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Hasta el gorro de privilegios

Carlos Díaz Güell
5 min

Aunque el Gobierno, por boca de su ministro de Fomento, lleva anunciando la aprobación de un real decreto que ponga fin a los privilegios de los estibadores --en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a liberalizar el sistema de contratación de los trabajadores responsables de la carga y descarga de buques--, el ejecutivo presidio por Rajoy, pese a las millonarias multas que supone su incumplimiento, ha demorado ya, al menos en dos ocasiones, la aprobación de la norma. Esto va muy en línea con el quietismo de su líder gallego, que sigue a la espera de que el conflicto se solucione por sí mismo, mediante un imposible acuerdo efectivo entre trabajadores y empresarios que ponga fin al conflicto y a la permanente amenaza de paralizar el país por parte de los trabajadores de los puertos.

El Gobierno, si es capaz de mostrar encefalograma plano a la hora de resolver conflictos como el catalán, qué no será capaz de no hacer por neutralizar un conflicto, basado en el mantenimiento de privilegios, que tiene en jaque a la economía española. Si hasta ahora el laissez faire, laissez passer le ha dado resultado, no hay razón alguna para pensar que va a poner sus atributos encima de la mesa y poner coto al matonismo de los estibadores, que es lo que le exige la justicia europea.

La importancia del asunto radica en el hecho de que un país puede ser secuestrado por algunos colectivos y, ante tal amenaza y reto, el Gobierno no puede seguir haciendo de don Tancredo, máxime cuando el colectivo de estibadores incurre en una larga lista de irregularidades y privilegios no solo económicos --con sueldos medios de 67.000 euros al año que pueden llegar hasta los 150.000-- sino de carácter social como son el nepotismo o el no dar entrada a las mujeres en el colectivo.

Tras más de 40 años de democracia, todavía existen colectivos en España capaces de paralizar el país y causar quebrantos insoportables a la economía y a la sociedad

Tras más de 40 años de democracia, todavía existen colectivos en España capaces de paralizar el país y causar quebrantos insoportables a la economía y a la sociedad, y de lo que se está hablando en este caso es de poner coto a un colectivo que no es el único capaz de cumplir con esa amenaza.

Hace unos años, los controladores aéreos fueron frenados en seco en su intento de paralizar el país --o al menos eso parece-- en época sensible para los ciudadanos, cuando el Gobierno decretó el Estado de alarma y militarizó el espacio aéreo. Del colectivo, nunca más supo.

Algo similar ha ocurrido con los pilotos de aviación afiliados al SEPLA y que durante décadas pusieron en jaque al país en defensa de sus privilegios. En este caso, fue suficiente la privatización de Iberia y su incorporación al holding International Airlines Group (IAG) para embridar a la casta aeronáutica.

Y qué no decir de los conductores del metro y de Renfe, colectivos todos ellos muy caros y capaces de hacer mucho daño a la sociedad y con unos privilegios a los que en algún momento habrá que someter.

Los datos hablan por sí solos. En el caso de los maquinistas de metro se mezclan salarios envidiables, régimen general de permisos elevados para el resto de los asalariados, puestos hereditarios, préstamos por diversos conceptos, etc. En el caso de Renfe, la compañía española gasta, según informes publicados, hasta 100 millones de euros más que la remuneración media de los maquinistas de compañías ferroviarias pertenecientes a la Unión Internacional de Ferrocarriles. Éstas invierten en sus conductores de trenes 223 millones de euros al año. En términos individuales, Renfe se deja de media en cada maquinista 20.000 euros más al año que sus colegas de la UIC (43.000 euros).

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¿Quién es... Carlos Díaz Güell?
Carlos Díaz Güell

Empezó en el periodismo escribiendo de economía cuando nació 'El País' y hoy sigue haciendo lo mismo. Entre las dos fechas, ha tocado todos los palillos de la comunicación: ha dirigido periódicos económicos, facultades de periodismo y se ha responsabilizado de la comunicación en la Administración Pública o empresas y entidades como Iberia o el Banco de España.