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El frente jurídico de Puigdemont y los otros

Jordi Garcia-Petit
7 min

No es de extrañar que los dirigentes del secesionismo hayan topado con la justicia, puesto que han vulnerado con harta frecuencia las leyes. Tampoco es de extrañar que, practicantes asiduos del juego sucio, se autoproclamen víctimas de la justicia: los prófugos como exiliados, los delincuentes como presos políticos y el independentismo como asediado por una causa general.

Además de defenderse ante la justicia con los medios que les ofrece el Estado de derecho --que cínicamente niegan que exista en España--, convierten lo jurídico en campo de batalla ideológico. Lo hacen con crudo ventajismo, sueltan cuatro eslóganes de sal gruesa: “juicio farsa”, “sentencia ilegítima”, “tribunales parciales” “tribunales opresores”, para descalificar a la justicia, mientras que la institución de la Justicia (como otros poderes del Estado) tiene pocos defensores espontáneos y cuando habla lo hace en los términos técnicos del derecho y del Estado, difíciles para el gran público.

Los dirigentes secesionistas exigen a la justicia manga ancha interpretativa en relación con sus actos, mientras que para el ejercicio de la justicia, cuando les atañe, exigen impunidad o interpretación restrictiva. Así son de ecuánimes.

Buscan un terreno fácil para su demagogia y lo encuentran en la contención autoimpuesta de instituciones como la Justicia y la Monarquía. Su ensañamiento con la Monarquía, modelo de contención, sobrepasa de largo al que acostumbran a practicar Podemos y sus filiales. Rehúyen, en cambio, el debate cara a cara en el que, cuando no lo pueden eludir, salen vapuleados por la ausencia o la inanidad de sus argumentos. Véase como ejemplo de varapalo a las tesis del independentismo el esclarecedor debate Borrell-Junqueras en 8TV (2016) o las recientes entrevistas a Carlos Carrizosa y a Miquel Iceta realizadas en TV3 por su retorcido director.

La barbaridad de llamar exilio a la vida y andares de Puigdemont es una ofensa descarnada a la memoria de los que fueron auténticos exiliados de este país. Lo es igual a la memoria de los miles de presos políticos, que la dictadura condenó arbitrariamente a largas y duras encarcelaciones, llamar “presos políticos” a los nueve dirigentes secesionistas, juzgados con todas las garantías de la ley y a la vista de todos.

¿Qué tienen en común, judicialmente, Oriol Junqueras, supuesto preso político, y, por ejemplo, Nicolás Sartorius preso político real, condenado en el proceso 1001 por ser dirigente de CCOO? ¿Qué tiene que ver el Centro Penitenciario de Lledoners, gestionado por la Generalitat, donde cumplen condena Oriol Junqueras y otros seis dirigentes, y, por ejemplo, el Penal de Burgos donde se hacinaron tantos presos políticos del franquismo?

Pocos son los que salen a la palestra a rebatir semejantes perversiones del lenguaje y de la realidad. Lo hizo Paco Frutos sabiendo de lo que hablaba por haber sido él mismo también un verdadero preso político.

La revocación del tercer grado de los dirigentes secesionistas presos ha sido contestada por ellos y sus seguidores con mendaces descalificaciones de la justicia y de la democracia, a cuyo amparo se acogen para lanzarlas. Sin embargo, no han hecho ni un solo intento de llevar a la opinión pública una mínima justificación argumentada de que les pudiera corresponder el tercer grado. Creen tener bastante con la emoción que suscita lo carcelario. No es de extrañar, al fin y al cabo todo el procés se construye y se asienta en torno a emociones.

Tampoco han tratado de convencer a la opinión pública de su alegada inocencia, sólo la invocan y alguno presume (Junqueras) de que nadie le puede “mirar a los ojos” sin caer rendido ante la evidencia de la injusticia que se habría cometido con ellos. Tienen a su favor que a medida que los hechos van quedando lejos menos les cuesta sostener (en estos tiempos vertiginosos y de corta memoria) la pretensión de su inocencia. El “No hemos hecho nada” va resultando cada vez más creíble, no por las pruebas que (no) aportan, sino por el paso del tiempo.

En la confrontación gratuita con el Estado, en la que tanto se complacen (protegidos por el Estado), el frente jurídico es el que más cohesiona (y emociona) a unas huestes desvaídas, que ya tienden a la dispersión; empiezan a darse cuenta de que nada de lo ensalzado y prometido: estructuras de Estado, autodeterminación, independencia, república y gloria, se vislumbra en el horizonte.

Pero mientras Puigdemont y Junqueras sigan repitiendo hasta la saciedad que son un exiliado y un preso político, sin que se les desmonte la impostura, llevarán tal vez una ventaja electoralmente decisiva sobre la oposición no independentista.

Por eso, Puigdemont y los otros siguen maniobrando en el frente jurídico para mantenerlo activo, para ello, además de su falta de escrúpulos --véase su mendaz alegato sobre la parcialidad de los tribunales españoles que han publicado con el título El naufragio de la estrategia judicial--, cuentan con aliados oportunistas, como los comunes, y con la comprensión (inmerecida) de gente honrada, como el Grup Pròleg.

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¿Quién es... Jordi Garcia-Petit?
Jordi Garcia-Petit

Doctor en derecho.