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Como bien saben los lectores, España camina a golpe de estado de excepción comunicativo. Esta semana pasada tocó el “pin parental”, pero durante las navidades el “trending topic” fue que el Ayuntamiento de León solicitaba la conversión del antiguo Reino de León en Comunidad Autónoma desgajada de Castilla. Me van a permitir que no entre a valorar los motivos identitarios que se esgrimían, cuestión en la que me declaro incompetente. Sí me parece necesario recordar que lo que se llama “leonesismo político” es hoy la cuarta fuerza electoral de la provincia y no llega al 1% de los votos en Salamanca y Zamora, convidados de piedra de un movimiento que como en el caso de Teruel Existe, parece extenderse como consecuencia del pesimismo y del deterioro de las condiciones de vida de lo que ahora se llama la “España vacía”.

Ya dije en un artículo anterior, que la pretensión de reverdecer el cantonalismo surge también del interés de algunos nacionalismos periféricos de dilatar el problema territorial hasta donde sea posible, con la intención de colapsar el Estado y ver qué sale del nuevo reset constituyente. Ver los digitales catalanes subvencionados durante esos días y sus encuestas sobre el “problema leonés” rozaba lo lisérgico: los leoneses no se sentían castellanos.

Más allá de la anécdota, no deberíamos perder de vista que el Estado autonómico, ya lo hemos señalado en más ocasiones, es una forma política cada vez más desconcertada, donde algunas Comunidades han sido incapaces de mantener el equilibrio territorial y social una vez se acabaron las cuantiosas ayudas europeas. Lo explica bien Julio Llamazares cuando afirma que el problema de Castilla y León es que ha sufrido centralizaciones internas (Valladolid y Burgos) sin atender a los problemas que iban surgiendo en otras provincias.

Castilla y León se formó accidentalmente porque la Diputación de León revocó en 1983 el acuerdo previo por el que había ejercido el derecho de iniciativa provincial reconocido en el art. 143 CE para formar parte de la Comunidad Autónoma. Como consecuencia de ello, 54 senadores impugnaron ante el Tribunal Constitucional el Estatuto, dado que las Cortes Generales siguieron su tramitación pese a recibir la notificación de la revocación.

El Tribunal, en la sentencia 89/1984, señaló que no podía pronunciarse “sobre el problema de si la provincia de León puede o no segregarse, ahora o en el futuro, de la Comunidad Autónoma a la que pertenece en la actualidad”. En cuanto a la cuestión de fondo, declaró que “los Ayuntamientos y la Diputación impulsan un proceso (el de creación de una Comunidad Autónoma) pero no disponen de él”, es decir, actúan en su fase inicial pero dejan de ser actores protagonistas en fases posteriores.

La mayor parte de la doctrina y el propio Consejo de Estado, en su Informe sobre la Reforma Constitucional de 2006, apuntan que el proceso autonómico es irreversible, es decir, los arts. 143 y 151 CE habrían pasado a ser derecho transitorio sin posibilidades de aplicación práctica.

Solo una reforma constitucional o una inimaginable derogación --mediante la iniciativa del Parlamento autonómico-- del Estatuto de Autonomía permitiría la secesión interna de León de Castilla. En el mismo sentido, la Disposición Transitoria 4ª CE que permitiría a Navarra incorporarse a Euskadi tampoco tendría ya operatividad, porque no existe el “Consejo General Vasco” y Navarra ha dejado de ser “Órgano Foral” para pasar a ser Comunidad Autónoma.

Una norma con pretensión temporal, ajena a los arts. 167 y 168 CE, no puede presentarse como mecanismo permanente de reforma constitucional cuarenta años después de aprobarse la Norma Fundamental.

En cualquier caso, más allá de cuestiones técnicas, el asunto de “León solo” revela la precariedad del Estado autonómico. La precariedad no solo deriva de las insuficiencias racionales ya apuntadas, sino de un consenso apócrifo de los que antes eran los partidos mayoritarios españoles: PSOE y PP.

Me temo que bastaría con que alguno de ellos pusiera abiertamente en cuestión el sistema territorial --algo que ya hace Vox sin dobleces-- para que saltara la espita y volviéramos sin pretenderlo al viejo cantonalismo decimonónico. Recuerden que el Estado autonómico pergeñado en 1931 y concretado en 1978, surge como antimodelo de la desastrosa experiencia de la I República. Pero esa es una historia de la que nos ocuparemos otro día.   

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¿Quién es... Josu de Miguel Bárcena?
Josu de Miguel Bárcena

Josu de Miguel Bárcena es profesor de Derecho Constitucional en la UAB, coautor de 'Kelsen versus Schmitt, Política y Derecho en la crisis del constitucionalismo'