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La justicia es un campo de batalla

José Antonio Sorolla
6 min

Desde la llegada del nuevo Gobierno, la justicia se ha convertido en un campo de batalla, donde se van a librar las principales escaramuzas entre la oposición de las tres derechas y el Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos (UP). La primera batalla se ha dirimido en apariencia por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Pero detrás del escándalo político y mediático se esconde la pretensión del PP de mantener el poder en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que decide los nombramientos de magistrados y que está paralizado desde diciembre de 2018.

El PP, sus aliados y sus apoyos han enfocado todas las piezas de artillería hacia la figura de Delgado, pero lo que persiguen en realidad es el bloqueo del CGPJ, como ya hicieron en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008, casi dos años en los que siguió en funciones una mayoría conservadora que no se correspondía con los resultados electorales ni de marzo de 2004 ni de marzo de 2008. Ahora, buscan lo mismo, para que lo expresado por los españoles en las urnas el pasado 10 de noviembre no tenga reflejo en el CGPJ, que tendría que virar hacia una mayoría progresista para cumplir con los resultados electorales.

El CGPJ estuvo a punto de renovarse en noviembre de 2018, con la sustitución en la presidencia de Carlos Lesmes por Manuel Marchena, pero se frustró al hacerse público un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que el partido iba a controlar la Sala Segunda del Supremo (la que juzgó el procés) por la “puerta de atrás” gracias a Marchena. Ante el escándalo, Marchena renunció a presidir el CGPJ y el Supremo, y el PP dio marcha atrás en el pacto alcanzado. Así que el CGPJ sigue teniendo una mayoría conservadora de 13 miembros nombrados a sugerencia del PP frente a 7 propuestos por el PSOE, uno por IU y otro por el PNV. Esa mayoría se mantendrá hasta que el PP quiera, pese a haber perdido por goleada las elecciones del 28A y del 10N.

El nombramiento de Delgado para la Fiscalía General del Estado no es un ejemplo de independencia, pero el PP no puede dar ninguna lección en este terreno. Delgado fue aprobada en el CGPJ --trámite preceptivo pero no vinculante-- por 12 votos contra 7, todos estos pertenecientes al núcleo duro del PP, que desbordaron al propio Lesmes, presidente también a propuesta de los populares. Lesmes había retirado de su informe la mención a la “idoneidad” de la candidata en busca del consenso, pero ni así se evitó la ruptura en dos bloques. Los opositores reprochan a la exministra de Justicia que su nombramiento “supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse” al cargo. Sostienen también que las circunstancias que rodean a Delgado “crean una apariencia de vinculación con el poder ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución”.

Casi a la misma hora, el mismo PP ordenaba a sus diputados votar en el Parlamento Europeo en contra de una resolución para que la UE vigile más estrictamente la deriva autoritaria de los gobiernos de Hungría y Polonia y garantice la independencia del sistema judicial polaco ante la reforma que se tramita en Varsovia y que agravará aún más la falta de independencia de los tribunales polacos, recortada desde hace años por el Gobierno ultraderechista de Jaroslaw Kaczynski. O sea, que mientras el PP se escandaliza en Madrid por la supuesta falta de independencia de Delgado, que aún está por demostrar, se opone a denunciar lo mismo --eso ya demostrado-- en Polonia. El PP votó además en contra de lo que proponía el grupo al que pertenece, el Partido Popular Europeo. La hipocresía es manifiesta.

Este nuevo volantazo a la derecha del PP, que su presidente, Pablo Casado, y sobre todo su secretario general, Teodoro García Egea, confirman cada vez que hablan, se refuerza con el seguimiento constante de las iniciativas de Vox, como la del pin parental, la facultad que permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades escolares complementarias, pero dentro del horario lectivo, en la escuela pública sobre cuestiones morales, religiosas o ideológicas, especialmente las de “educación afectiva-sexual” y de “ideología de género”, según el lenguaje de la extrema derecha. El PP y Ciudadanos ya lo han respaldado en Murcia --Vox lo exigía para aprobar los presupuestos de la comunidad-- y Casado ha dado luz verde a las demás autonomías gobernadas por su partido para que implanten el pin parental si lo desean. El PP sigue sin ver que hacer la política de Vox solo beneficia a Vox.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.