Nadie medianamente informado puede negar que nuestro país tendrá un grave problema para afrontar el pago de pensiones de jubilación si no impulsamos ya reformas estructurales de calado. Les guste o no a nuestros representantes públicos, tendrán que arremangarse y acordar una solución para hacer frente a este gran desafío económico y social. Tenemos ante nuestras narices una peligrosísima bomba de relojería con efecto retardado y necesitamos que los desactivadores se pongan manos a la obra.

Hoy nuestro Gobierno ya está pagando a crédito parte de las pagas dobles de los pensionistas. Si eso pasa con 9 millones de pensionistas, imaginen qué pasará cuando nos acabemos de incorporar al sistema toda esa generación que nacimos entre los 60 y los 80, la generación del baby boom. Los demógrafos especialistas en proyectar pirámides de edad nos dicen que, en 2050, seremos más de 15 millones de pensionistas, con mayor cotización media y mayor esperanza de vida. Además, el cálculo de la tasa de dependencia apunta a que (ceteris paribus) por cada 100 personas en edad de trabajar que tendrá España dentro de 30 años, habrá casi 62 jubilados.

Como podemos imaginarnos, las tensiones financieras sobre las cuentas de la Seguridad Social serán de enorme magnitud. Por otro lado, no podemos olvidar que esta nueva envejecida sociedad, además de pensiones, requerirá nuevos servicios sociales y sanitarios, ya que la oferta actual es muy limitada. El aumento del gasto en hospitales, en residencias para personas mayores o en cuidadores a domicilio también crecerá exponencialmente para hacer frente a la pirámide demográfica. Como el dinero público es limitado, en ese futuro escenario, el Estado estará obligado, de manera colateral, a recortar el gasto público sobre partidas que en su momento ya no serán tan prioritarias, algo que sin ninguna duda también generará incomprensión social.

Debemos recuperar el espíritu del Pacto de Toledo, la responsabilidad política y la honestidad en la comunicación con los españoles para hacer frente a este titánico reto. La utilización partidista de las pensiones, las promesas irresponsables de incrementos en las prestaciones y la falta de valentía para adoptar medidas nos llevan por mal camino. Las pensiones se basan en un pacto entre generaciones que la clase política tiene que respetar. Entrar en competición para ver “quién las sube más” es jugar con la viabilidad del sistema y las ilusiones de sus beneficiarios. Cuando hablamos de pensiones, el corazón del Estado del Bienestar junto con la asistencia sanitaria pública, las discrepancias se deben superar y estamos obligados a tender puentes.

Toca hablar en serio de ayudar a fomentar la natalidad, reducir la fiscalidad sobre los planes de pensiones privados, seguir creando cotizantes/empleos con salarios razonables, ayudar a encontrar trabajo a los mayores de 55 años, reducir a la mínima expresión las prejubilaciones anticipadas, luchar contra el fraude laboral, ampliar la compatibilidad entre salario y pensión a todos los autónomos y la ampliación voluntaria de la vida laboral. De todo corazón, espero que esta nueva legislatura que tenemos por delante sea la de la seriedad, la estabilidad y sea el periodo en el que nuestros políticos pongan de una vez “las largas”.