El turismo es el principal sector económico del país. En términos de PIB, su aportación supera con holgura a la de la construcción, el comercio o la automoción. En 2018 ascendió a 147.946 millones euros y supuso el 12,3% de aquél. También es el que más ocupación genera, pues en el indicado año proporcionó empleo a 2,62 millones de trabajadores (12,7%).

En 2019, en sus viajes a España, los turistas extranjeros gastaron 92.278 millones de euros, siendo ingresados por empresas españolas 71.205 millones. Un importe que más que duplica el dispendio realizado en el interior por los residentes en nuestro país (32.014 millones)

En el período julio--octubre, los primeros gastaron 41.818 millones euros y el país ingresó por su estancia turística alrededor de 32.300 millones (un 2,6% del PIB). En 2020, una parte sustancial de dicho importe está en riesgo por las repercusiones generadas por el Covid-19.

Las restricciones a los desplazamientos de la población, el miedo al contagio en un país foráneo y el retraso en el desarrollo de la enfermedad en algunas de las naciones que más turistas nos aportan (Reino Unido, Alemania y Estados Unidos) hacen presagiar la peor temporada turística de nuestra historia reciente.

Para facilitar la creación de empleo por parte del sector turístico en la etapa estival, evitar una ocupación hotelera exigua en temporada alta y ayudar a generar ingresos a la restauración, el comercio, las aerolíneas y otros establecimientos de ocio, propongo al gobierno la creación de un IMSERSO especial.

A diferencia del habitual, éste empezaría el 1 de julio y finalizaría el 31 de octubre. No estaría limitado únicamente a los pensionistas, sino que podría apuntarse cualquier persona. La estancia mínima sería de 7 noches en julio y agosto y 4 en septiembre y octubre.

No solo podrían formar parte de él la mayoría de hoteles de playa o montaña, sino también casi cualquier urbano. Estarían excluidos los de una estrella, así como los apartamentos turísticos, albergues, hostales y campings. Dos serían los motivos principales: crean menos empleo que los anteriores y casi todos ellos son rentables a un precio por día sustancialmente inferior al que necesitan para serlo los otros establecimientos.

Los hoteles adheridos podrían elegir las semanas en que participarían en el programa y también el número de habitaciones que destinarían a él. No obstante, con una limitación: nunca la cifra ofrecida quedaría por debajo del 25% de su capacidad.

Así, por ejemplo, sería posible que algunos hoteles urbanos solo formaran parte de él en el mes de agosto y otros de playa únicamente en septiembre y octubre. En cada semana, el número de habitaciones destinadas podría ser diferente.  

El nuevo programa solo cubriría el alojamiento, con la finalidad de que los turistas realizaran gasto suplementario en el hotel y en los bares y restaurantes próximos. La aportación de la Administración sería idéntica para todos los establecimientos. En los meses de julio y agosto ascendería a 15 euros por habitación y día y en los otros bajaría a 10 euros.

En los dos primeros meses, el precio del alojamiento para los turistas nunca podría superar los 80 euros por habitación y día en los hoteles de cuatro y cinco estrellas y los 60 euros en los de dos y tres. En septiembre y octubre, los primeros no podrían sobrepasar los 65 y los segundos exceder los 45 euros.

Para favorecer el negocio de aerolíneas, tiendas de modas, restaurantes y otros comercios, el nuevo IMSERSO crearía una tarjeta de débito que les permitiría disfrutar de un descuento del 30% en las compras abonadas con ella durante su período vacacional. Los establecimientos podrían adherirse durante la totalidad del período de vigencia o solo a una parte de él. El límite de gasto sería de 3.000 euros por habitación reservada.

En definitiva, el nuevo programa tendría como principal objetivo apoyar al sector turístico en la temporada estival más difícil de las últimas décadas y sustituir una parte de los turistas extranjeros por nacionales.

Los hoteleros y comerciantes estarían obligados a sacrificar una sustancial parte de su margen de beneficio por habitación o unidad vendida, respectivamente, para adherirse a él. No obstante, su inclusión permitiría a los primeros obtener un mayor ratio de ocupación y a los segundos una cifra de negocio más elevada.

Incluso, el nuevo IMSERSO podría lograr que algunos hoteles de playa prorrogaran su temporada. En lugar de cerrar el 30 de septiembre, como antes hacían, la expectativa de un mayor número de reservas durante el mes de octubre provocaría el retraso de su clausura al 1 de noviembre.

A la Administración, le supondría a las vez gastos e ingresos. Los primeros se derivarían de la subvención a fondo perdido concedida a los hoteles. Los segundos de los obtenidos por una mayor recaudación de cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, IRPF e impuesto de sociedades.

El resultado final para la administración no está claro. En cambio, si lo está el generado por el IMSERSO convencional. Según un estudio de 2011, la Administración ingresaba 1,56 euros por cada uno gastado en el programa. En cualquier caso, si lo estaría para la economía española y sería muy positivo, pues el impulso de su principal sector ayudaría a sostener el PIB.

El programa tendría una acogida muy favorable por parte de los ciudadanos. Después de más de un mes de confinamiento, les permitiría disfrutar de unas vacaciones por un precio muy módico y al alcance de casi todos los bolsillos. Evidentemente, siempre que el Covid-19 lo permitiera y no tuviera lugar un repunte de casos en los meses de mayo y junio.