Las posibles sanciones al FC Barcelona por el supuesto comportamiento de varios de sus dirigentes durante años abren un debate interesante: ¿son todos los socios responsables de estas conductas o deberían ser achacadas a los individuos concretos que las perpetraron? Vaya por delante que el asunto del club de fútbol es muy menor. Pese a la insistencia de montones de redactores deportivos en gritar que tal o cual resultado es histórico, resulta muy dudoso que, dentro de 300 años, cuarto de hora más o menos, los libros de historia estén plagados de páginas con resultados de partidos de fútbol o de tenis o con las marcas de un ciclista con o sin ayuda de estimulantes. Volviendo a las responsabilidades: los actos los realiza o deja de realizar una persona de carne y hueso. Y si en el caso del Barça, que pueda o no jugar un determinado campeonato carece de importancia real, salvo para sus jugadores y simpatizantes, no ocurre lo mismo cuando la falta la comete un funcionario o un cargo electo y la sanción acaba recayendo sobre la totalidad de la población.

Por citar un ejemplo: las anunciadas multas al Reino de España (se llama oficialmente así) por parte de la Unión Europea en relación con el desastre de Doñana. Allí, gobiernos diversos de la Junta andaluza han permitido que algunos particulares utilizaran ilegalmente agua del subsuelo perjudicando al parque natural, hasta llevarlo a una situación agónica. Ya hubo procesos similares de sanción a España por el debatido trasvase de Segarra-Garrigues, por las llamadas “vacaciones fiscales” vascas y por el falseamiento (por gobiernos del PP) de las cuentas de la Comunidad Valenciana.

Los funcionarios públicos y cargos electos deberían asumir la responsabilidad de sus actos. Claro, para eso hay que creer en la justicia, algo muy difícil con el actual Consejo General del Poder Judicial, pero salvo en las altas esferas de la judicatura, los jueces son, en general, ecuánimes. Sería bueno, en vistas a que la ciudadanía pudiera exigir responsabilidades cuando sufra una desatención, que diputados y demás señorías perdieran el aforamiento.

En el caso del Barcelona algún escritor trabaja ya en una novela, porque la ficción lo aguanta todo. En ella, el dinero salía de las cuentas del Barcelona hacia las de uno de sus directivos quien pagaba una cantidad a Negreira y se quedaba otra. En la trama imaginaria, parte de ese dinero vuelve a los bolsillos privados de los directivos del club. En la fantasía del escritor ganan todos. Menos los socios del club.

Lo curioso es que, aunque hubiera sido así, las autoridades deportivas no procederían contra esos directivos sino contra el club, dándose la paradoja de que éste podría quedar apeado de algunas competiciones y seguir dirigido por quienes lo habrían abocado al desastre. Lo mismo en Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana y conjunto de España. Sólo los españoles de a pie se verían perjudicados por las sanciones, pero no los responsables directos. Pueden tirar la piedra y no necesitan ni esconder la mano.

Esta irresponsabilidad general de la función pública es la que impulsa su ineficacia. Si un funcionario (o cargo electo) es inútil o vago y causa un perjuicio a la ciudadanía, la sanción recae sobre la Administración pública, es decir, los propios perjudicados.

Poco antes de la pandemia, un españolito de a pie tenía que vender una vivienda, fruto de una herencia. Los anteriores propietarios habían pagado la hipoteca pero sin registrar la cancelación. Lo habían hecho, además, a un banco que ya no existía, al haber sido absorbido por otro. El empleado que tenía que certificar la liquidación, se lo tomó con calma. Después de todo, a él qué le importaba el asunto. Tras semanas de soportar su pasividad, el ciudadano tomó una decisión: anotó el nombre de quien le atendía y le anunció que iba a presentar una querella contra él directamente. No contra el banco, sino contra quien no cumplía su obligación. Esa tarde le entregaron el documento. Esto no hubiera sido posible con un funcionario. En el improbable supuesto de que el ciudadano hubiera podido quejarse y de que los jueces le dieran la razón, la Administración hubiera sido responsable subsidiaria. Los funcionarios y cargos electos son, salvo excepciones, irresponsables. También los directivos del Barça que, supuestamente, dilapidaron más de siete millones del club que dicen es el de sus amores. Y se comprende. Si la trama novelística fuera cierta, lo amarían por sentirse bien pagaos, como en la canción de Miguel de Molina, con “un puñao de parné”.