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La ineptitud política del Govern

José Antonio Bueno
6 min

No sé si estamos en una caquistocracia, el gobierno de los peores, o en una ineptocracia, pero peor es muy difícil que se pueda hacer, incluso queriendo.

Una señal inequívoca de lo mal que lo hacen quienes nos gobiernan es la cada vez más frecuente necesidad de recurrir a los tribunales para poner algo de orden en la vida pública. No es que se judicialice la política, es que a los políticos les cuesta actuar de acuerdo con la ley, lo cual no deja de ser paradójico cuando se supone que son ellos los encargados de redactarlas en los diversos parlamentos.

La suspensión del decreto de aplazamiento de la convocatoria electoral es un buen ejemplo. Sin entrar en el fondo de la cuestión, al ritmo de la justicia no es imposible que sepamos la fecha del día en el que votaremos tras haber votado, es lamentable la mala calidad jurídica del decreto del aplazamiento. Y lo peor es que no lo es porque no haya buenos letrados en la Generalitat sino por el poco respeto que tienen a la leyes los políticos.

Estamos donde estamos solo por culpa de los políticos. De entrada Cataluña es la única comunidad autónoma española que ha sido incapaz de redactar una ley electoral propia. Con esta Constitución hemos visto dos estatutos, y aún nos parecen pocos, pero ni una sola ley electoral por lo que debemos usar la ley electoral general, la LOREG, que solo se puede modificar por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados. ¿Y por qué no tenemos una ley propia? Por tacticismo de los que mandan. En la provincia de Barcelona se concentra casi el 75% de la población de Cataluña pero solo le corresponden algo más del 60% de los escaños, priorizando el voto del resto de provincias, supuestamente para evitar el centralismo de Barcelona. La realidad es que los parlamentarios priorizan sus colores a su origen y con esta discriminación se explica que la mayoría gobernante lo sea en escaños pero no en porcentaje de votos. Un escaño en Lleida requiere menos de la mitad de votos que en Barcelona.

Cuando gobernó CiU no quiso hacer nada porque Barcelona se le resistía, con el tripartito el PSC no se atrevió a molestar a su socio ERC, también más fuerte fuera de Barcelona, y ahora el independentismo tiene más arraigo en poblaciones pequeñas por lo que tampoco hay prisa en cambiar nada.

Tener una ley electoral propia además de ser más justo para los ciudadanos de Barcelona, permitiría cambiar las normas del voto por correo, alargar la duración de la jornada electoral e incluso permitir el voto electrónico, medidas que facilitarían el voto en la situación actual. Eso si los partidos se pusiesen de acuerdo, algo altamente improbable.

Pero además de este mal estructural propio de una autonomía menguante como la nuestra, la situación actual sigue siendo culpa de los políticos. El President vicario declaró agotada la legislatura en enero de 2020, pero no convocó elecciones, primero por los presupuestos y luego por la pandemia. Cuando lo intentó en agosto el President de Waterloo no le dejó. Y cuando fue inhabilitado, algo que estaba más que cantado, los partidos, todos, se conjuraron para hacer correr el reloj en lugar de presentar una candidatura que permitiese acortar los plazos.

Así las cosas no se les ocurre mejor idea a los genios de la Plaça de Sant Jaume que suspender el calendario electoral en lugar de aplazarlo. Lo que han hecho, o intentan hacer, es desconvocar las elecciones con lo que se anulan todos los procesos realizados hasta la fecha. Vascos y gallegos aplazaron, pero no suspendieron, y además con consenso total. Aquí, como eso de la ley solo es para fastidiar al ciudadano, se intentan suspender sin consenso, dejando la puerta abierta a mil y un recursos.

Nuestros gobernantes son eficientes para limitarnos el derecho de movilidad, de trabajo, de culto, de reunión y ahora unas instituciones en precario quieren cercenar también el de voto. Es maravilloso esto del oasis catalán, lástima que el agua del mismo hace tiempo que es una charca pestilente.

Los parlamentos están, sobre todo, para hacer leyes. El nuestro ni las hace ni las respeta, eso sí, sus miembros se permiten el lujo de mentir día sí, día también, de usar un nuevo lenguaje para favorecer sus intereses y hasta de insultarse hasta la saciedad. Escuchar a una consejera en sede parlamentaria que tiene los ovarios inflados por haberse interpelado su mejorable gestión es un buen ejemplo del nivelazo de nuestra política. ¿Alguien puede sorprenderse de la creciente desafección de la ciudadanía con estos políticos?

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¿Quién es... José Antonio Bueno?
José Antonio Bueno

José Antonio Bueno es ingeniero de formación y consultor de profesión, conocedor de la realidad empresarial catalana, española y europea. Ha realizado proyectos en dos sectores fundamentalmente, automoción y servicios financieros, si bien su especialidad en la gestión de procesos de adquisición y compra de empresas le ha hecho conocer otras realidades empresariales. En verano de 2017 inició un nuevo proyecto empresarial con varios socios nacionales e internacionales, tratando de aunar su bagaje como consultor con el análisis avanzado de datos, dándole un nuevo enfoque a sus servicios coherente con la realidad digital que nos rodea.