Mariano Rajoy concretó finalmente su plan de obras públicas para Cataluña. Las diferentes inversiones deberían superar los 4.000 millones de euros, o sea, casi 700.000 millones de las antiguas pesetas, para hacernos una idea del volumen. Y la respuesta oficial del Gobierno de la Generalitat ha sido que no se lo creen, lo que podría traducirse en lenguaje real en que no les conviene que sea cierto para que lo suyo siga vivo. Es una novedad histórica que una inversión pública no sea oportuna.
Es verdad que las obras comprometidas forman parte del recuerdo colectivo por haber sido anunciadas en otros momentos; también lo es que el grado de cumplimiento de las inversiones aprobadas en el caso del corredor del Mediterráneo y de Rodalies ha sido más bien baja y que en la relación de obras faltan algunas muy relevantes, al menos para Barcelona y el área metropolitana, como la Sagrera.
El Ejecutivo central parece dispuesto a olvidar tanta miseria inversora en Cataluña. Y al Gobierno catalán esta magnífica novedad le incomoda
Todo esto no explica la posición de la Generalitat, que va mucho más allá de la incredulidad popular y el escepticismo fundado. La sospecha de incumplimiento o el interés político en la formulación de estos planes, justamente ahora, no debería impedir una mínima satisfacción por la perspectiva de que en Cataluña vuelva a invertirse en obra pública. No se puede olvidar que en los Presupuestos del Gobierno catalán de los últimos años tal tipo de inversión prácticamente ha desaparecido. Seguramente por las dificultades económicas globales, por la imposición de ministro Montoro de un límite de déficit insostenible, por la existencia de otras prioridades en la mayoría parlamentaria; por lo que sea, pero es indiscutible que el bajo nivel de la obra pública autonómica solamente es comparable con el ejecutado por el Gobierno central.
La gran diferencia es que ahora el Ejecutivo central parece dispuesto a olvidar tanta miseria inversora en Cataluña. Y al Gobierno catalán esta magnífica novedad le incomoda. En vez de felicitarse por el cambio de actitud, anunciando una fiscalización permanente del grado de cumplimiento de las promesas presupuestarias, dada la mala experiencia existente, se limita a desacreditar el anuncio, efectuando casi una deslegitimación del mismo, apelando implícitamente a la intencionalidad política que hay detrás del dinero programado. ¿Y qué, que haya intención política? Esta inversión va tener un efecto positivo en las infraestructuras y en el conjunto de la economía catalana, sea cual sea la voluntad política a la que sirva.
¿Y qué, que haya intención política? Esta inversión va tener un efecto positivo en las infraestructuras y en el conjunto de la economía catalana, sea cual sea la voluntad política a la que sirva
En términos de representación del conjunto de los catalanes es un error la actitud del Gobierno de Puigdemont de resistirse a celebrar una buena noticia objetiva. También es un error desde la perspectiva independentista porque revela debilidad en las fuerzas propias, muy poca confianza en el grado de convencimiento de su electorado. El temor demostrado por los dirigentes independentistas ante una simple maniobra en el campo de la obra pública pendiente dice muy poco de su fe en la fortaleza de la causa. Una idea política no puede sucumbir al brillo del dinero público llegado de Madrid, a menos que tal idea sea solamente una formulación instrumental para seguir gobernando el país. De ser así, la derrota política será cosa de meses, y los millones de catalanes que habrán visto su idea soberanista secuestrada por intereses tácticos de sus actuales dirigentes les pasarán cuentas electorales.