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Las infraestructuras sociales en la España de la era post-Covid

Manuel Gómez Acosta
5 min

En estas mismas páginas me he atrevido a reflexionar sobre el futuro del ferrocarril y de la transición energética en la era post-Covid. Creo que sería interesante incorporar una sucinta reflexión sobre la realidad de nuestras infraestructuras sociales y la necesidad de su renovación y fortalecimiento en el escenario post-pandemia.

Todas las infraestructuras en general tienen una función social. Pero cuando hablamos de infraestructuras sociales nos referimos concretamente a las relacionadas con la salud pública, el medio ambiente, el agua, la educación… El estallido de la pandemia ha mostrado con rotunda evidencia la necesidad de incrementar las inversiones en infraestructuras sanitarias, en la mejora de la gestión de los recursos naturales y en la sostenibilidad medioambiental. Al mismo tiempo, nuestra sociedad debe responder al reto que suponen los cambios demográficos derivados del envejecimiento de la población. En la UE, los mayores de 65 años han pasado de representar un 5% de la población en 1950 a casi una quinta parte (19%) en el 2018. Lo que genera la necesidad de una mayor dotación de equipamientos sociales e infraestructuras para atender esta realidad.

En relación a nuestro país, España sufre un importante déficit inversor en infraestructuras sociales si nos comparamos con las mayores economías europeas (Alemania, Francia, Italia, UK…). Especialmente significativo en infraestructuras medioambientales y de salud. Datos agravados con la sequía inversora de la última década que nos aleja del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas para 2030. Según datos de SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), “para superar este déficit hará falta invertir en los próximos 10 años, al menos 103.000 millones de euros en diversas áreas prioritarias para la mejora de la movilidad, el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible”.

España invierte apenas el 8,9% de su PIB en todo el gasto sanitario, un punto menos que la media europea, ocupando el puesto número 15 de la UE. Urge reforzar nuestro sistema sanitario (capacidad de los servicios de cuidados intensivos, equipamientos, respiradores…) para hacer frente a pandemias como la que estamos sufriendo. Nuestro país presenta un déficit de camas hospitalarias, un 25% inferior a la media de los países de referencia.

En infraestructuras medioambientales estamos muy por debajo en sistemas avanzados de tratamiento de residuos, con solo el 39% en los residuos urbanos y el 89% en residuos industriales, frente al 66% y 96% respectivos de media en los países citados con anterioridad. Un tercio de la población española vive en zonas donde la contaminación atmosférica es superior a los límites legales, con importantes repercusiones sobre la salud de los ciudadanos.

A pesar de ser España el país europeo con mayor “estrés hídrico”, su inversión en los últimos años en infraestructuras de agua ha sido un 56% inferior al de la media de los países de referencia antes citados. Una gran parte de nuestro país (un 72% de su superficie) sufre un déficit crónico, la cantidad disponible almacenada en las reservas de agua no puede satisfacer la demanda en momentos puntuales.

Ha llegado el momento de recuperar el tiempo perdido y hacer frente a las consecuencias de las políticas de recortes del gasto social que tanto han dañado a las capas más frágiles de nuestra sociedad. El Pacto por la Reconstrucción propuesto por el Gobierno de España es una gran oportunidad para construir una estrategia consensuada por todas las fuerzas políticas y sociales, que permita abordar la solución a los déficits de infraestructura que hemos descrito.

Esta estrategia debe contemplar un importante incremento de la inversión pública a través de los mecanismos de financiación adecuados y, al mismo tiempo, una gestión eficaz y económicamente eficiente (sostenible) para desarrollar este plan de infraestructuras. Esta gestión deberá incorporar la transparencia en el diseño de las políticas públicas, arbitrando los mecanismos necesarios para el seguimiento y evaluación de los programas a través de organismos independientes, incorporando la rendición de cuentas por parte de los responsables elegidos.

La era post-Covid puede ser una oportunidad para apostar por el desarrollo de políticas de infraestructuras sociales que el país necesita.

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¿Quién es... Manuel Gómez Acosta?
Manuel Gómez Acosta

Ingeniero industrial. Ha sido director de Relaciones Institucionales del Grupo Alstom en Cataluña (2004-2015) y vicepresidente del clúster ferroviario Railgrup (hasta octubre 2015). Anteriormente fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por el PSUC (1982-1983), ingeniero industrial de la MTM (1974-1986), director de Cooperación Tecnológica Internacional de TMB (1986-1990), director general de TUBSA (1990-2001) e investigador y jefe de proyectos de estudios de infraestructura del IERMB (2001-2004).