Confieso que no me gusta el título, recuerda demasiado aquellos dictum falsamente binarios de los independentistas: referéndum o referéndum, independencia o independencia, absolución o absolución…, pero lamentablemente refleja la desgraciada paradoja, teñida de profundas contradicciones, en la que nos hallamos inmersos.
Cuando se conoció la calificación de la Fiscalía de los hechos imputados a dirigentes independentistas, la consejera de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà (ERC), según los medios, dijo: “Acaba de morir definitivamente la democracia en el Reino de España”. Es exactamente lo contrario consejera Jordà: ninguna democracia europea podría sobrevivir sin llevar a juicio a los presuntos autores de hechos como los calificados por la Fiscalía, dejando ahora de lado el contenido de la calificación, que depende del criterio contrapuesto de las partes.
Solamente el juicio con la sentencia definitiva que resulte podrá liberarnos de la ansiedad acumulada en la sociedad, incluyendo a los propios independentistas, por los hechos mayores acaecidos en 2017, y que en una escueta denominación (objetiva) pueden identificarse como la anulación de facto de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía en Cataluña, la organización y el llamamiento a una votación declarada ilegal por el TC y una insólita declaración de independencia de Cataluña, todo ello acompañado del apoyo institucional y civil de los dirigentes procesados desde sus respectivas responsabilidades.
La causa del Tribunal Supremo, que instruye el juez Pablo Llarena, afecta a veinticinco personas, siete huidas, nueve en libertad bajo fianza y nueve en régimen de prisión preventiva sin fianza.
Los procesados tienen derecho a una defensa jurídica con todos los medios y recursos que el Estado de derecho español y el compartido con Europa les reconoce. El enjuiciamiento de los procesados está siendo escrutado, y “juzgado” fuera de los tribunales, como no lo habrá sido ningún otro juicio en nuestra democracia. El ruido ensordecedor y el abrumador de color amarillo en la calle, foros y tribunas no forma parte de la defensa jurídica; es la expresión de una politización deliberada y profundamente antidemocrática del juicio por el independentismo. Estamos ante una descalificación previa, gratuita, del Tribunal, del juez instructor (insultado y escracheado a placer de los acosadores), de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
Se califica el juicio de “vergüenza”, “miseria”, “farsa”, “desastre”, “parodia”, “venganza”, “condena de antemano”… Valga una pregunta ingenua: ¿cómo lo saben, si el juicio todavía no se ha celebrado? En una reducción absurda con desprecio total de la cantidad y complejidad de los hechos, se pretende que se juzga a los procesados “por poner las urnas”. Franco también las puso.
Los demócratas asistimos, perplejos y preocupados, a un cuestionamiento en toda regla y muy virulento de un pilar fundamental de la democracia. Recordemos que la democracia se sostiene sobre el delicado equilibrio del conocido trípode, por eso es tan errónea la opinión de la Consejera Jordà.
Interesa a toda la sociedad, a toda España, que el juicio se celebre y que, efectivamente, sea escrutado con la mayor exigencia y no únicamente por los activos partidarios de los procesados. Sólo el juicio puede salvar moralmente a los procesados a través de la asunción de las responsabilidades que se les puedan probar, y con ellos a nuestra democracia. Ésta es la paradoja y el sentido último del título “juicio o juicio”.
