Como era de prever tras los anuncios de algunos de los abogados, los dirigentes independentistas que han empezado a ser juzgados en el Tribunal Supremo afrontan el juicio con dos estrategias opuestas. Oriol Junqueras optó por la defensa política mientras que Joaquim Forn lo hizo por la tecnicojurídica. Pero, curiosamente, invirtiendo lo que ya es un lugar común, que Junqueras es el moderado y los posconvergentes son los radicales. Junqueras se decidió, sin embargo, por el radicalismo del alegato político y por responder solo a su abogado, y Forn, por el escrutinio de los hechos concretos, aceptando el cuerpo a cuerpo con las acusaciones, excepto la de Vox. Seguramente, nadie aceptará contestar a Vox, con lo que el altavoz de la extrema derecha se silenciará y esta es una de las buenas noticias del juicio.

Es probable que la inversión de papeles sea solo momentánea porque se espera que los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull (ambos ex de CDC), más el dirigente de la Crida Jordi Sànchez opten también por la defensa política, pero, en cualquier caso, Forn, mientras Carles Puigdemont no diga lo contrario, también está avalado por Waterloo para encabezar la candidatura puigdemontista y posconvergente a la alcaldía de Barcelona. De ahí la importancia del desmarque.

Junqueras se equivocó al convertir su interrogatorio en un mitin político y en una especie de entrevista con su abogado, que más que preguntas le lanzaba pases al espacio para que su defendido rematara a gol. El exvicepresidente de la Generalitat se presentó como un hombre de diálogo, paz y amor, radicalmente opuesto a la violencia, religioso –habló de la “madre de Dios”—, vehemente y dispuesto al sacrificio por una idea, la de la república independiente de Cataluña, que prometió volver a intentar conseguir. Pero, aparte de sus sonrisas y sus guiños de complicidad –“amo a España, a los españoles, a la lengua castellana”, dijo–, repitió, más ante la televisión que ante los magistrados, las mismas falacias que ha venido repitiendo durante todo el procés. Proclamó que votar no es delito y que impedirlo con violencia sí lo es, como si se le juzgara por eso. Se le juzga no por poner las urnas, sino por quebrantar la ley y el orden constitucional. Se remitió al principio democrático, como algo genérico, como si se pudiera aplicar prescindiendo de la legalidad, y lo mismo hizo cuando puso ejemplos del derecho de autodeterminación o al citar el pacto de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos.

Junqueras tampoco afinó en sus alusiones a la actuación del Tribunal Constitucional (TC). Y cayó en contradicciones como criticar que el TC anulara la declaración de soberanía de enero de 2013 exante, es decir, sin esperar a que se aplicase e insinuar más tarde que el referéndum se podía celebrar porque nadie había impugnado la moción de confianza de Puigdemont en el Parlament en cuyo programa ya figuraba la consulta. También utilizó torticeramente un argumento indepe muy presente en Twitter: que el TC validó a posteriori la reforma del reglamento del Parlament que suscitó “críticas apocalípticas”, algo que es cierto. Pero ocultó que finalmente para la aprobación de las leyes de desconexión el 6 y 7 de septiembre de 2017 no se utilizó la reforma después validada, sino que se forzó otro artículo, el 81.3, del reglamento.

Tiene, evidentemente, derecho a mentir, pese a su acendrado catolicismo, pero sonó a falsa su afirmación de que no conocía el documento Enfocats ni a nadie que supiera de su existencia, unos papeles que fueron intervenidos a su segundo en la conselleria, Josep Maria Jové. Y así, sin mirar un papel, Junqueras consumió su turno dando por hecho que la sentencia está ya dictada y que él, como “preso político” que se consideró, va a ser condenado en un juicio que calificó también de “político”.  

Forn, por el contrario, pertrechado de documentos, se fajó con el fiscal Felipe Cadena y siguió con dedicación y esfuerzo la estrategia diseñada por su abogado, Xavier Melero. Forn basó su intervención en reconocer, por una parte, su compromiso político con el referéndum y, por otra, en intentar hacer creer al tribunal que él no hizo nada como conseller de Interior para que los Mossos d’Esquadra incumplieran la ley. Es difícil separar drásticamente ambos comportamientos, pero se apoyó para ello en documentos y en datos: los Mossos fueron el único cuerpo que elaboró a tiempo un plan de actuación ante el referéndum, cumplieron las instrucciones de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el sentido de impedir el referéndum preservando la convivencia y cerraron más colegios electorales que Policía Nacional y Guardia Civil y sin recurrir a la violencia, dijo.

Esta actuación buenista, así como las acusaciones de pasividad de los Mossos, deberán ser contrastadas con los testigos, pero Forn cumplió con su derecho y deber de defenderse. Reconoció también que el referéndum fue “ilegal” y, conducido por su abogado, quitó importancia a la DUI porque no se votó como tal y no se aplicó nunca. Esta estrategia de decir ahora, año y medio después de los hechos, que en septiembre y octubre de 2017 prácticamente no pasó nada contrasta no solo con los recuerdos de infinidad de personas angustiadas ante lo que sucedía, sino también con las proclamas incendiarias y las declaraciones pomposas –“ho tenim a tocar” y tantas otras--, pero es una vía más inteligente si se quieren eludir las condenas. Es optar por la lírica en lugar de la épica y por la prosa en lugar de la poesía.