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La derecha no sabe, no contesta

Joaquim Coll
7 min

Ayer participé en uno de los diversos actos que se celebraron con motivo del día de la Constitución. En Cataluña es importante hacerlo ante el desprecio habitual que recibe nuestra Ley Fundamental por parte del separatismo. En 1978 se logró un gran consenso político que obtuvo un apoyo en las urnas superior al 88%, cercano al 60% del censo electoral. Tras los fracasos de los siglos XIX y XX, ningún otro texto constitucional había sido antes sometido a referéndum en España. Tampoco la de la II República, cosa que a veces olvidamos. La Constitución de 1978 conserva pues un valor importantísimo que sería insensato tirar por la borda. Dicho esto, hace años que me parece igualmente necesaria su reforma. Si dejáramos el asunto en manos de una docena de prestigiosos catedráticos constitucionalistas estoy convencido de que alcanzarían pronto un acuerdo. Si su reforma no se ha hecho todavía es por el antagonismo político sobre el que PP y PSOE han construido su identidad. Ahora bien, el nivel de responsabilidad no se reparte por igual.

La Constitución de 1978 conserva un valor importantísimo que sería insensato tirar por la borda, pero hace años que me parece igualmente necesaria su reforma

La propuesta que planteó en 2006 el desaparecido Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado, a petición del Gobierno de Rodríguez Zapatero, consistente en cuatro reformas concretas (supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono; recepción en la Constitución del proceso de construcción europea; inclusión del nombre de las CC.AA; y reforma del Senado), no se llevó a cabo por el clima de enfrentamiento entre populares y socialistas a cuenta del Estatuto catalán. José María Aznar fue el único miembro del Consejo de Estado que emitió un voto negativo por considerar peligrosa la reforma. La posición del expresidente reflejaba la actitud obstruccionista del PP. Es verdad que el conjunto de los cambios exigía un referéndum, pero estábamos todavía muy lejos del clima de enfado ciudadano que vendría después con la crisis socioeconómica. Si PSOE y PP hubieran ido de la mano cuando concentraban el 75% de los votos el éxito en las urnas estaba garantizado.

En la legislatura pasada, Mariano Rajoy empezó a admitir la necesidad de la reforma constitucional que había rechazado diez años atrás. La profundidad de la crisis institucional aconsejaba tenerla en cuenta. El informe de Rubio Llorente ahora le parecía “magnífico” y “lleno de claves, ideas y afirmaciones” valiosas, declaró en agosto de 2015, aunque emplazó el debate a la siguiente legislatura, la actual. Solo el ministro José Manuel García-Margallo se mostró entonces locuaz sobre la reforma para encajar el “hecho catalán”, con declaraciones de contenido ambiguo, que llegaron a ser censuradas por su partido. Seguramente esa repetida incomodidad es la razón que haya perdido su puesto en el consejo de ministros. También el ministro Rafael Catalá se mostró favorable el año pasado a repensar el reparto de competencias entre las Autonomías y el Estado, y a otros cambios señalados en el informe de 2006. Dada su proximidad a Rajoy, eso fue interpretado en el sentido que el PP iba a incorporar una propuesta de reforma constitucional en el programa electoral para las generales, cosa que finalmente no ocurrió. En septiembre de 2015, el ministro Jorge Fernández Díaz dejó claro que la línea oficial del partido era que la reforma constitucional “no formaba parte de sus prioridades ni objetivos políticos”.

Rajoy sigue concretar nada y abogando solo por la máxima prudencia

El debate en esta legislatura ya ha empezado, pero Rajoy sigue concretar nada y abogando solo por la máxima prudencia como hizo ayer. Seguramente hay que aceptar que la reforma va a ser nuevamente imposible, ni tan siquiera el cambio de mínimos que se planteó en 2006. Además de la indefinición del PP, Unidos Podemos solo aceptaría participar en un proceso de reforma que permitiera discutirlo todo y los partidos separatistas únicamente lo harían a cambio de la autodeterminación. Pero a lo que no debemos renunciar es a un buen debate, que sirva para conocer a fondo las propuestas de unos y otros, y prepare el terreno para más adelante. Para lograr algún día un nuevo consenso es imprescindible que, primero, los partidos que se identifican con la Constitución de 1978 (PP, PSOE y C’S) acaben construyendo un primer gran acuerdo. De los socialistas conocemos un detallado documento, Hacia una estructura federal del Estado, aprobado en julio de 2013 con el acuerdo del PSC, que se ha acabado consolidando como un documento interno de referencia al margen de las luchas internas. De Ciudadanos sabemos que quiere acometer la reforma del Senado, limitar las competencias entre Autonomías y Estado, y una reforma electoral que introduzca mayor proporcionalidad, principalmente. Pero del PP seguimos sin saber nada de nada. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría por ahora solo insiste en dos cosas: que la Constitución se puede reformar pero que hacerlo sin consenso sería una insensatez, lo cual, de tanto repetirlo, acaba siendo una perogrullada. A las puertas de este trascendental debate, la derecha no sabe, no sabe no contesta.

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¿Quién es... Joaquim Coll?
Joaquim Coll

Doctor en Historia contemporánea y especialista en el catalanismo y las políticas de los siglos XIX y XX. Ganó el Premio Ciudad de Barcelona Agustí Duran i Sanpere en 1998. Colaborador habitual en medios de comunicación.