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Mienten sobre la sentencia

Jordi Garcia-Petit
6 min

Una de las sentencias más importantes de la democracia, que concierne a hechos acaecidos en Cataluña, no ha merecido ninguna atención reflexiva por parte del secesionismo, solo desprecio: injusta, antidemocrática, infame, indigna, brutal, salvaje… Probablemente, ni los dirigentes del independentismo la habrán leído (por encima). Eso sí, se convocan manifestaciones multitudinarias de rechazo de lo que no se ha leído. Solo se detuvieron en el fallo, pero al fallo se llega después de unos “hechos probados”, unos “fundamentos de derecho”, una “tipicidad” y  una “autoría”.

 A Torra le convendría leerla y meditarla, tal vez le sugiriera algo de finura para mejorar la presentación de sus obsesiones, del derecho a la autodeterminación, por ejemplo; esa falacia que tanto moviliza a los crédulos. Resulta de una frivolidad imperdonable pretender que la “rica” Cataluña autónoma, dotada de asentadas instituciones propias, amplio poder legislativo, competencias cuasi plenas, recursos financieros y abundantes medios humanos y materiales --todo lo cual ya quisieran para sí algunos estados-- tenga que ejercer  --¿para qué?--  el derecho a la autodeterminación, o algo parecido.

La deshonestidad y la mala fe en torno a la sentencia se resume en la hipérbole de los cien años --la agregación en una cifra de todos los años de condena-- utilizada profusamente por Torra y los demás, que ha calado: “¡Pobre Oriol, cien años!”. Dado el nivel de emoción, ignorancia e irracionalidad imperante en las calles, hay manifestantes que han creído que se condena a cien años de cárcel a cada uno de los encausados. Y si no llegan a creerlo, aceptan el eslogan por muy mendaz que les parezca.

Si la emoción cediera su omnipresencia aplastante y, por un tiempo de tregua, se volviera a razonar, la sentencia podría ser materia de debate sobre lo ocurrido en Cataluña, sin tener que ceder previamente en las discrepancias sobre su interpretación. La sentencia contiene muchos elementos para la reflexión. Pero no, desde su publicación los secesionistas no han aportado ni un solo argumento que pudiera cuestionar la necesidad y la oportunidad de la sentencia.

Al rechazar la sentencia por “injusta”, antes incluso de haber sido dictada, solo dejaban una alternativa: la absolución. Y dijeron, sabiendo mejor que nadie que tal pretensión era insostenible, que el único fallo que aceptarían sería éste, como si nada hubiera ocurrido, como si los graves acontecimientos de 2017 no se hubieran producido, como si se hubiera tratado de un legítimo y festivo entretenimiento con algún malentendido que se podía perdonar.

La sentencia no es la culminación de la “judicialización de la política”, como dicen. Los hechos juzgados ocurrieron realmente y las instituciones del Estado de derecho estaban obligadas a intervenir; de no haber  intervenido, la democracia habría peligrado en España.

Se puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y, eventualmente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y la recurrirán. Pero no es la “justicia” de la sentencia lo que más les importa   --el cumplimiento de las penas podrá gestionarse (razonablemente) a través de la legislación penitenciaria--, sino la utilización política del fallo.

Había que demonizar la sentencia para ocultar el fracaso del procés, movilizar a la masa independentista y dificultar al máximo la posibilidad de una reconciliación que les desarbolaría por completo. Objetivos estos que Puigdemont tiene muy claros.

Todo el procés está montado sobre la mentira y la sentencia no podía escapar a esa lógica, que han hecho extensiva desde su mayoría parlamentaria al mismo Parlament, instándole a rechazar la sentencia por “injusta”,  al mismo tiempo que la desacatan implícitamente y desafían al Tribunal Constitucional, al pretender volver a debatir sobre el derecho a la autodeterminación, que el Tribunal Supremo estima en una extensa y sólida argumentación, que no es aplicable a Cataluña.

Desinflamar la situación depende ahora mismo de los dirigentes del secesionismo; el Gobierno está haciendo todo lo que puede en ese terreno. Si tardan mucho en poner antiinflamatorios se verán barridos por el tsunami antidemocrático del anarcoindependentismo y su tríada: sin gobierno, sin justicia, sin policía, un vaciado nihilista de la autonomía.

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¿Quién es... Jordi Garcia-Petit?
Jordi Garcia-Petit

Doctor en derecho.