Justicia efectiva y escuela bilingüe

jose domingo opinion
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El acceso a la justicia es un derecho fundamental que una sociedad democrática debe garantizar. Todas las personas deben poder utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y protejan sus derechos. Decía el profesor Díez-Picazo que "la tutela judicial efectiva no es solo el derecho a traspasar el umbral de la puerta de un tribunal, sino el derecho a que, una vez dentro, este cumpla la función para la que está instituido". La función de un tribunal, ocioso es decirlo, es dictar resoluciones y hacer que se ejecuten.

Estos principios, propios de la normalidad democrática, son cuestionados en Cataluña. Algunas autoridades consideran una grave anomalía que los ciudadanos reclamen ante los órganos judiciales sus derechos lingüísticos y no tienen empacho en acusarles falsariamente de romper la convivencia o de judicializar la política o, lisa y llanamente, de sicarios de partidos políticos, herederos del franquismo o fascistas.

Con ese entorno de presión es heroico que muchas familias catalanas hayan decidido cruzar el umbral de la puerta para solicitar en los tribunales su derecho a la escolarización bilingüe. Recientemente, 1.643 alumnos y padres o madres de alumnos decidieron depositar su confianza en la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) para que reclamara la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 que reconoce su derecho a la escolarización en las dos lenguas oficiales de Cataluña en, al menos, un 25% en cada una de ellas.

Ha valido la pena. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado un auto que pone algo de cordura bilingüe en el maltratado panorama de la enseñanza no universitaria catalana. El auto ha sido recibido con cajas destempladas por el nacionalismo lingüístico y no se han hecho esperar las apelaciones a la desobediencia y el diseño de artimañas jurídicas para dejarlo sin efecto.

Pero esta vez los que pretenden que el catalán sea la única lengua vehicular de enseñanza lo tienen complicado. El trascendental auto ata en corto a los responsables del cumplimiento de la sentencia. Da 15 días al consejero de Educación para que dicte las instrucciones y establezca las garantías necesarias para que los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata las enseñanzas en catalán y en castellano en una proporción razonable. La "Cataluña insumisa" no es posible. Al señor Gonzàlez-Cambray la decisión del tribunal le parecerá aberrante (esa reacción es bastante usual entre los que pierden pleitos) pero no va a tener más remedio que ejecutarla.

Por mandato legal, el Gobierno de España debe garantizar la enseñanza en castellano en el sistema educativo. Esa competencia es irrenunciable. Hasta ahora no ha mostrado mucho celo en llevarla a efecto, pero para estimular su cometido el tribunal ha requerido a la Alta Inspección del Estado para que verifique el cumplimiento de la sentencia en el conjunto del sistema educativo catalán e informe al tribunal de la actividad desplegada por el Departamento para ello.

No es demasiado complicado. Basta con solicitar un certificado con las medidas adoptadas a los directores de los centros educativos de Cataluña. En esa petición de información no estaría de más recordar que la falsedad en documento oficial es un delito contemplado en el artículo 390 del Código penal y lleva aparejada penas de prisión.

Al final, la gran esperanza del consejero de Educación es lograr que a la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña le cierren las puertas de los tribunales en sus narices. A lo largo del proceso ha insistido en que carece de legitimación activa. Obstaculizar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos suele ser uno de los ejes de actuación de los gobiernos totalitarios. Siempre es incómodo tener a personas que traten de corregir las arbitrariedades de las administraciones túblicas. No se esperaba menos de un gobierno que defiende en exclusividad la enseñanza en catalán en el sistema educativo, tiene auténtico pavor a la convivencia lingüística y es hispanofóbico.

En contra de lo pretendido, el tribunal ha reconocido por unanimidad la legitimación de la AEB para la defensa de los intereses colectivos en el conjunto del sistema educativo. También ha fracasado en esa intentona. Malas noticias para el consejero: la AEB viene para quedarse en las salas de justicia, los alumnos catalanes más protegidos.

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jose domingo pila

Presidente de Impulso Ciudadano. Vocal asesor de la AEB.