Varios empresarios me comentan que desde este lunes sus oficinas bancarias se han puesto en contacto con ellos. Se trata de clientes con rating alto. Las condiciones ofertadas por la banca son las siguientes: cantidades entre 120.000 y 400.000 euros, al 1,5% de interés anual, a un plazo de cuatro años, con uno de carencia. Estas condiciones serían estupendas si no fuera porque se ofrecen a empresas con alta solvencia y con ningún endeudamiento. O sea, que no lo necesitan.

A las empresas de “clase baja”, nadie les ha llamado por el momento. Cuando lo hagan se encontrarán con que los 10.000 millones que corresponden a las pymes, o se habrán agotado o no les concederán un crédito de dinero “nuevo” para pagar a los trabajadores, proveedores o el  alquiler. Al ser empresas sin posibilidad de ingresar, con un futuro incierto y una solvencia de funambulista, el banco les dirá que no dan el perfil para recibir el crédito  --que su rating ha bajado-- porque sus previsiones de ingresos son inciertas y, por tanto, su capacidad de devolución “dudosa”. 

No obstante, sí les ofrecerán una salida: y esta será la renovación de la deuda que tengan contraída hasta la fecha con la entidad. La renovación será en forma de consolidación en un solo crédito ICO, probablemente con mejores condiciones y un período de carencia. Esta mejora sobre las condiciones actuales debería ser suficiente --dirá la oficina bancaria-- para generar liquidez, pero ni un euro de dinero nuevo.

Dada la caída de la actividad y la falta de ingresos, las lógicas previsiones que tenía la banca para los próximos meses, incluían un aumento monstruoso de la morosidad. Ahora, con el aval del Estado, los bancos procederán a refinanciar toda la deuda generada hasta el momento, que sea susceptible de empeorar el rating del cliente y antes de que los mismos avales prestados por la empresa y sus socios también pierdan valor.

La mera sustitución de garantías --de un empresario con un presente tambaleante y un futuro incierto-- a todo un Estado, supone, de hecho, un rescate encubierto de todos los fallidos previsibles por cuenta del Estado. Un rescate otra vez. Y van dos. Además, los créditos tendrán un interés determinado para que la banca obtenga su beneficio a partir del coste 0% del BCE.

Lo cierto es que el Gobierno no tiene recursos y ha optado por prestar las ayudas a la economía en forma de aval, lo que supone darle el protagonismo a la banca, que hará y deshará, a su conveniencia.

De esta manera, el Gobierno, apenas desembolsará 17.000 millones de euros, pero puede cacarear que son 200.000 y evita tener que ir a los mercados, que por otro lado, ahora están desactivados.

Y aun en el supuesto de que el Estado pudiera colocar deuda en los mercados, ésta contabilizaría como más endeudamiento, desbordado el actual 95,45% del PIB y dejando la posición del país muy debilitada cara al futuro.

Sin la ayuda franca de Europa (tema que abordaríamos en otro artículo), el Gobierno ha dejado a la discrecionalidad de la banca el futuro de millones de empresas.

Mientras, la banca está siendo rescatada con dinero público de una hecatombe de morosidad de forma anticipada. Estamos ante un rescate preventivo.

Algunos se preguntarán: ¿Qué pasará al vencimiento de estos créditos avalados por el Estado? Pues que se ejecutarán los avales y el Estado deberá pagar, pero eso será más adelante y ahora se trata de ganar tiempo ofreciendo una salida rápida y poder presentarse ante la opinión pública con el resultado de miles de millones concedidos a las empresas de la economía real. Cuando oigan esto, no se lo crean.