¿Hay muchos políticos en España?

Javier Paniagua
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La calificación de político tiene variables en las que no siempre es fácil establecer un criterio unitario para calificar a los que ejercen esa actividad. Esto se traduce en valoraciones diversas, de tal manera que hay quienes afirman la existencia en España de unos 400.000 políticos, sin que se especifique la categoría de estos, ni exista rigor en su distribución. Utilizan esta cifra más como crítica y descalificación, señalando el abuso y dispendio que supone tal cantidad para los presupuestos públicos, al tiempo que son tachados de privilegiados (“la casta”) donde el interés personal predomina sobre cualquier otro. Y ello conecta con la desafectación extendida por amplios sectores sociales de la política.

Conviene delimitar a quién calificamos como político. Parto de la acepción más amplia siguiendo la tendencia de una mayoría de politólogos. En primer lugar, los elegidos en elecciones convocadas legalmente en el Estado (generales, autonómicas o municipales), el presidente del Gobierno, investido por el Congreso de los Diputados, los ministros nombrados por él, o los altos cargos designados por el Consejo de Ministros (desde secretarios de Estado o Autonómicos, subsecretarios y directores generales). No tienen la consideración de funcionarios, aunque puedan serlo a nivel profesional o por determinación legal en el caso de los directores generales del Estado, pero no de todas las Comunidades Autónomas, y su condición en el momento de su nombramiento es la de políticos. Junto a ellos están los miembros de las Asambleas o Parlamentos autónomos, consellers o consejeros de los Gobiernos de las Comunidades, alcaldes y concejales, representantes de las diputaciones provinciales, presidentes de los Consejos jurídicos, gestores de empresas públicas, altos cargos de los consejos de cultura o sociedades públicas, embajadores no pertenecientes a la carrera diplomática, y personal designado para instituciones internacionales. Es decir, todos aquellos nombrados por el Consejo de Ministros, o los Consejos de Gobierno de las Autonomías, y en algunos casos con el refrendo de los parlamentos, entre los que hay que distinguir si tienen carácter político (el defensor del pueblo o síndico, por ejemplo) o son teóricamente profesionales (miembros del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los Consejos Jurídicos de las Comunidades, de los Consejos de Culturas u otras instituciones similares).

No es lo mismo un concejal de un pueblo de 300 o 3.000 habitantes, que no suelen recibir retribuciones fijas (dietas por asistencia en todo caso), que el de una ciudad a partir de 50.000 o más habitantes, que normalmente tienen un sueldo asignado. Hay, por tanto, más cargos que sueldos, puesto que se incluyen aquellos que han sido elegidos concejales, pero no perciben nómina y, como señala la Federación Española de Municipios y Provincias, su porcentaje llega al 90% de todos los concejales de los 8.131 municipios españoles. También están los que desempeñan varios cargos, pero solo pueden percibir un sueldo, como los ministros que son también diputados y senadores, o los concejales que son diputados provinciales. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, según datos de 2017, distingue 687 altos cargos del Estado (incluidos los de la Casa Real), que sumados a los de las Comunidades Autónomas (3.698) alcanzaría los 4.385. Y con el resto de los cargos políticos (diputados o senadores, parlamentarios autonómicos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, miembros de organismos nacionales o internacionales o empresas públicas…) se llegaría a un total aproximado de unos 75.000 políticos elegidos o nombrados, de los cuales una inmensa mayoría son alcaldes y concejales (alrededor de 65.0000, de los cuales tendrían sueldo fijo unos 6.500, el 10%)

Pero también cabe contabilizar a los asesores de ministerios, conselleries o consejerías y parlamentos, de los que actualmente no existe un registro oficial, pero sí, en algunos casos, del número máximo que puede admitir cada institución. Un sindicato como el CSIF ha cifrado en unos 20.000 los asesores de todas las administraciones españolas, lo que parece excesivo porque los de los partidos políticos en los Parlamentos, Asambleas o Cortes no deben contabilizarse como asesores políticos ya que los grupos reciben una cantidad que pueden destinarla a actividades de distinto tipo, no necesariamente de carácter político. Contabilizaríamos, entonces, entre las 90.000 a 100.000 personas dedicadas a la actividad política en España sin que exista, repito, una correspondencia entre su desempeño y la percepción de retribuciones mensuales. Se necesitaría una investigación que nos mostrara con exactitud cuántos políticos y asesores tenemos y qué suponen para la economía del país, remarcando la cuantía destinada a este capítulo en los presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Y compararlo, además, con países europeos similares como Francia, Italia, Polonia, Alemania o Gran Bretaña para tener una fotografía lo más exacta posible. Ello permitiría sacar conclusiones basadas en datos ciertos y delimitados, no en especulaciones que a veces utilizan los medios y las tertulias radiofónicas o televisivas.

A partir de entonces es posible un debate sobre si su número es o no exagerado en relación con la actividad que desarrollan y los costos que suponen. En términos generales estimo que el número de políticos españoles en relación con la estructura política diseñada en la Constitución de 1978 tiene unos índices razonables y creo que no se apartan de los de la mayoría de los países europeos. De igual manera, los costos globales en relación con la economía española no son especialmente escandalosos, sobre todo si lo comparamos con la compra de un avión de combate moderno, un portaviones, la construcción de una autopista o una red ferroviaria.

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¿Quién es... Javier Paniagua Fuentes?
Javier Paniagua

Catedrático acreditado de Historia Social y del Pensamiento Político (UNED). Codirector de la Revista Historia Social. Ha sido Director General de la consejería de Educación de la Generalitat Valenciana (1983-1986) y diputado en el Congreso de los Diputados entre 1986 y 2000 por el PSOE. Su último libro: El Socialismo. Del PSOE a la Socialdemocracia y Viceversa (cátedra, 2016).