Por más que no comparta algunas de las estrategias del partido naranja, en particular su abandono de los planteamientos de la socialdemocracia, quiero subrayar algunas de las razones por las que, a mi juicio, es muy importante que Ciudadanos siga teniendo voz en la esfera política. Me centro en las relativas a la calidad democrática, un terreno en el que ha realizado aportaciones innegables.

Por la evidente relevancia que tienen los medios de comunicación en la conformación de una opinión pública diversa y plural, comienzo destacando su posicionamiento en el proceso de implementación del nuevo modelo de gobierno de RTVE. Una reforma legal de 2017, aprobada por unanimidad, introducía por primera vez el concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la corporación audiovisual pública nacional, si bien reservaba la elección final de estos cargos al Congreso y al Senado. Un comité de expertos determinó, con el visto bueno de la comisión parlamentaria correspondiente, que diputados y senadores deberían elegir a esos cargos entre los 20 mejor puntuados de un total de 95 candidatos. Sin embargo, PSOE, PP, UP y PNV acabaron pactando los nombres de los consejeros y del presidente de RTVE, desoyendo por completo el trabajo del comité de expertos, nombrado por ellos mismos y que aplicó los criterios de evaluación fijados por ellos mismos. Ciudadanos defendió en la Comisión de Nombramientos del Congreso el trabajo del comité de expertos, denunció que no se respetase y no participó en la votación final.

Se trata de una posición muy similar a la que mantiene en el proceso abierto para la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ciudadanos, de hecho, ha presentado diversas iniciativas legislativas para que sean los jueces quienes elijan a los vocales de procedencia judicial mientras los dos partidos mayoritarios marean la perdiz negociando unos nombramientos que requieren una mayoría cualificada de las cámaras.

El partido naranja ha presentado iniciativas en diversos parlamentos en pro de la supresión de los aforamientos, logrando éxitos tan notorios como la reforma en este sentido de los estatutos de autonomía de Murcia o Cantabria.

En Cataluña, solo Ciudadanos y el PPC se han desmarcado del incomprensible cordón sanitario a Vox propuesto por el PSC, como si fuera de lo más democrático decidir arrinconar a un partido legal sin ni siquiera escuchar sus propuestas concretas.

En este sentido, el partido naranja, junto al PPC, siempre ha alzado la voz ante cualquiera de las múltiples formas de violencia política que con tanta frecuencia se observan en nuestra comunidad. Los repetidos ataques a estudiantes constitucionalistas en la UAB protagonizados por unos encapuchados que se dicen antifascistas son un ejemplo nítido. He presenciado diversos debates en plenos municipales donde los concejales de Ciudadanos, también junto con los del PPC y al hilo de estos ataques, daban al resto de fuerzas políticas contundentes lecciones sobre derechos fundamentales, por más que estuvieran en franca minoría.

Otro caballo de batalla que ha distinguido al hoy partido liberal ha sido la implacable defensa de la neutralidad de las instituciones. Subrayo, porque es un tema que me toca especialmente de cerca, la denuncia que realizó Carrizosa en el reciente debate de investidura sobre el lamentable papel de los rectores catalanes apoyando la amnistía para los presos del procés al toque de pito de Òmnium.

Entre la multitud de iniciativas parlamentarias que he ido siguiendo con interés quiero también subrayar la labor del partido naranja en defensa de la transparencia. En particular, el incansable trabajo de Susana Beltrán en la más que opaca área de acción exterior.

Pero ante todo, Ciudadanos ha sido siempre coherente y contundente en su defensa de los derechos lingüísticos de todos. Desde el nacionalismo se le ha acusado sistemáticamente de crispar con el tema de la lengua, cuando lo que realmente ha hecho es normalizar --por más que aún quede mucho camino por recorrer-- el uso del español, junto con el catalán, en ámbitos donde la lengua común estaba proscrita. Sin aquellos tres primeros diputados de Ciudadanos que rompieron la baraja hoy, con certeza, supuestos progresistas como Ramoneda no estarían reprochando a Salvador Illa que se dirija a los catalanes también en su lengua mayoritaria. He de reconocer la enorme simpatía que me generan quienes se rebelan en entornos especialmente hostiles para defender con firmeza planteamientos que sencillamente son justos. La utilización sin complejos del español, lengua materna de tantos catalanes, les ha generado todo tipo de ataques, que han contribuido a que se haga visible el fanatismo lingüístico que tanto daño ha causado y causa a nuestra convivencia. Recordemos aquella sonada entrevista en la que Laura Rosel preguntaba a Inés Arrimadas en FAQS por el número de palabras que había dicho en catalán en el acto de celebración de los resultados de los comicios del 21 de diciembre de 2017, a lo que la líder de Ciudadanos replicó: “¿Por qué no le ha dicho al señor Torrent que todo su discurso, el 100%, fue en catalán?”

Ciudadanos ha logrado atraer como ninguna otra fuerza constitucionalista a muchos catalanes desacomplejados, dispuestos a plantear abiertamente una alternativa al nacionalismo dominante, pese al precio que eso implica. Catalanes que no comulgan ni con cordones sanitarios ni con otras formas de supremacismo moral como las declaraciones de "persona non grata". Catalanes que, monárquicos o republicanos, son respetuosos con las instituciones y quieren que convivan en nuestro callejero, en nuestros museos o en nuestras bibliotecas, referentes culturales diversos. Catalanes, en definitiva, que no te preguntan de dónde eres porque eso es algo absolutamente accidental, irrelevante.

Se trata, en definitiva --al margen de las preocupantes turbulencias internas--, de un proyecto político plenamente vigente, imprescindible, sobre todo en Cataluña, cuyo futuro está en manos de la inteligencia de los líderes que han optado por quedarse y de intelectuales y profesionales cualificados que deberían sumarse  --o regresar-- para apuntalar un ideario de progreso y convivencia capaz de aglutinar a los votantes moderados, perplejos ante el esperpento en que se ha convertido nuestra vida política.