La fiscalía ha pedido 4 años de cárcel para Jesús Terciado, ex presidente de Cepyme, patronal de pequeñas y medianas empresas, y ex número dos de la CEOE a las órdenes de su actual mandamás Juan Rosell.

Se le acusa de apropiación indebida y falsedad documental por haber cobrado una conspicua retribución de Cepyme, pese a que por estatutos el sitial es honorífico y no acarrea sueldo alguno. Para ocultar el pillaje, Terciado emitió facturas falsas a cuenta de unos supuestos servicios rendidos a la entidad. Por esa vía, se embolsó en total la insignificancia de 730.000 euros.

También se va a juzgar a su antecesor en el puesto, Jesús Bárcenas, por motivos similares. El caballero se autoasignó una paga de 5.500 euros mensuales, más otros 5.300, también mensuales, destinados a sufragar el alquiler de un lujoso Mercedes.

De paso, estos embrollos han salpicado a varios directivos de Cepyme. El ministerio público les considera cooperadores necesarios para la comisión de los delitos presuntamente perpetrados por sus jefazos.

En Cataluña tenemos otro caso parecido. Lo encarna Antoni Marsal, ex responsable de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), formada por casi dos millares de empresas. El fiscal pide para él nada menos que once años de cárcel por haberse apoderado de 772.000 euros entre 2007 y 2012.

Mientras sucedía esta retahíla de percances, los órganos de mando de la CEOE se deshicieron en muestras de adhesión inquebrantable a Díaz Ferrán

Le achaca falsedad documental, malversación de caudales públicos y, alternativamente, fraude en subvenciones públicas, dado que la mitad de tales fondos procedían de ayudas del Ministerio de Trabajo para cursos de formación.

Al igual que su colega de Cepyme, Marsal enmascaró sus devengos expidiendo minutas por unas inexistentes prestaciones a la UPM.

Los chanchullos transcritos son grano de anís comparados con las vicisitudes de Gerardo Díaz Ferrán al frente de la CEOE entre 2007 y 2010. En las postrimerías de su mandato se le acumularon las desdichas. Le imputaron un fraude fiscal de 130 millones en la compra de Aerolíneas Argentinas. Otra compañía de su propiedad, Air Comet, dejó de abonar las nóminas de los 650 empleados; cuando tiempo después se puso al día, lo hizo entregándoles una batería de cheques sin fondos.

No devolvió un crédito de 26 millones recibido de Caja Madrid, de cuyo consejo de administración era miembro. La aseguradora Mercurio, controlada por Díaz, fue disuelta por el Gobierno ante su manifiesta insolvencia.

Como colofón de esa catarata de desgracias, Díaz transfirió Grupo Marsans, buque insignia de su acervo turístico, a un saqueador sin escrúpulos que, ni corto ni perezoso, lo declaró en suspensión de pagos en horas veinticuatro.

A la vez, Air Comet paralizó su actividad, dejando a 7.000 pasajeros tirados en los aeropuertos y burladas a otras 25.000 personas que ya habían adquirido los billetes.

Mientras sucedía esta retahíla de percances, los órganos de mando de la CEOE se reunieron en varias ocasiones. Sus componentes no osaron interpelar al capitoste o exigir su cese inmediato. Por el contrario, se deshicieron en muestras de adhesión inquebrantable y le dedicaron entusiastas salvas de aplausos. Sólo les faltó sacarlo a hombros.

De un tiempo a esta parte, la cima de las patronales se asemeja a un puesto de alto riesgo codiciado por una multitud de arribistas

Así se explica que el sujeto se aferrase a la poltrona como una lapa hasta el último día de su mandato. Por fin, en diciembre de 2012 un juez ordenó su ingreso en la cárcel. Allí sigue. Los tribunales le han propinado sucesivas condenas. Cinco años y medio de prisión por el vaciado patrimonial de Viajes Marsans, con alzamiento de bienes y concurso fraudulento continuados, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

Otros 2 años y 2 meses por un fraude de 99 millones en el impuesto de sociedades de Aerolíneas Argentinas. Y 2 años más de prisión por adueñarse del dinero de los billetes que los clientes habían abonado a Marsans.

Hace unos cuantos lustros, ser adalid de las organizaciones empresariales revestía un halo de señorío y honorabilidad. Quienes ocupaban tales cargos solían ser relevantes figuras de la sociedad civil o ejecutivos de postín, con una trayectoria personal y profesional inmaculada.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la cima de esas instituciones se asemeja a un puesto de alto riesgo codiciado por una multitud de arribistas.