"En Cataluña tenemos ya que dejar atrás la vía judicial y centrarnos en la vía política. [...] Tenemos que dejar atrás la confrontación y la crispación en la política catalana". "En este momento es preciso actuar desde la templanza. Con firmeza para defender la convivencia, pero con inteligencia para entender que estamos ante la oportunidad de abrir una nueva etapa". Estas frases pertenecen a Pedro Sánchez, pero no fueron pronunciadas ayer durante la primera sesión del debate de investidura. La primera pertenece a una entrevista en El País publicada el 8 de noviembre del 2019, y la segunda, a un artículo en el mismo diario del día anterior, es decir, dos y tres días antes de las últimas elecciones generales.

A veces se olvida, pero, cuando Sánchez centraba su discurso en la idea de que el problema de Cataluña era de "convivencia y no de independencia", también expresaba ideas prácticamente idénticas a las que defendió ayer en el Congreso de los Diputados. En lo que concierne a Cataluña, la idea fuerza del discurso de investidura fue la siguiente: "La ley es la condición, el diálogo es el camino". Desde la difusión del contenido del acuerdo entre el PSOE y ERC --y también en la primera sesión del debate--, se ha reprochado a los socialistas el reconocimiento de que en Cataluña existe “un conflicto de naturaleza política” y el hecho de hablar de “la judicialización” de ese problema.

Pero se equivocan quienes acusan a Sánchez de que utilizar esos términos es rendirse al lenguaje del adversario político. Porque muchos sectores no independentistas están de acuerdo en que el de Cataluña, además de muchas otras cosas, es un conflicto político. Lo mismo ocurre con la judialización. Criticar la judialización excesiva es compatible con la aplicación de la legislación cuando se violan las leyes, no significa en absoluto defender la impunidad, y apostar por la vía política tampoco es incompatible con la aplicación de las leyes.

Algunas de las ambigüedades del pacto entre el PSOE y ERC, como la ausencia de mención de la Constitución y su sustitución por “ordenamiento jurídico democrático” o “marco del sistema jurídico-político”, quedaron despejadas en el discurso de investidura, en el que Sánchez citó en varias ocasiones la Constitución como el marco del diálogo, única “forma de resolver este conflicto”. “No resolveremos súbitamente un problema larvado durante la última década. Pero podemos empezar a resolverlo con templanza, generosidad, responsabilidad y empatía”, afirmó.

Pero hubo más. Quizá por primera vez un presidente del Gobierno en funciones y aspirante a serlo en firme planteó la solución del conflicto como un tema de reparto del poder. “El nuestro es un modelo complejo, es evidente. Pero la complejidad no es más que una manifestación de la diversidad y no puede convertirse en un pretexto para no avanzar. Ha de ser un estímulo para el consenso y el diálogo desde una premisa: exige voluntad de compartir el poder, de limitar el poder”, dijo Sánchez.

Por lo demás, el debate fue de una dureza extrema porque la derecha cerril y hooligan y la extrema derecha se dedicaron a la mentira, el insulto y el catastrofismo, aventurando la ruptura de España, a manos de una coalición de socialistas, comunistas, bolivarianos, populistas, separatistas y batasunos, con constantes referencias a Venezuela y Cuba y calificativos como “presidente fake, sociópata, mentiroso, falto de dignidad, fatuo, arrogante, patético” o “personaje sin escrúpulos, político indigno, mentiroso, estafador, villano de cómic, charlatán” y “persona sin honor”. Una de las mentiras más flagrantes es convertir el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra en la expulsión de la Guardia Civil de la comunidad foral.

Una derecha que ni siquiera reconoce que su primer objetivo ha sido bloquear la investidura, que se permite ofrecer hipócritamente pactos de Estado cuando con sus posiciones no habría Gobierno, sino terceras elecciones, y que expulsa al mismo tiempo al PSOE del bloque constitucionalista. Es legítimo criticar el pacto PSOE-ERC, pero sin manipularlo, y Pablo Casado lo hace cuando equipara la consulta que se menciona en el texto con un “referéndum de autodeterminación” o cuando no acepta que un eventual acuerdo lo voten solo los catalanes. ¿Quiénes votaron el Estatut? ¿Acaso votaron los no catalanes? Pues se trata de la misma situación porque de ese pacto nunca podrá salir un referéndum de autodeterminación, sino algo parecido a una reforma del Estatut, que, en todo caso, necesitará la ratificación de todos los españoles si conlleva una reforma de la Constitución.

La extemporánea decisión de la Junta Electoral Central de destituir a Torra aplicando la inhabilitación inmediata, sin esperar al recurso ante el Tribunal Supremo, puso en peligro el viernes la investidura, pero, finalmente, ERC anunció que mantenía sus compromisos, sin rendirse a las presiones de quienes siguen instalados en el cuanto peor, mejor. En este sentido, el acuerdo entre el PSOE y ERC tiene la virtud de desenmascarar a Junts per Catalunya, Carles Puigdemont y Quim Torra, que se pasan la vida reclamando un diálogo que cuando se les ofrece no aceptan.