La ley está retrasada por el envío por los partidos de derechas al Consell de Garanties Estatutàries, pero el decreto que aprobó el 30 de mayo el Govern, un día antes de agotarse el plazo, demuestra claramente que la Generalitat no tiene ninguna intención de cumplir la sentencia.

Al contrario de lo que decidió el TSJC, el decreto, que ni menciona la sentencia, establece “la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas” y afirma que el catalán es la única lengua vehicular, sin matices como los recogidos en el acuerdo cuatripartito en el que se dice que el castellano será lengua “curricular” y se utilizará como lengua de aprendizaje en materias no lingüísticas en función de la realidad sociolingüística de los centros.

El Govern, según dijo su portavoz, “garantizará que las sentencias no condicionen el modelo de escuela catalana” y que cada centro de los 4.500 existentes en Cataluña decida la proporción del uso “curricular y educativo” de las dos lenguas teniendo en cuenta la realidad sociolingüística y cumpliendo siempre “el objetivo del dominio oral y escrito del catalán y el castellano”. Cada colegio deberá enviar ahora el proyecto lingüístico a la Conselleria de Educación para su validación y si el departamento hace correcciones los centros tendrán que revisar sus proyectos.

La prueba de que se da por supuesto que habrá colegios que no cumplan la sentencia es que el Departamento de Educación se hace responsable de los proyectos que valide para tranquilizar a los directores de los centros ante una hipotética acusación de desobediencia en los tribunales. El Departamento de Educación considera que el decreto habilita para no cumplir la sentencia del TSJC porque el marco legal ha cambiado y por la “imposibilidad legal” de cumplirla. Es decir, para no cumplir la sentencia se aprueba un decreto que la ignora y después se argumenta que hay “imposibilidad legal” de acatarla. ¿Hay algo más parecido a un fraude de ley?

El decreto no contará con el apoyo del PSC porque, según su portavoz, Alícia Romero, no cumple el auto del TSJC, “no recoge con plenitud el acuerdo de consenso y no menciona el uso curricular del castellano”. Los socialistas se encuentran así en la tesitura de apoyar una ley que el decreto contradice. Pero desde el primer momento el PSC había advertido que no respaldaría el decreto porque suponía que sería como ha sido, con lo cual la contradicción no solo se produce entre ley y decreto, sino en el seno del propio partido socialista, que ahora lamenta --tarde y mal-- no haber negociado el decreto, que ya está en vigor desde el lunes y será ratificado, en el plazo de un mes, en el Parlament, con los votos de ERC, Junts y los comunes.

Cuando el Govern aduce que no serán las sentencias de los tribunales las que dicten el modelo de escuela, una aspiración en principio razonable, hay que recordar que la inacción de la Generalitat durante 40 años de inmersión lingüística, convertida en un tabú intocable, sin admitir flexibilización alguna en función de los cambios sociolingüísticos y demográficos, es lo que al final propició el recurso a los tribunales de quienes reclamaban parte de la enseñanza en castellano. Dos asignaturas en castellano (la de lengua y otra) no ponen en peligro al catalán como “centro de gravedad” del sistema educativo.

Todo ello se utiliza de nuevo en la batalla política. Las tres derechas --PP, Ciudadanos y Vox-- ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional y comienza a haber iniciativas para acusar al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por la vía penal. Algunos partidos reclaman incluso la suspensión de la autonomía catalana, mediante la aplicación de un "155 educativo", y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla de “apartheid lingüístico” en Cataluña. La lengua, herramienta de comunicación, es utilizada, una vez más, como instrumento político.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.