El grupo Reyal Urbis va a la liquidación. Es por derecho propio la segunda mayor quiebra registrada en la historia mercantil española. Hace pocos días, los acreedores rechazaron la propuesta de convenio realizada por la empresa, porque entre otros pormenores entrañaba una quita “salvaje” de hasta el 93% de las deudas.

Las magnitudes del desastre son descomunales. Las deudas ascienden a 4.650 millones, frente a un activo de poco más de 1.200 millones. El agujero patrimonial alcanza, pues, los 3.450 millones. Las pérdidas acumuladas desde 2008 rondan los 4.500 millones. Este descalabro empresarial sólo es superado en magnitud por el de otra inmobiliaria tambén fallida, Martinsa-Fadesa.

Rafael Santamaría Trigo ocupa la poltrona presidencial de Reyal y es su accionista mayoritario. Una de las promociones realizadas por esta firma ejemplifica como pocas el cúmulo de locuras que se perpetraron en la pasada burbuja. Me refiero a la ciudad fantasma de Valdeluz, a pocos metros de Guadalajara, visible desde el AVE. Santamaría pretendía erigir casi 10.000 casas, pero estalló la crisis y sólo se pudo levantar la primera de las tres fases, que acabó en manos de los acreedores.

Reyal es la última de las grandes promotoras que instó suspensión de pagos, tras bordearla durante largo tiempo. Se salvó gracias a la extraordinaria magnanimidad de los bancos, que se avinieron a refinanciar las deudas hasta en tres ocasiones. En 2012 Santamaría imploró una cuarta, pero los señores del dinero, agotada su paciencia, se la denegaron. La empresa no tuvo otra salida que llevar sus estados contables al juzgado.

Reyal es la última de las grandes promotoras que instó suspensión de pagos, tras bordearla durante largo tiempo. Se salvó gracias a la extraordinaria magnanimidad de los bancos, que se avinieron a refinanciar las deudas hasta en tres ocasiones

A este trato benévolo no son ajenos los valiosos contactos que el capitoste de la casa poseía en las altas esferas políticas. Es amigo íntimo del inefable José Bono, exministro de Defensa y expresidente del Congreso. De hecho, la esposa de Santamaría es madrina de la hija pequeña de Bono. El magnate de la homigonera enchufó a otra hija del político como consejera de varias de sus empresas. Además, solía invitar a la familia Bono a pasar el fin de año en su casa de Baqueira.

Su red de influencias no se agota aquí. Durante varios años mantuvo de vocal en la empresa al exministro socialista Miguel Boyer. También Carlos de Borbón Dos Sicilias Parma, primo del rey emérito, disfrutaba de plaza en el máximo órgano de gobierno.

Y como no es aconsejable poner todos los huevos en la misma cesta, todavía conserva en el consejo a José María Álvarez del Manzano, exalcalde del PP de Madrid.

Santamaría solía utilizar una finca de 16.000 hectáreas, sita en la zamorana Sierra de la Culebra, para obsequiar a cuantos prebostes podían serle de utilidad. Entre el tiro al ciervo y la recarga, el caballero anudó suculentos negocios.

Curiosamente, Reyal Urbis ha aparecido en la lista de los mayores morosos de Hacienda. Y no figura con un saldo flojo, sino que es la empresa que más dinero le debe al fisco, con la bagatela de 360 millones.

La desaparición de Reyal se produce justo cuando el sector vive un formidable auge, con ventas crecientes y precios al alza de forma generalizada.

Santamaría pierde toda su inversión en Reyal, pero retiene la propiedad de Rafael Hoteles. Esta cadena engloba media docena de establecimientos, entre ellos el Pleta en Baqueira y otro en el frente marítimo de Badalona.

El enorme fiasco de Reyal encierra una faceta escandalosa, que casi ha pasado inadvertida. Me refiero a que en los casi cuatro años que Reyal ha permanecido bajo la intervención judicial, Santamaría embolsó una paga anual de más de 1 millón de euros. Es un motivo más de afrenta, tanto para los accionistas arruinados como para los bancos esquilmados.