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Infraestructuras y 'crony capitalism'

Manuel Gómez Acosta
5 min

Un estudio publicado el pasado mes de junio por la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) proporciona elementos de reflexión para abordar la política de inversiones del Gobierno de España y de las CCAA en el campo de las infraestructuras. El citado estudio analiza con rigor las consecuencias de los sobrecostes, la priorización inadecuada de inversiones, las infraestructuras innecesarias e infrautilizadas y la corrupción política. Reviste especial importancia ésta última, derivada de la estrecha relación entre los empresarios y algunas administraciones públicas, lo que se ha llegado a denominar como el crony capitalism (capitalismo clientelar).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cifraba en 2015 en un 4,5% del PIB las desviaciones al alza en contratos públicos. De acuerdo con las estimaciones del estudio de referencia de la AGE, "en las dos últimas décadas (1995-2016) las administraciones públicas han comprometido más de 81.000 millones de euros en infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas". El 55% de estas "desviaciones" sería responsabilidad de la Administración Central y el resto de las CCAA, figurando Cataluña a la cabeza con casi 9.200 millones de euros.

Si abordamos por ámbitos de intervención este despilfarro, veremos que afecta a todas las infraestructuras. Destaca la red de alta velocidad ferroviaria de más de 3.100 kilómetros, que ha supuesto un significativo desarrollo tecnológico y una importante actividad económica, pero que plantea serias dudas sobre los criterios de eficiencia económica y rentabilidad social.

Casos paradigmático de subordinación a intereses empresariales serían proyectos como el túnel ferroviario del Pertús en los Pirineos que supuso el pago de una indemnización de 485 millones de euros a la empresa constructora y explotadora (TP Ferro) en base a una cláusula del contrato que fijaba está posibilidad en caso de "inviabilidad económica" y el depósito subterráneo de gas, frente a la costas de Tarragona, que incluía una cláusula que indicaba que en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una indemnización. que podría elevarse a los 4.731 millones de euros, para más inri imputable a los consumidores. Urge erradicar estas prácticas clientelares al servicio de determinados grupos de presión para evitar que los beneficios queden solo en manos de inversores privados y las pérdidas sean asumidas por el sector público al rescate de la inversión y asunción de las pérdidas.

Entre las CCAA más afectados por prácticas "clientelares", destaca sin duda Cataluña. Proyectos como el de la L9 del Metro de Barcelona y el Canal Segarra-Garrigues, mastodóntica obra del último Gobierno Pujol que acumula importantes retrasos y sobrecostes y con un nivel de utilización que no llega al 15%, son claros ejemplos de la llamada cultura del 3%.

Dos son los factores que más afectan al fenómeno de la corrupción y el despilfarro: el marco institucional y la gobernanza territorial. En relación al primero existen prácticas de clientelismo en la acción política que han provocado una mala utilización de recursos públicos, fruto de la connivencia entre el poder político y determinados grupos de presión. La gobernanza territorial es otro factor que contribuye a la ineficiencia del sistema, la descentralización en muchos casos no sólo no ha acercado las decisiones a los ciudadanos sino que ha generado prácticas clientelares indeseables.

Es urgente que el nuevo Gobierno ponga en marcha medidas para combatir el despilfarro y la corrupción en el ámbito de las infraestructuras. Para ello es necesario priorizar las inversiones con criterios objetivos de eficacia y eficiencia, mejorar los sistemas de contratación, facilitar su transparencia y disponer de instrumentos eficaces para la evaluación de los proyectos (tipo Tribunal de Cuentas Europeo). En el caso de Cataluña las prácticas de crony capitalism han sido blanqueadas por un procés que todo lo justifica en nombre de la patria.

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¿Quién es... Manuel Gómez Acosta?
Manuel Gómez Acosta

Ingeniero industrial. Ha sido director de Relaciones Institucionales del Grupo Alstom en Cataluña (2004-2015) y vicepresidente del clúster ferroviario Railgrup (hasta octubre 2015). Anteriormente fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por el PSUC (1982-1983), ingeniero industrial de la MTM (1974-1986), director de Cooperación Tecnológica Internacional de TMB (1986-1990), director general de TUBSA (1990-2001) e investigador y jefe de proyectos de estudios de infraestructura del IERMB (2001-2004).